El fiscal ha mantenido la petición de 27 años de cárcel para el presunto etarra Miguel María Ibáñez Oteiza, al que acusa de cooperador necesario en el asesinato de Francisco Javier Zabaleta en Elgoibar (Guipúzcoa) en 1988.

El Ministerio Público ha manifestado en el juicio que ha quedado visto para sentencia hoy en la Audiencia Nacional que se ha probado que Ibáñez Oteiza 'señaló' a Zabaleta como un objetivo de ETA para ser asesinado y que fue quien facilitó la información necesaria al 'comando Eibar' para poder cometer este atentado.

El fiscal basa su acusación en las declaraciones policiales que realizaron en su día los tres miembros del comando que con la información supuestamente facilitada por el acusado se trasladaron a Elgoibar y siguieron a la víctima hasta la calle de San Francisco, donde 'por la espalda' le dispararon dos veces en la cabeza 'a quemarropa', provocando su muerte casi inmediata.

Se trata de Jesús María Ciganga Sarratea, Juan Carlos Balerdi Iturralde y Fermín Urdiain Cirizar, ya condenados por estos hechos tras su detención en 1989 y que hoy han declarado en calidad de testigos junto al también condenado José María Beristain, que colaboró en el asesinato.

Los cuatro han reconocido su pertenencia a ETA y su participación en el asesinato de Zabaleta, pero han negado la colaboración de Ibáñez Oteiza, al que apuntaron en su declaraciones 'bajo torturas', han explicado.

'Es imposible que él nos pasara la información porque ni siquiera le conocemos', ha apuntado Sarratea, que ha coincidido con sus compañeros en que era ETA la que se la facilitaba porque entonces la política era que 'había que ejecutar a los traficantes'.

El acusado, que huyó a Uruguay, desde donde fue extraditado en 1994 por otra causa de la que fue absuelto y que finalmente fue entregado en 2008 por Francia, también ha negado su colaboración en los hechos así como su pertenencia al 'comando Eibar', y ha explicado que abandonó España porque le ofrecieron un contrato de trabajo en Uruguay, no porque ETA le pagara su 'huida'.

Por su parte, la defensa ha pedido la libre absolución del acusado al considerar que las declaraciones en las que se ha apoyado la Fiscalía no han sido acreditadas en el juicio oral y que no existe ninguna otra prueba que las corrobore. Asimismo, ha pedido la libertad provisional para Ibáñez Oteiza hasta que se dicte sentencia, ya que padece cáncer y está siguiendo un tratamiento.

El juez ha asegurado que emitirá lo antes posible una resolución al respecto, mientras que el fiscal, tras explicar que la política penitenciaria tiene alternativas a determinadas 'situaciones humanitarias', ha apuntado que estas circunstancias no pueden cambiar los hechos: 'El 6 de junio de 1988 se produjo un asesinato', ha recalcado.