El 28 de mayo de 2007, horas después de que el PP revalidara su mayoría en Castellón en las últimas elecciones municipales, el presidente de la Diputación Provincial, Carlos Fabra, celebró los resultados con una sentencia tan jactanciosa como reveladora: 'El juicio popular nos ha absuelto con un sobresaliente'.

Fabra, imputado desde hace años por varios delitos contra la Administración y la Hacienda Pública, hacía suya una impresión extendida: las sospechas de corrupción no se cobran obligadamente su factura en las urnas.

'Los escándalos tienen un efecto no despreciable sobre el voto, aunque tal impacto no suele dar lugar a un fuerte descenso del apoyo electoral al candidato afectado por el caso y, en muchas ocasiones, no supone su derrota'. Con esta introducción arranca el trabajo firmado por los profesores Miguel Caínzos y Fernando Jiménez sobre los efectos de la corrupción en el voto. Su estudio, La repercusión electoral de los escándalos políticos (Revista Española de Ciencia Política, abril 2004), sigue siendo hoy una de las referencias obligadas para analizar esta cuestión.

'A nadie le gusta oír hablar de corrupción, pero no hay un efecto inmediato en el voto', explica Jiménez a Público. Este profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia asegura que la fórmula 'escándalo de corrupción igual a candidato perjudicado' no siempre se cumple, aunque sus investigaciones han demostrado que la impunidad tampoco es siempre la única consecuencia de esta ecuación.

'Si penalizar es perder votos, sí hay penalización si el castigo es perder el poder; en la mayoría de los casos, esto no ocurre', argumenta Ignacio Urquizu, politólogo y subdirector de estudios de la Fundación Alternativas. Este laboratorio de análisis político investigó en 2008 a 133 alcaldes sobre los que recaían sospechas de corrupción. El 70% mantuvo su poder tras las elecciones municipales celebradas un año antes (Informe sobre la democracia en España 2008. Fundación Alternativas).

La decisión que se esconde detrás de cada voto es un combinación de elementos variable hasta el infinito. 'No hay un único factor que te diga por qué vota la gente. Con una papeleta, tienes que decir tantas cosas al mismo tiempo que el elector está obligado a priorizar', justifica Urquizu para hacer más accesible un principio enunciado por los investigadores norteamericanos Dobratzy Whitfield en 1992: 'Aunque algunos podrían sugerir que idealmente los escándalos por sí solos pueden derribar gobiernos, a la hora de depositar su voto los electores tienen en mente probablemente más de una sola cuestión'.

Cada caso es único, pero en todos pesa siempre el contexto político y social en el que nace un escándalo. En el actual, la coyuntura de crisis económica hará que se dispare la sensibilidad pública, advierte Jiménez. 'No es lo mismo la disponibilidad para castigar a un corrupto cuando a todo el mundo le va bien que en una época de crisis. La corrupción se personaliza y se tiene más disposición hacia el castigo', explica.

Hay, sin embargo, ejemplos de lo contrario es representativa la reelección de Menem en 1995 en una Argentina asediada por la hiperinflación y con las instituciones carcomidas por un castillo de irregularidades. En estos casos, los electores priorizan la solvencia de los candidatos. 'Pelear contra un corrupto sólo con honestidad es peligroso defiende Jiménez porque no te asegura ninguna victoria'.

Es necesaria, además, la presencia de un líder sólido que capitalice la debilidad de un adversario en horas bajas. 'Primero decidimos a quién elegimos y después buscamos argumentos para justificar nuestro voto', sostiene Urquizu. Los medios de comunicación juegan un papel relevante. 'Suministran armamento ideológico a unos votantes que no saben a quién tienen enfrente'. Aun así, el consumo de opinión publicada está ligado también a la ideología, por eso 'elegimos a los que nos cuentan lo que queremos oír', reconoce.

Las teorías que intentan explicar la trastienda del voto y su comportamiento ante la corrupción no determinan qué conductas irregulares generan más rechazo. 'Qué es peor, ¿recalificar de forma ilegal o que te regalen un Jaguar?', se pregunta Urquizu a golpe de titulares. Tampoco aclaran qué votante izquierdas o derechas es más crítico. 'Hay muy poca diferencia', responde este investigador. 'No hay datos para ser concluyentes', se excusa Jiménez, que desliza una impresión personal: 'Hay mayor rechazo en la izquierda que en la derecha, que comparte cierta mentalidad casi empresarial, capaz de disculpar determinados comportamientos'.

El diputado socialista José Andrés Torres Mora, titular de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que no hay diferencias automáticas aunque, a su juicio, 'es más fácil encontrar posiciones cínicas en la derecha que también existen en la izquierda y posiciones más idealistas en el electorado de izquierdas'.

José María Lassalle, parlamentario del PP y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, tampoco encuentra reacciones distantes entre los dos grandes electorados: 'Los ciudadanos reaccionan por igual ante la corrupción; la ciudadanía democrática exige de sus políticos ejemplaridad, con independencia del color político en el que se sientan ubicados'.

Lassalle sostiene que la influencia de la corrupción en el voto está asociada 'al grado de implicación generalizado que puedan tener los escándalos en un partido'. Esa impresión generalizada pesó en la derrota de Felipe González en 1996.

Una formación cuajada de escándalos 'aumenta la probabilidad' de que pague una factura en las urnas, pero 'no es algo directo ni mecánico', concluye Torres Mora, quien advierte a quienes depositen sus esperanzas de victoria en la corrupción del adversario político: 'Los defectos del contrario no me benefician a mí; me benefician mis virtudes'.