El Partido Popular ha presentado en el Tribunal Supremo una ampliación de su querella contra el juez Baltasar Garzón por tomar declaración al sastre José Tomás, imputado en la supuesta trama de corrupción denominada 'operación Gürtel', una vez que ya había dictado el auto por el que se inhibía en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

En su escrito, el PP señala que Garzón decidió tomar nueva declaración al sastre de Francisco Camps el 13 de marzo 'preguntándole de nuevo, a tenor de lo reflejado en los medios de comunicación, sobre los hechos en que se asienta la posible implicación de algunos de los aforados', en referencia al presidente de la Generalitat valencana, Francisco Camps.

El primer partido de la oposición señala que José Tomás 'concedió al diario El País una entrevista el 15 de marzo en la que revelaba buena parte de sus declaraciones ante el juez instructor y, en consecuencia, ponía de manifiesto cómo el grueso de las preguntas que le formuló Garzón y las respuestas que él dio venían referidas a la compra de trajes por parte de algunos de los aforados'.

Con ello, prosiguen los conservadores, se constata 'claramente' que 'no se respetó la obligación de abstenerse de realizar nuevas diligencias de instrucción respecto de los aforados por parte del juez instructor', sino que siguió 'citando a testigos y, al parecer, interrogándolos sobre los hechos remitidos a los Tribunales Superiores de Justicia'.

Según el PP, con esta actuación Garzón ha comprometido 'la validez de todo lo instruido' porque, a su entender, carece 'total y absolutamente de competencias para ello'. 'Eso supone, a juicio de esta parte, una conducta constante y consciente absolutamente contraria a la legalidad establecida, y por lo tanto, que puede incardinarse en los hechos típicos propios del delito de prevaricacón', sostiene.

El Partido Popular justifica también esta ampliación de la querella en la ocultación de 'información relevante'. Así, recalca que en los autos dictados por Garzón se pretendía hacer ver que 'el elemento determinante para proceder a la inhibición era el informe de la UDEF, al menos en lo que se refiere a la presunta implicación delictiva de los aforados ante el TSJ de Valencia'.

Sin embargo, los conservadores subrayan que esa afirmación 'no resulta cierta porque ya con anterioridad se había considerado por el propio juez instructor que existían indicios suficientes de delito contra algunos aforados, y así lo habían reconocido en alguna resolución'.

En este sentido, cree que 'resulta muy interesante destacar' cómo en estos autos de inhibición en los que Garzón hace una cronología detallada de los hechos desde que asumió la competencia 'se produce un salto en dicha cronología para ocultad deliberadamente la existencia y contenido del auto de fecha 13 de febrero dictado por el juez instructor con el fin de rechazar la solicitud de personación formulada por el PP'.

Por todo ello, el Partido Popular pide al Tribunal Supremo que admita la ampliación de hechos en la querella criminal que presentó el pasado 25 de febrero contra Garzón por un delito de prevaricación y otro contra los derechos individuales de los ciudadanos, y que fue ampliada más tarde por otro delito de revelación del secreto de sumario.

Sin embargo, la Fiscalía sugirió al Tribunal Supremo hace unos días que archivara la querella del Partido Popular porque considera que las actuaciones del juez Garzón no consistituyen un delito de prevaricación.