El bufete de abogados Eius, que ha trabajado para diversos imputados en el caso Gürtel, tiene entre sus directores a personas que pasan parte de su tiempo en el Congreso: uno es José María Michavila, diputado del PP y ex ministro de Justicia, y otros dos son Alberto Dorrego de Carlos y Andrés Jiménez Díaz, ambos letrados en Cortes.

Alberto Dorrego es el socio director de Eius, que fundó en 2004, cuando el PP perdió las elecciones generales. En los dos años anteriores, había desempeñado el cargo de director general para la Modernización de la Justicia, con Michavila como ministro. Tras el paso a la oposición, las tornas cambiaron y fue Dorrego quien contrató a su antiguo jefe para Eius en calidad de “abogado of Counsel”, es decir un colaborador externo permanente.Dorrego pertenece al Cuerpo de Letrados de las Cortes desde 1991 y, en la actualidad, asesora a la Comisión de Administraciones Públicas.

Ese mismo año también ganó la plaza de letrado en Cortes su compañero de bufete Andrés Jiménez Díaz, quien llegó a ser interventor del Congreso. Ahora está adscrito en la Cámara Baja a la Comisión de Presupuestos, que es una de las más importantes, y a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE. En Eius, Jiménez Díaz es socio del Departamento de Derecho Administrativo.

El régimen de incompatibilidades de los letrados está regulado en el Estatuto del Personal de las Cortes Generales, que prohíbe cualquier actividad pública o privada que pueda “comprometer su imparcialidad o independencia”.

Alberto Dorrego, en conversación con Público, negó de forma tajante que el hecho de compartir bufete con un diputado del PP pueda poner en duda su independencia como letrado en el Congreso: “Mi neutralidad no está comprometida bajo ningún concepto. Llevo 18 años trabajando en las Cortes y mantengo relaciones perfectas con todos los diputados. No creo que ningún grupo pueda señalar ni la más mínima tacha”.

En las dos últimas semanas, el PP ha montado una campaña de acoso contra el juez Baltasar Garzón por el mero hecho de coincidir en una cacería con el ya ex ministro Mariano Fernández Bermejo.

El bufete Eius ha aparecido relacionado con diversos implicados en el caso Gürtel. El diario El Mundo aseguró que el imputado Arturo González Panero, cuando era alcalde de Boadilla, impuso la mediación del diputado Michavila en una operación con la Mutua Madrileña que pretendía construir en dicho municipio una Ciudad Sanitaria. Michavila pidió a la Mutua seis millones de euros por su intervención. Y el periódico Levante informó de que Eius había cobrado “al menos 150.000 euros de Mediamed”, una empresa de otro imputado, José Luis Ulibarri, antes de que dicha sociedad recibiera varias adjudicaciones de televisión digital de la Generalitat Valenciana.

Dorrego explicó a Público que el cobro de los 150.000 euros fue por su trabajo para “poner en marcha el holding Mediamed. A la gente le puede parecer mucho dinero, pero es una minuta normal que se ajusta al precio de mercado”.

Sobre la presunta comisión solicitada por Michavila, el director de Eius prefirió no pronunciarse. “No sé nada de ese tema”, indicó.

Estatuto del personal // El régimen de incompatibilidades de los letrados del Congreso está regulado en el Estatuto del Personal de las Cortes Generales, que fue publicado en el BOE el 5 de abril de 2006.

Actividades privadas // En el artículo 60.3 de dicho Estatuto se declara incompatible “el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad pública o privada que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia”.

Asuntos prohibidos // El tema de las actividades incompatibles se desarrolla en el artículo 62, donde se prohíbe “el desempeño de actividades privadas en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público”.

“Militantes de partidos” // Alberto Dorrego, en sus declaraciones a este diario, aseguró que él conoce letrados de las Cortes o inspectores de Hacienda “que incluso son afiliados a partidos políticos. Y nadie cuestiona su imparcialidad”. Dorrego aclaró que él no ha militado jamás en el PP, tampoco cuando ocupó un cargo  en Justicia con Michavila de ministro