Apenas dos semanas después de su flamante toma de posesión como nuevo presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo resiste como puede los problemas que se acumulan sobre uno de sus más estrechos colaboradores. El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, que ya formaba parte de su equipo cuando él mismo era el titular de esa consellería en el último gobierno de Manuel Fraga, reconoció la semana pasada haber certificado como terminadas obras inacabadas pendientes de realización en el municipio pontevedrés de Salvaterra do Miño. Lo hizo en calidad de director de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, un organismo gobernado por el PP, con el único propósito, según sus propias palabras, de 'cumplir el plazo para cobrar una subvención'.

Hernández lo considera 'una práctica habitual' y ni siquiera observa nada reprochable en el hecho de que la empresa que se benefició de la certificación y cobró 331.629 euros de la Diputación sea Sercoysa, la misma para la que trabajó durante diez meses como director de construcción después de perder su puesto en la Xunta en 2005. Feijóo salió ayer mismo en su defensa. No cometió 'ilegalidad alguna' porque, argumentó, cuando la certificación se apoya en un aval bancario es 'estrictamente legal', aunque se trate de obras no finalizadas.

Socialistas y nacionalistas no comparten este punto de vista. De hecho, el Partido dos Socialistas de Galicia trabaja ya en la preparación de una querella contra Agustín Hernández en la que pretenden acusarle de falsificar documentos. El nuevo secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, asegura que 'la credibilidad de Feijóo no ha durado ni una semana. Los primeros días' del nuevo presidente constituyen 'una cadena de incumplimientos'.

El BNG ya ha pedido una comisión de investigación pero los nacionalistas, a la espera de lo que decidan PP y PSdeG, no tienen muchas dudas. 'Nos preguntamos qué más hace falta para que Feijóo lo cese', asegura su portavoz parlamentario, Carlos Aymerich. El presidente, destacó, no es capaz de echar de su Gobierno a alguien que firmó 'certificaciones de obras falsas'.

El problema de Feijóo es que, en el caso de Hernández, llueve sobre mojado. La Consellería de Presidencia tramita todavía un expediente abierto contra él por el anterior Gobierno después de conocer, a partir de una información de El País, que había trabajado durante un tiempo para dos empresas que recibieron contratos de su departamento.

La Ley de Incompatibilidades de Galicia prohíbe que ex altos cargos como Agustín Hernández puedan realizar, durante dos años, actividades privadas relacionadas con expedientes con los que hubiesen tenido que ver cuando formaban parte del Gobierno. Eso mismo es lo que la oposición sostiene que Hernández hizo apenas unos meses después de abandonar la dirección general de Obras Públicas en el último Gobierno de Fraga. Primero fichó como director de construcción de Sercoysa, después como consejero de Puentes y Calzadas, ambas beneficiarias de adjudicaciones millonarias decididas por la Xunta que presidía el fundador del PP.

'No es el pasaje más elegante de su vida laboral', reconoció el propio Núñez Feijóo cuando fue preguntado en una entrevista por el periplo profesional de Hernández.