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El Ayuntamiento de Ponferrada (Castilla y León), que gobierna el PP con mayoría absoluta, concedió en 2002 de forma irregular parcelas para construir 2.000 viviendas al empresario José Luis Ulibarri, imputado por el caso Gürtel, la presunta trama de corrupción que dirigía Francisco Correa y que operaba en feudos del PP. La concesión ha sido anulada por dos sentencias firmes por falta de publicidad y concurrencia, así como por recalificación improcedente del suelo, pero nunca se han ejecutado. La empresa de Ulibarri amasó en el proceso opaco de principio a fin 185.000 metros cuadrados edificables, por los que pagó un precio hasta cinco veces por debajo de los que establecía el mercado en aquel momento.

Ponferrada es la base desde la que se expandió el Grupo Begar, el conglomerado que dirige Ulibarri con intereses en la construcción, servicios de limpieza y medios de comunicación. La empresa opera en toda España, pero sobre todo en Castilla y León, Madrid y Valencia y su facturación alcanzó los 614 millones de euros en 2006.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha declinado responder a las preguntas de Público. Por su parte, un portavoz de Ulibarri dijo que su grupo empresarial no haría ningún comentario a la prensa hasta que el empresario declare ante el juez Baltasar Garzón, cita prevista en principio para el día 4.

Las casi 2.000 parcelas concedidas directa o indirectamente a Ulibarri de forma irregular en Ponferrada forman parte del proyecto La Rosaleda, en pleno centro de la ciudad. La iniciativa se gestó con el alcalde Ismael Álvarez Rodríguez, que en junio de 2002 se vio obligado a renunciar tras ser condenado por acoso sexual a la concejal Nevenka Fernández. Pero lo heredó su sucesor, Carlos López Riesco, que culminó las adjudicaciones en septiembre de 2002.

El proyecto está trufado de irregularidades desde sus orígenes y así lo han certificado los tribunales. Para diseñarlo, se modificó el Plan General de Ordenación Urbana, pero los cambios fueron anulados de forma firme, por ilegales, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2007. Ya en 2005 había fallado en contra, pero la urbanización siguió construyéndose a todo tren, sin que la sentencia tuviera efectos prácticos.

La reforma del plan general recibió el visto bueno de la Junta de Castilla y León, que el PP también controla con mayoría absoluta, el 26 de julio de 2001. La sentencia del TSJ certifica que se aumentó la densidad para viviendas de forma desproporcionada de 30 a 70 por hectárea, se multiplicó por cuatro el terreno destinado a vivienda y además se suprimió el 10% previsto para equipamientos generales.

La segunda gran irregularidad puesta de manifiesto por otra sentencia distinta fue el pliego de condiciones de reparto de las parcelas establecido por la Sociedad Municipal Ponferrada Gestión Urbanística (Pongesur), una empresa municipal creada en 2000. Las concesiones han sido también anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad en otra sentencia firme del 11 de abril de 2008.

Falta de publicidad

El tribunal considera que no se respetó el principio de publicidad y de concurrencia. "Se anulan [las concesiones] por disconformidad con el ordenamiento jurídico", señala en el auto de 2008, que ratifica otro de 2007. Pero el Ayuntamiento no se ha dado por enterado.

Las polémicas concesiones tuvieron como máximo beneficiario a Ulibarri, aunque en distintos tiempos: en el primer acuerdo, de febrero de 2002, sus empresas aparecen camufladas en un mar de concesiones: se le asignaron 539 parcelas sobre un total de casi 5.000. Pero en otra acta de Pongesur, en septiembre del mismo año, Ulibarri acumula ya directamente 1.604 parcelas y la cifra se eleva hasta 2.016 si se incluyen las adjudicadas a Leocasa, de la que Ulibarri tiene el 50%.

En este momento septiembre de 2002 ya no son 5.000 las parecelas adjudicadas a manos privadas, sino sólo 3.700 porque Pongesur se ha quedado 1.269. Por tanto, Ulibarri amasa al final casi el 60% del total de adjudicaciones privadas.

En el reparto inicial cuando Ulibarri aparece simplemente como uno más se beneficia a empresas que ni siquiera tienen en su objeto social nada relacionado con la construcción, como Pizarras Franvisa o Fernández de la Mata, dedicada a las instalaciones eléctricas. En el acta de septiembre, ambas empresas, así como Cymotsa, desaparecen del listado y sus parcelas pasan a constar directamente ya para Ulibarri.

Para esta operación Ulibarri utilizó a la promotora UFC, la misma que empleó para ganar en 2006 la concesión de Boadilla Park 169 viviendas en el municipio madrileño epicentro del caso Gürtel, en el punto de mira de Baltasar Garzón. El juez investiga si en la operación de Boadilla Ulibarri pagó tres millones de comisión a la trama. UFC era una empresa instrumental: pese al volumen de sus operaciones, en 2006 todavía no tenía empleados dados de alta en la Seguridad Social.

La operación de La Rosaleda supuso un negocio redondo para Ulibarri, que pagó por las parcelas un precio muy por debajo del precio de mercado: desembolsó 12,1 millones de euros para 185.045 metros cuadrados. Apenas 65 euros el metro cuadrado cuando en aquel momento en la localidad y en la provincia la media superaba los 300.

Las condiciones se estipulan en un documento notarial firmado el 27 de septiembre de 2002, tres días después de que el consejo de Administración de Pongesur limpiara las concesiones inciales y otorgara ya a UFC parcelas para 1.604 viviendas. El documento tiene aspectos extraños a las contrataciones de la Administración pública al establecer el monto total a pagar en 28,8 millones de euros y luego desmenuzarlo en tres partes de muy distinta naturaleza.

La primera incluye 3,025 millones, que la parte vendedora "confiesa haber recibido de la parte compradora con anterioridad a este acto". No se especifica ni cómo ni dónde se produjo el pago. Tampoco el momento, cuando la aprobación formal de las adjudicaciones había sido apenas tres días antes.

La segunda parte es el único desembolso real de dinero a la que se comprometía Ulibarri en el momento de la firma: los 12,1 millones de euros que le sirvieron para lograr los 185.045 metros cuadrados edificables. La última parte corresponde a 13,26 millones de euros "en especies" a cuenta de futuras obras de urbanización en La Rosaleda. Sin presupuesto concreto. Ni controles. Ni plazos. Además, se hace constar que obras por valor de 2,99 millones ya se han realizado en el momento de la firma.

Una vez en posesión de los terrenos, las empresas de Ulibarri no sólo han hecho negocio vendiendo sus pisos, sino también con la construcción de edificios en parcelas que ellos mismos vendieron a terceros, como la Torre de la Rosaleda, que con 28 plantas y 100 metros de altura es el edificio más alto de la comunidad.

En junio de 2004, UFC había revendido casi la mitad de las parcelas conseguidas en condiciones tan ventajosas y se reservaba para sí el espacio para construir 800 pisos.