El Gobierno ya ha tropezado con la primera piedra en su camino hacia una TVE sin publicidad: las operadoras de telecomunicaciones. Y no son convidados de piedra en el nuevo modelo. Se trata de agentes clave, en la medida en que el Ejecutivo quiere imponerles, como ayer por la tarde les dijo María Teresa Fernández de la Vega, un nuevo gravamen: que el 0,9% de sus ingresos brutos (unos 288 millones) se destine a sufragar el 24% del presupuesto anual de RTVE (1.200 millones).

Tras la reunión con De la Vega, los operadores asociados en Redtel –Telefónica, Vodafone, Orange y Ono– emitieron un comunicado en el que calificaron la tasa de “dañina e injusta”. Las cuatro grandes se quejaron de la carga fiscal que sufren hoy en día (568 millones al año) y el coste del servicio universal de telecomunicaciones que deben abonar las empresas titulares de redes. Redtel esgrime que las telecos no tienen “nada que ver con el mercado publicitario en televisión” y, por tanto, como no resultan “beneficiadas” de la supresión de los anuncios en TVE, “lo lógico sería” que las cadenas privadas hicieran el “esfuerzo” para financiar la Corporación. El Gobierno prevé que las televisiones comerciales entreguen el 3% de sus ingresos.

Las operadoras recuerdan  que son una industria “netamente inversora”, por lo que “pretender gravarla aún más es contrario a sus intereses”. Además, alertan del “alto riesgo de aumento de precios” para los consumidores. También rechazan que la tasa de ocupación del espectro radioeléctrico, que actualmente pagan, acabe en RTVE, ya que manifestaría una “fuerte contradicción” entre las decisiones del Ejecutivo y el “apoyo al sector” que predica.

Desde el Gobierno se pidió ayer “tranquilidad” y se repitió la “voluntad de consenso” con todos los afectados.