La futura nueva ley del aborto podría ser inútil para cerca de 9.000 mujeres al año, casi el 10% del total de interrupciones voluntarias del embarazo. Si finalmente el Gobierno aprueba, como se prevé, una ley de plazos de hasta 14 semanas para abortar de forma libre, miles de mujeres se verían obligadas a continuar con su gestación no deseada, o bien a depender, como hasta ahora, de un dictamen médico favorable.

La cifra se desprende de un estudio, al que Público ha tenido acceso, realizado en las dos últimas semanas por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) con datos de 13 de sus centros asociados.

Para el presidente de ACAI, Santiago Barambio, una ley de plazos de 14 semanas provocaría 'dos fenómenos perniciosos'. Por un lado, 'el turismo abortivo', que llevaría a muchas españolas a abortar en países con una legislación más abierta. Y, por otro, sostiene Barambio, se propiciarían 'prácticas clandestinas'.

El estudio de ACAI, que hoy será enviado a todos los miembros de la subcomisión del Congreso que estudia la futura ley del aborto, pretende poner de manifiesto que una ley de 14 semanas dejaría fuera a las mujeres más vulnerables.

En este sentido, según datos de la clínica El Sur de Sevilla, que tiene concierto con el Servicio Andaluz de Salud la única comunidad autónoma que posee una red de conciertos con las clínicas privadas, el 55% de las mujeres que intentarían abortar fuera de plazo serían inmigrantes; el 12%, menores; y el 3% restante, mujeres afectadas por una toxicomanía o portadoras del VIH.

ACAI pedirá por ello al Gobierno que estudie la posibilidad de incluir en la nueva norma 'un supuesto psicosocial, tal y como ocurre en Inglaterra', según explica Eva Rodríguez, directora de la clínica El Sur. Para Rodríguez, este supuesto es importante porque las mujeres que quedarían excluidas son 'un grupo con problemas sociales muy graves'.

El estudio también recoge los abortos practicados en los últimos 15 días por 'malformación'. Según las clínicas, una ley que sólo cubra, como la actual, 'las malformaciones incompatibles con la vida', deja sin cobertura a los casos fijados a partir de la semana 22 que aunque tengan viabilidad fetal, 'pueden ser calificados de grandes malformaciones' y, por tanto, no compatibles con 'una vida digna'.

Actualmente, este tipo de embarazos son detectados en la sanidad pública, pero, en la mayoría de los casos, son las clínicas privadas, bajo el supuesto de afectación psíquica para la mujer, las que acaban practicando el aborto. Según el estudio de ACAI, a lo largo de un año se practican unos 2.250 abortos de este tipo.

Los 13 centros que han participado en el estudio piden también al Gobierno que considere el concepto de salud definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que define el aborto como la interrupción de la gestación antes de la viabilidad fetal, es decir, entre las semanas 24 y 26 de gestación.

Por último, la asociación que agrupa a las clínicas abortistas advierte de que una ley ambigua da lugar a interpretaciones sesgadas 'que propician las denuncias de terceros contra las mujeres y los profesionales', tal y como ocurrió hace un año, cuando varios grupos ultracatólicos presentaron varias denuncias contra clínicas abortistas.