Un año y casi tres meses después de que el Ministerio de Vivienda lanzara una nueva ayuda al alquiler de 210 euros al mes para jóvenes anunciada a bombo y platillo, el 39% de los beneficiarios que la tienen aprobada aún está esperando para cobrarla.

El departamento que dirige Beatriz Corredor aseguró este viernes que ha ordenado entre 90.000 y 100.000 pagos cuando llegan a 155.000 las resoluciones favorables de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias para gestionar todas las ayudas de vivienda, regionales o estatales. Esto significa que al menos 60.000 jóvenes de entre 22 y 30 años con ingresos brutos inferiores a los 22.000 euros al año tienen la solicitud aprobada pero no han recibido aún el dinero.

Y hay otros 65.000 potenciales beneficiarios del subsidio, bautizado como renta básica de emancipación, que aún esperan la aprobación de su comunidad autónoma, ya que son 220.000 las solicitudes presentadas. Es el balance de la ayuda (aprobada por la anterior ministra, Carme Chacón) desde que entró en vigor en enero de 2008 hasta el pasado día miércoles 18 y que ayer llevó al Consejo de Ministros la actual titular de Vivienda, Beatriz Corredor. Los datos al cierre de marzo se harán públicos a principios de abril.

Las quejas de varias comunidades autónomas sobre el retraso en los pagos del ministerio han sido numerosas a lo largo de los últimos meses. Al cierre del año pasado, en todo el territorio sólo se había pagado el 49% de las resoluciones positivas (63.166 abonadas), una media que se cumplía, por ejemplo, en Andalucía, pero en Madrid, bajaba al 26% de ayudas pagadas (5.473). El balance ha mejorado hasta marzo pero el sistema aún no actúa con total eficiencia.

Ante esta situación, el ministerio de Corredor se ha visto obligado a hacer ajustes en los trámites para tratar de agilizarlos. El Consejo de Ministros aprobó modificar el real decreto que regula esta ayuda. Uno de los principales cambios es que permite la alternativa del pago del alquiler a través de una domiciliación de recibos por cargo en cuenta como medio más ágil de controlar que el inquilino abona la ren-ta, un requisito para recibir la ayuda.

Se amplían, además, las posibilidades para acreditar una 'fuente regular de ingresos', imprescindible para recibir el subsidio. Así, los jóvenes que desarrollen actividades empresariales, profesionales o artísticas podrán presentar las cantidades declaradas en concepto de IVA, si fuera el caso, o del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas del año en curso, explican fuentes del ministerio. Los jóvenes que trabajen por cuenta ajena tienen que presentar un certificado de haberes del año en curso y los parados, la resolución administrativa de que perciben una prestación como fuente regular de ingresos. La ayuda, incompatible con otra estatal de 240 euros, puede recibirse durante cuatro años.

Asimismo, el ministerio ha fijado un plazo máximo de tres meses desde la firma del contrato de alquiler para pedir la ayuda de 120 euros para el aval y el préstamo de 600 euros para la fianza. Antes era sólo para contratos recién firmados.

Nace Sepes Urbana

El Gobierno creó ayer la sociedad pública Sepes Urbana, filial de la empresa de suelo Sepes, que promoverá directamente vivienda protegida (VPO) y alojamientos dotaciones, además de edificar naves y promocionar actividad logística.

Como un laboratorio

El Ministerio de Vivienda puntualizó que no va a hacer promoción masiva de VPO, pese al alto nivel de demanda, sino 'urbanizar suelo de la administración para experiencias piloto de pisos protegidos, como un laboratorio de I+D+i'.