La recién nombrada ministra de Sanidad y Políticas Sociales, Trinidad Jiménez (Málaga, 1962) se estrenó el pasado miércoles ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados de la mejor manera posible: recibiendo el elogio unánime de todos los partidos políticos incluido el Partido Popular por la gestión que ha hecho de la crisis sanitaria mundial causada por el brote de gripe que se ha extendido a más de una decena de países. La eterna ministrable, ahora ministra, atribuye el éxito a su equipo y a los gestores de la sanidad pública, de la que se declara absoluta partidaria. Pero evitar que el virus H1N1 cause muertos es quizás la menos ardua de las tareas que tiene la nueva ministra por delante, comparada con lograr que las comunidades cumplan con la Ley de Dependencia o con apoyar la puesta en marcha de la nueva ley del aborto.

Desde el principio de esta crisis sanitaria, se ha utilizado la palabra pandemia que, sin duda, es alarmista para la población. Pero parece que no hay consenso en cuanto a su definición. ¿Cómo explica usted este término?

Cuando se utiliza este término no se refiere ni a que haya mayor agresividad del virus ni a que provoque una mayor mortalidad o que haya más casos. La pandemia se define en función de los focos de difusión que se producen en distintas zonas del mundo. Cuanto más focos haya, mayor es el riesgo de que la epidemia sea global y eso es lo que le da la caracterización de pandemia. Y la Organización Mundial de la Salud todavía no la ha definido como tal.

¿Y qué pasará cuando la OMS eleve a seis el nivel de alerta, lo que sí implica que hay pandemia?

Que las autoridades sanitarias internacionales tendrán que actuar de una manera más contundente para controlar la expansión y el contagio. Esto ya lo estamos haciendo las autoridades nacionales en nuestro propio territorio. Para la población, el aumento de nivel no supondrá nada, pero sí para nosotros. Tendremos que pensar a nivel europeo cómo podremos ayudar a otras regiones del mundo que pudieran verse afectadas; de hecho, en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de Sanidad de Luxemburgo, acordamos que la UE tendría que estar vigilante por si hubiera que prestar su ayuda a determinados países que, evidentemente, disponen de menos medios y de menos capacidad de respuesta.

Ante la alerta generada, podría parecer que están actuando, tanto la OMS como los ministerios de sanidad mundiales, para curarse en salud y que nadie les pueda decir nada si las cosas van mal.

Desde el primer momento hemos tratado de mantener a la población informada para que fuera consciente de que estamos ante una situación que nos preocupa. Al mismo tiempo, el mensaje de tranquilidad a los ciudadanos se traduce en que el Gobierno se está ocupando de la situación y asumiendo su responsabilidad, por lo que la población tiene que mantener la calma y la confianza de que, ante cualquier eventualidad que pueda tener lugar, tenemos capacidad de respuesta.

¿Contempla un escenario en el que todo el mundo tenga que llevar mascarilla?

No lo contemplo, porque en este momento todos los casos que estamos teniendo han evolucionado muy bien y tienen una situación muy estable e incluso algunos ya han recibido el alta. De los que tenemos en observación, ya hemos empezado a recibir datos que nos dicen que hemos descartado en varios pacientes que tengan el virus de esta gripe.

Exteriores recomienda que sólo se viaje a México si es imprescindible. Si su homólogo mexicano le llamara y le pidiera que fuera a asesorarle ¿Iría usted?

Posiblemente viajaría. Tomaría las precauciones que fueran necesarias, iría a zonas que no tienen riesgo y asumiría la responsabilidad que me toca como ministra de Sanidad. Cuando nosotros recomendamos no viajar si no es imprescindible, la población ya lo sabe, porque es consciente de la situación en México. Por eso, cada uno, individualmente, asume que no debería programar en los próximos días ningún viaje, pero es distinto para los que tenemos determinadas responsabilidades. Si hay que afrontar una reunión, evidentemente, se puede hacer. Yo, desde luego, he vivido en muchos países, he estado en contacto con situaciones complicadas y no por ello he dejado de cumplir con mi obligación.

Usted ha dicho que España tiene 10 millones de tratamientos para hacer frente a esta gripe pero, si se cumplieran las previsiones del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de la UE, que afirma que podría afectar a la mitad de la población, no llegarían.

Nos hemos puesto en contacto con las farmacéuticas, de tal manera que si tuviéramos que aumentar nuestro stock del fármaco, pudiéramos hacerlo. En todo caso, no me parece muy acertada la predicción de ese casi 50%. No existe una prueba científico técnica suficiente para pensar que nos encontramos ante esa situación. Yo he estado hablando con expertos y no me lo pueden confirmar. Aunque contamos con que pueda haber una expansión más amplia, esta me parece algo exagerada y con poca validez científica. Me permito hacer este comentario porque este dato no lo dijeron dentro de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.

Después de que el pasado jueves se reunieran en Luxemburgo, cada país anunció medidas propias para la contención de la epidemia. ¿No cree que han dado una mala imagen al no ser capaces de tomar decisiones comunes?

Al revés. Se adoptaron una serie de medidas por unanimidad. De hecho, al ver que no había consenso, Francia retiró su propuesta de que se restringieran los vuelos a México e Italia la de que se hiciera un banco común de antivirales y vacunas. Tomamos muchas decisiones concretas, como las medidas sobre cooperación con los países que pudieran verse potencialmente afectados. Pero determinadas medidas son competencia de cada estado, hay protocolos que son competencia exclusiva de las autoridades nacionales.

Hay quien dice que con las competencias de Sanidad transferidas a las comunidades autónomas su Ministerio no tiene contenido. ¿Su trabajo de coordinación con los territorios en la crisis de la gripe porcina demuestra que esto no es cierto?

