La Operación Gürtel ha sacudido Valencia y Madrid, los dos grandes feudos del Partido Popular (PP). Pero en Boadilla del Monte, el epicentro del seísmo, las ramificaciones conectan muy a menudo con otro feudo popular: Castilla y León.

La figura clave es José Luis Ulibarri, el empresario de cabecera de la Junta de Castilla y León controla el 50% de la sociedad que debe poner en marcha la televisión autonómica, al que el ex alcalde de Boadilla y hoy imputado, Arturo González Panero, adjudicó en 2006 el proyecto de Boadilla Park. La operación suponía construir 139 viviendas y el enlace fue supuestamente su amigo común Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama delictiva que ha desenmascarado Garzón. El juez investiga si se pagó una comisión de tres millones de euros.

La oposición en Boadilla y en Castilla y León creen que no es casual que el elegido para el proyecto de Boadilla Park llegara del norte porque las conexiones entre el ayuntamiento madrileño y la comunidad castellano-leonesa, ambos con mayoría absoluta del PP, van mucho más allá.

El caso más emblemático es el de Miguel Ignacio González Sánchez-Zorita, ex concejal de Salamanca y hombre de confianza del actual consejero de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, forjado también en Salamanca. En 2002, Fernández Mañueco se hizo con la secretaría general del PP en la comunidad y al año siguiente González Sánchez-Zorita dejaba Salamanca y aterrizaba como número dos de Panero en Boadilla del Monte: primer teniente de alcalde y concejal de Obras.

A finales de 2005, Sánchez Zorita dejó el ayuntamiento para asumir la secretaría general de Deportes de la Junta, una de las áreas predilectas de la trama dirigida por Correa, al menos en Madrid.

En el pasado mandato llegaron a Boadilla más castellano-leoneses como asesores: Juan Carlos Martín Fernández ahora concejal fue contratado para medio ambiente procedente del PP de Segovia. Y durante el último mandato de Panero fue asesora especial del alcalde María Arenales Serrano, actual senadora por Valladolid.

En 2005, los socialistas sospechaban que la Junta tenía relación con las empresas de Francisco Correa, lo que les llevó a preguntar por los contratos con Special Events. La respuesta oficial fue que entre 2003 y 2005, el Gobierno regional pagó a esta empresa 36.028 euros por tres actos.