A las 19.50 del miércoles, Inés Sabanés, la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, recibió una llamada. Al minuto, se le demudó el semblante. Era el representante de la federación en la Mesa de la Cámara, Antero Ruiz. Le comunicaba que el PP, gracias a su mayoría absoluta, acababa de vetar 23 de las 45 solicitudes de documentación que habían registrado, necesarias para el trabajo en la comisión que, en la Asamblea, se ha constituido para investigar la supuesta red de espías. Cinco escritos quedaban pendientes de analizar.

Sólo habían pasado el filtro, pues, 17 escritos de IU. El PP tumbó, en la reunión extraordinaria de la Mesa, los asuntos más espinosos para el Ejecutivo de Esperanza Aguirre: los viajes a Suráfrica y Colombia en 2008 de su número dos, Ignacio González, y las adjudicaciones sospechosas que este ha firmado como presidente del Canal de Isabel II.

El PSOE recibió idéntica bofetada. Había registrado 60 peticiones de datos. El PP le rechazó 33 y le dejó cuatro en despensa, a la espera de que concrete más la pregunta. Le negó información de los viajes, facturas de compra de teléfonos prepago y de material electrónico y expedientes de empleados de Seguridad. En resumen, de los 105 escritos de la oposición, Aguirre frenó a la primera el 53,3%.

“Ha entrado en la Asamblea la censura, la Inquisición, la mordaza y la indignidad”, repetía irritada Sabanés. “Aguirre quiere que, manu militari, estemos todos de rodillas ante el PP. Es intolerable, un escándalo monumental. Y la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, se ha burlado de la Asamblea, ha ensuciado la institución”. La misma indignación recorría a la portavoz socialista, Maru Menéndez: “Ni nosotros ni IU hemos vetado nada al PP, pero ellos han demostrado tener mucho que ocultar. Rodríguez ha sucumbido al interés partidista. Es
inadmisible que bloqueen información sin argumentos”.

Ningún diputado del PP explicó su versión. “Se rechazaron las peticiones exageradas de la oposición, que habrían exigido cantidades ingentes de documentación y buscaban montar una causa general al Gobierno regional; es decir, todo lo que se sale del objeto de investigación de la comisión”, apuntaron escuetamente fuentes del grupo.

¿Qué entra dentro, por tanto? Básicamente, lo que pidió el PP. Por ejemplo, el estado procesal de la denuncia que presentó Manuel Pizarro, protegido de Aguirre, por los presuntos seguimientos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Guardia Civil en junio de 2007, o los informes que ambos cuerpos hayan realizado por el espionaje al ex presidente de Endesa. Asimismo, es válido que la Asamblea bucee por el órgano parapolicial que supuestamente ha creado el alcalde de la capital y eterno enemigo de la presidenta, Alberto Ruiz-Gallardón. Se admitió igualmente exigir a la sede nacional del PP la instrucción que abrió y cerró la secretaria general, María Dolores de Cospedal (aunque la solicitud, en este caso, llegó del PSOE).

También entran los partes de seguimiento “ordenados” por el CNI y la Policía a “a políticos y cargos públicos de la Comunidad” y las denuncias por espionaje registradas en la Delegación del Gobierno central en Madrid. El PP no aclaró en ningún momento a qué supuestas denuncias se refería y por eso la Mesa exigió al grupo que concretara su pregunta.

Los conservadores reclamaron informes tan poco ligados a la comisión de investigación como “la estructura de los departamentos” de Interior de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura o Galicia, autonomías todas ellas gobernadas por el PSOE. La Mesa también aceptó la lista de comisiones de investigación solicitadas (y las creadas) por todos los Parlamentos autonómicos desde su constitución en los años ochenta.

Los populares se rechazaron a sí mismos las peticiones “de entrada y salida de personal y visitas” al complejo de la Moncloa, al CNI y al Ministerio del Interior; los dictámenes de dos comisiones sobre las cajas de ahorro andaluzas y la televisión gallega y la presunta financiación irregular del PSOE de Pinto (Madrid). 

El PP registró en la Asamblea su petición de informes al filo de las 12 de la mañana, cuando cumplía el plazo. De la lista de comparecientes, nada.

La noticia de que la presidenta había decidido encender el ventilador y pedir explicaciones al PSOE llegó enseguida a Interior. El ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondió a Aguirre: “¿Qué pinta en todo esto el PSOE?”, dijo. “¿Por qué no hacen lo que tienen que hacer y dejamos trabajar a cada uno en su campo y ellos en lo que les toca? Porque es PP, PP, PP”.

En la misma línea, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, tachó de “tomadura de pelo” la petición de los conservadores. “Se creen que la Comunidad es su cortijo”.