La alcaldesa de la localidad zaragozana de La Muela, María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés (PAR), detenida por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística junto a otras dieciocho personas, es acusada por el juzgado que investiga los hechos de nueve delitos, entre ellos cohecho, malversación, fraude, prevaricación y blanqueo de capitales.

Los detenidos, entre los que también se están su marido y uno de sus hijos, el secretario y arquitecto municipales, un concejal del PAR y varios empresarios, han comenzado a declarar ante la policía judicial en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Aragón y en las comisarías de Delicias y San José, después de pasar su primera noche en los calabozos.

Tras declarar la alcaldesa durante una hora, su abogado, Javier Notivoli, ha informado a los medios de comunicación que el juez la acusa de cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones (exigir impuestos, deudas, prestaciones...) ilegales y blanqueo de capitales.

El marido, Antonio Embarba, que también ha prestado declaración ante la policía, es acusado de los presuntos delitos de blanqueo de capitales, uso de información privilegiada y tráfico de influencias, este último imputado también a su hijo.

Al concejal del PAR Juan Carlos Rodrigo, el juez le acusa de cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas, fraudes y exacciones ilegales, y tenencia ilícita de armas.

Por otra parte, fuentes del Gobierno de Aragón han apuntado que un funcionario del Servicio Provincial de Urbanismo de Zaragoza del Ejecutivo autonómico ha recibido una citación para declarar mañana ante el juez sobre estos hechos.

La actuación policial en La Muela, un municipio de unos 5.000 habitantes situado a 23 kilómetros de Zaragoza, ha seguido provocando hoy reacciones de la clase política aragonesa, como el presidente Marcelino Iglesias (PSOE), que gobierna el coalición con el PAR y que, en una breve declaración, ha expresado su 'respeto absoluto y escrupuloso' a las actuaciones judiciales.

El diputado del PSOE Jesús Membrado ha asegurado que situaciones como ésta, aunque 'tarden en aflorar', demuestran que las instituciones democráticas 'funcionan' y que 'quien la hace, la paga'.

La presidenta regional del PP, Luisa Fernanda Rudi, ha afirmado por su parte que 'todos los políticos' deben actuar con criterios de 'honradez, y de 'austeridad y de servicio público', si bien ha remarcado que 'la presunción de inocencia nos ampara a todos hasta tanto en cuanto se demuestre lo contrario'.