El trato a los inmigrantes (sobre todo a los menores de edad y los demandantes de asilo), la posición predominantes de la Iglesia Católica, los crímenes racistas y determinados casos de abusos policiales, son lo puntos negros de España, según el informe sobre los Derechos Humanos que publica cada año el Departamento de Estado norteamericano. El gabinete que dirige Hillary Clinton se refiere a Epaña como un país en el que se respetan 'los derechos de sus ciudanos', alaba el trabajo del Gobierno contra ETA; el refuerzo de la ley del menor y la persecución de la violencia de género; o el funcionamiento de la Justicia en general, aunque no pasa por alto el gran número de casos pendientes de juicio.

Basándose en las denuncias de algunas ONG, el documento del Departamento de Estado critica la labores del Gobierno en cuanto al trato que se dispensa a los inmigrantes menores de edad y a los solicitantes de asilo. El informe explica que es frecuente que los menores permanezcan en los centros de retención de Canarias mezclados con personas más mayores y se hace eco de las críticas de Save the Children sobre la repatriación de los niños. 

La organización acusa al Ejecutivo de Zapatero de devolver a los menores a sus países de origen sin garantizar su seguridad y pide a España que elabore medidas que aseguren la legalidad en todos los casos. Según los datos facilitados por el Gobierno en 2007, sólo un 0,4 por ciento de las repatriaciones de niños se hicieron sin acompañamiento.

También se hace referencia al lamentable trato a los inmigrantes en los centros de retención de Canarias, según un informe de Human Rights Watch de julio de 2007. Las instalaciones en las islas son inadecuadas para albergar menores en su mayoría. Sí cita el informe la reforma del centro La Esperanza, en el que se ha separado a los niños menores de 15 años y se ha escolarizado a los que tienen más de 16. No obstante, se denuncian los casos de malos tratos a los menores durante los años anteriores en ese centro, la detención de niños en determinadas comisarías a su llegada a España y su catalogación como 'sin papeles' una vez que cumplen los 18.

El texto es especialmente crítico con el claro trato de favor a la Iglesia Católica por parte del Gobierno. Cita a España como un país a priori aconfesional de acuerdo con lo que dice la Constitución pero para nada laico en la práctica. Así, se hace eco de los impuestos que recibe la Iglesia con la casilla de la declaración de la renta además de otras subvenciones que serían muy distintas para religiones como la judía o la musulmana.

De este tipo de discriminación pone ejemplos como las dificultades de determinadas confesiones para construir lugares de culto en algunas localidades, o el hacinamiento de la comunidad musulmana en garajes que se convierten en mezquitas improvisadas por la negativa de los ayuntamientos a cederles espacios para rezar, convirtiéndolos en 'ciudadanos de segunda clase', según la definición hecha por el Observatorio para la Libertad religiosa el 20 de febrero del año pasado. Asimismo critica iniciativas como la del Partido Popular para vetar el velo en los colegios e institutos.

Como ejemplo claro de esa discriminación aparece la situación del Centro Cultural islámico de Valencia, que pidió al ayuntamiento del PP espacio para construir una mezquita sin obtener una respuesta en dos años.

Citando un estudio de la Red Europea contra el Racismo y la Xenofobia, en España se cometen al 4.000 delitos de este tipo aunque el Gobierno sólo cataloga como tal entre 90 y 120. El 10 de abril del años pasado, Amnistía Internacional criticaba el escaso trabajo del Ejecutivo en luchar contra este tipo de abusos en un informe llamado Entre el rechazo y la invisibilidad.

El informe cuenta el asesinato de un senegalés en Roquetas en septiembre de 2008 y las batidas de los vecinos persiguiendo a los inmigrantes las siete horas posteriores al crimen, en las que se llegaron a prender fuego a dos casas. También se hace eco de determinados casos de abuso de los agentes de seguridad del metro de Barcelona ocntra ciudadanos magrebíes o la discriminación a la población rumana.

En lo que sí parece acertar el Gobierno es en la protección a los menores y a las mujeres maltratadas. El informe dice que 'el Gobierno está especialmente dedicado a garantizar los derechos y el bienestar de los niños' y que ha dedicado un gran esfuerzo en publicar campañas de concienciación en los medios y programas especiales dedicados a prevenir los abusos. Sin embargo, también advierte de la muerte de 48 menores entre 2004 y 2007 por maltrato, haciendo una media de doce niños al año según los datos facilitados por el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia.

Con 300.000 detenciones por maltrato a mujeres desde enero de 2005, el Gobierno de Zapatero parece aprobar la asignatura de la lucha contra la violencia de género. El Departamento de Estado destaca las campañas de concienciación que se lanzan desde el Ejecutivo y los medios de comunicación y dice que según el Consejo General del Poder Judicial, un total de 126.29 mujeres denunciaron abusos en 2008. Asegura que medidas como las llevadas a cabo en Catalunya, donde se detiene a los potenciales maltratadores son positivas para la lucha contra la violencia, aún así, de acuerdo con los informes de Amnistía Internacional, aún hay pocas mujeres que denuncien a sus maltratadores. 

Asimismo habla de la ley de igualdad de género y del esfuerzo del Gobierno por incoroporar a la mujer al mundo laboral, pero destaca que todavía un 26,% de las mujeres cobra menos que los hombres ocupando el mismo puesto.

Ante la marejada constante que presentan los tribunales últimamente, el sistema judicial español parece del agrado de las autoridades norteamericanas. Ve positivo el sistema de encarcelamiento y el derecho de los ciudadanos a estar retenidos como máximo 72 horas en una comisaria, los jurados en los juicios o la prevalencia de la presunción de inocencia.

Pero no todo es perfecto. Critica que el 25 % de los 71.133 presos de las cárceles españolas esté a la espera de un juicio y la lentituda con la que se lleva la mayoría de procesos.

El informe califica a la danda como grupo terrorista. Hace especial referencia al fin del alto el fuego y al gran número de detenciones llevadas a cabo durante el año pasado, a la detención y liberación de Otegi y a los supuestos maltratos a los etarras por parte de las fuerzas del orden.