En un estado plural como el español, la función de coordinación, cooperación y colaboración es esencial. No es un concepto abstracto, es una función específica. Garantizar la cohesión en el ámbito sanitario y la equidad en las prestaciones de los servicios es imprescindible. Además, en determinadas materias tenemos competencias exclusivas como en el ámbito farmacéutico, en materia de trasplantes o en la aplicación de la investigación médica a determinados casos concretos. En materia de salud pública la coordinación es fundamental, porque es la mejor manera de garantizar que un ciudadano, cualquiera que sea su origen o procedencia y cualquiera que sea el lugar donde vive, va a recibir las mismas prestaciones.

¿Hay una sanidad pública o hay 17 diferentes, una por cada comunidad autónoma?

Hay un Sistema Nacional de Salud que es uno de los mejores del mundo. A veces, los ciudadanos pueden tener la percepción de que en determinadas comunidades autónomas hay más prestaciones que en otras por una razón: el Sistema Nacional de Salud garantiza un paquete de servicios básicos a la ciudadanía. Es un catálogo muy amplio, pero cada comunidad puede ejercer otras prestaciones. En todo caso, el Estado, en el ejercicio de sus competencias, garantiza la cohesión y la prestación, de tal manera que si una comunidad autónoma es la única que tiene un determinado servicio, el Ministerio de Sanidad garantiza que el centro que ofrece esa prestación se convierta en hospital de referencia nacional.

¿Puede verse afectado el sistema sanitario público por la crisis económica?

No. Si hay algo que ha estado garantizado por el Gobierno en estos últimos años y de forma particular en 2009 es el gasto social, inversiones en Sanidad y en políticas sociales, que se ha mantenido por encima del 50% del gasto público total en los últimos cinco años. No se ha recortado ninguna partida de Sanidad ni tampoco de políticas sociales. Precisamente en los momentos de crisis es cuando los grupos más vulnerables tienen que recibir mayor protección por parte del Estado.

¿Y no se recortará si los números rojos siguen creciendo?

No. Hay ámbitos que no pueden sufrir recortes.

El Parlamento está trabajando en la nueva ley del aborto. ¿Va a garantizar que se pueda ejercer este derecho en los hospitales públicos? Ahora es imposible en algunas comunidades.

Vamos a garantizar que se haga en centros públicos. Y si no todos los centros públicos están en condiciones de ofrecer ese servicio, se practicará en centros concertados. Pero vamos a garantizar el ejercicio de este derecho, tenga la completa seguridad.

No tiene intención de legislar sobre el derecho a la muerte digna o el suicidio asistido ¿Por qué?

Porque creo sinceramente que con los instrumentos que recoge la ley de autonomía del paciente, todas aquellas personas que pudieran verse afectadas o manifestar alguna preocupación sobre esta cuestión pueden encontrar de una manera razonable satisfacción a su deseo. Lo que sí vamos a reforzar son las unidades de cuidados paliativos. Legislar sobre esa cuestión entraña un debate social donde yo siento que no hay consenso ciudadano, ni social, ni político.

La Iglesia lidera parte de ese bloque de respuesta al Gobierno en materias como la muerte digna el aborto o ¿Tiene miedo el Gobierno a los obispos?

No tenemos ningún miedo a ningún colectivo, ni a ningún tipo de organización. El Gobierno goza de la legitimidad democrática para tomar decisiones y del respaldo ciudadano para avanzar en determinados derechos. Cada colectivo, y en particular la Iglesia, tiene también el derecho a manifestar su posición, su opinión y dirigirse a sus seguidores, pero creo que tenemos ámbitos de actuación distinta, no deberían mezclarse y debería haber una situación de respeto mutuo.

¿Es equiparable el respeto que muestra la Iglesia con algunas de sus manifestaciones públicas contra el Gobierno con el que acredita el Ejecutivo con su actitud hacia la Iglesia?

Sería deseable que hubiera por parte de la Iglesia un mayor respeto a las decisiones del Gobierno. El Ejecutivo siempre ha manifestado un gran respeto hacia la Iglesia católica. Garantizar la libertad es algo con lo que tenemos un especial compromiso.

El presidente del Gobierno ha puesto en sus manos la Ley de Dependencia ¿Es un reto o un regalo envenenado?

En ocasiones me he referido a esta ley como el cuarto pilar del Estado del bienestar. Si conseguimos consolidar un derecho social de tanta envergadura, supondrá una gran conquista social. Asumo esta responsabilidad como un reto que, para una persona como yo, con un fuerte compromiso político y social, es quizá uno los más importantes que se puedan afrontar. Y considero que ha ido muy bien su puesta en marcha. Se aprobó hace sólo dos años y hemos abierto el camino para su aplicación. Tenemos evaluadas a cerca de 800.000 personas y hay 628.000 a las que ya se les ha reconocido el derecho. No todas están percibiendo la ayuda, pero hay que saber que cuando reciban la prestación que se les ha reconocido, se hará con efectos retroactivos desde el momento en que solicitaron la ayuda.

¿Habrá dinero suficiente para garantizar esta prestación?

En dos años el Gobierno ya ha enviado a las comunidades autónomas 2.850 millones de euros. Quizá podamos pensar que necesitamos más, pero yo no despreciaría una cifra como esa. Es una cantidad importante. Para el año 2009 tenemos previstos otros 1.500 millones de euros, que suponen un incremento del 79% respecto al año 2008. Aún quedan situaciones que no hemos podido atender, somos conscientes, pero la tendencia es a ir cubriendo a todo el mundo. Un derecho de estas características necesita tiempo hasta que lleguemos a todos. Además, la ley prevé la consolidación de este derecho en el año 2015.