La sanidad pública española ya es realmente universal. La entrada en vigor, ayer, de la Ley de Salud Pública, supone la incorporación como usuarios de pleno derecho de los 200.000 ciudadanos que estaban excluidos de las prestaciones de la sanidad pública y sólo podían ser atendidos en caso de urgencia. Se trataba de los desempleados de larga duración que habían agotado la prestación unas 40.000 personas, autónomos que habían cesado su actividad y no cotizaban y de profesionales liberales como abogados o arquitectos. Mientras que en el caso de los parados la ley tiene efectos inmediatos, en relación con los otros colectivos, el Gobierno tiene un plazo de seis meses para regular mediante un reglamento sus condiciones de acceso a la sanidad.

Aunque la exclusión de estos colectivos no había supuesto hasta ahora mayores problemas, la ausencia de fondos por la crisis llevó este otoño a algunas autonomías, sobre todo del PP, a dejar sin sanidad a los desempleados de larga duración, anulando la validez de sus tarjetas sanitarias. Esta decisión, que en Galicia fue tomada por la entonces conselleira de Sanidade y hoy secretaria general del Ministerio de Sanidad, Pilar Farjas, presentaba en cualquier caso numerosas dudas desde el punto de vista legal, aún sin estar en vigor la presente ley. 'Dudo que fuera legal, porque la Constitución y la Ley General de Sanidad de 1986 reconocen el derecho de todos a la salud', explica Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco. Este experto está seguro de que 'era inmoral que un sistema de salud financiado con impuestos excluyera a alguien de su cobertura, especialmente si se trata de parados de larga duración sin cobertura de desempleo'.

Miles de parados de larga duración se quedaron sin sanidad en 2010

Por otro lado, no parece que la llegada de estos 200.000 nuevos usuarios a la sanidad pública vaya a suponer tensiones financieras significativas para el sistema. En estesentido, Zubiri cree que el impacto de la incorporación de los nuevos colectivos 'es muy pequeño, porque supone añadir menos de un 0,5% de usuarios potenciales'.

En este sentido, al coste actual por persona protegida, y si los nuevos acuden a la sanidad pública en la misma proporción que la población en general, esto supondría un coste de menos de 0,04 puntos del PIB (unos 300 millones de euros). Sin embargo, a juicio de este experto, 'en realidad probamente costará bastante menos, porque a muchos se les atenderá con los recursos ya existentes y es probable que acudan a la sanidad pública en menor proporción que la población en general, porque muchos están protegidos por mutuas'.

Para el catedrático, el escaso impacto de la medida, última ley sanitaria del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, 'hace incluso más inaceptable' que no se haya extendido antes la cobertura a toda la población.

Un experto calcula que la ley tendrá un coste de unos 300 millones de euros

Por último, Zubiri explica que, aunque no sean necesarios 'grandes esfuerzos presupuestarios para acomodar esta cobertura adicional' en las cuentas de 2012, el Gobierno central debería hacer una estimación del coste que la medida tendrá para cada comunidad autónoma para realizar a lo largo del 2012 la transferencia correspondiente.