'¡Le pego dos hostias y le rompo la cara!”, amenaza Francisco Hernando, El Pocero, antes de lanzarse palo en ristre tras el cámara de televisión.

Desde la fecha en que se grabó ese vídeo, mayo de 2007, algunos métodos han cambiado en este Goliat de la construcción que cuatro años antes había logrado una rapidísima y ancha vía libre para levantar 13.500 pisos en el municipio toledano de Seseña (5.300 vecinos entonces) y levantarlos en El Quiñón, un erial sin agua separado del casco urbano.

El empresario, que prospera ahora en la Guinea de Teodoro Obiang, ha guardado el palo para colgarse el fusil de las querellas y las dispara, ya van diez, contra Izquierda Unida, que en 2006 denunció la operación de El Quiñón ante la Fiscalía Anticorrupción. A esa decena de denuncias se suma una undécima lanzada por un ex edil socialista cuya hija, como otros dos ex concejales, trabajaba para el constructor. Hubo otra querella más –la primera, en 2004– pero Hernando la retiró. Prevaricación –por retrasar planes urbanísticos o no dar licencias–, calumnias, falsa denuncia, estafa y coacciones son los delitos alegados por El Pocero.

¿Contra quién dispara exactamente Hernando? Sobre todo, contra Manuel Fuentes, alcalde de Seseña desde 2003, líder local de IU y gota malaya del plan urbanístico (PAU) impulsado por el constructor con el respaldo del anterior regidor del municipio, el ex socialista José Luis Martín. En julio de 2008, dos años después de haber activado la maquinaria de la investigación, una juez obligó a Fuentes a depositar 133.000 euros de fianza por si finalmente se demuestra que calumnió a El Pocero: el alcalde reunió el dinero mediante colecta ciudadana. Y se ha librado de otra fianza de 168.000 dictada por la misma juez y luego anulada por la Audiencia de Toledo, que archivó la querella. En lo que la federación considera una endiablada paradoja para el sentido común, Hernando ha logrado hasta hoy permanecer ajeno a la investigación abierta a instancias de IU mientras acorrala judicialmente a su denunciante. A Fuentes, cuyo partido sostiene que el promotor de El Quiñón “compró voluntades políticas”.

La denuncia de IU en 2006 ante la Fiscalía Anticorrupción fue la que terminó convirtiendo al ex alcalde José Luis Martín en imputado por soborno. La Fiscalía Anticorrupción le atribuye haber manejado 670.000 euros de origen desconocido. Uno de sus hijos trabaja para El Pocero. Tanto él como el resto de su equipo de gobierno –el PSOE metió la excavadora y los echó a todos del partido– aprobaron el plan de la macrourbanización 17 días antes de las elecciones municipales de 2003. De su enriquecimiento, alega Martín, tiene la culpa un cupón de la ONCE. La Fiscalía no se lo cree.

La misma juez que impuso a Fuentes las dos fianzas citadas, la titular del juzgado de instrucción número 4 de Illescas, instruye las diligencias por cohecho sobre el ex alcalde socialista José Luis Martín, contra quien no pesa ninguna medida cautelar, asegura IU. Según los abogados de la formación, Martín intenta ahora que la Audiencia de Toledo expulse de la causa a IU, que ejerce la acusación popular.

De momento, el Goliat de Seseña va ganando, aunque tres de las 11 querellas ya se han archivado. Para redondear la paradoja, Fuentes –al menos así lo cuenta su entorno– se ha visto “forzado” a ejecutar el plan de El Quiñón: quedó ratificado con él como alcalde, pero gracias a los votos de PSOE y PP, que en el mandato 2003-2007 sumaban ocho concejales frente a cinco de IU. “Nos obligaron a llevar el asunto a un pleno extraordinario, pese a que el PP se había opuesto hasta entonces al plan. Pedimos a la Junta que lo parara, pero me dijeron que eso lo tenía que solucionar el Ayuntamiento”, cuenta Fuentes. En declaraciones a Público, el consejero de Ordenación de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez, subrayó que la Junta impuso “numerosas subsanaciones”, pero aseguró que no tiene competencias para tumbar un plan urbanístico.

La versión de El Pocero, transmitida por correo electrónico a través de su portavoz, el periodista Alfredo Urdaci, difiere por completo: “Fue el alcalde el que reactivó el proyecto del Residencial. Fue aprobado por la anterior corporación y Fuentes podía haberlo suspendido [pero] le dio más velocidad con sus decisiones”.

En el proyecto hay puntos conflictivos que no se tuvieron en cuenta en el plan. Y no sólo la falta de agua. Ahora, por ejemplo, el Ayuntamiento negocia qué hacer con la línea de alta tensión que sobrevuela el área central de El Quiñón y cuyo soterramiento resulta inviable. “La Junta de Castilla-La Mancha debería haber exigido un informe, pero no lo hizo”, asegura IU. El Pocero no participa en la negociación con Red Eléctrica: no es su problema, viene a decir su director de comunicación. El consejero castellano-manchego Julián Sánchez no conoce el tema.

El gran interrogante del caso se deriva, precisamente, del delito imputado a Martín: por definición, el cohecho exige que alguien pague y alguien cobre. Los indicios apuntan a que Martín cobró, pero no hay constancia de que El Pocero pagara.

En espera de que la incógnita se resuelva, si se resuelve, IU no descarta que El Pocero presente más querellas. Su coordinador general, Cayo Lara, tampoco se ha librado de la frenética actividad denunciadora del constructor: un juzgado de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) y otro de Madrid lo investigan en calidad de imputado por los presuntos delitos de injurias y calumnias, en el primer caso, y de denuncia falsa en el segundo. El epicentro jurídico de las querellas se localiza en el despacho madrileño de Sanz Arribas & Cid Abogados. Esa misma dirección consta como domicilio registral del Grupo Francisco HernandoContreras SL.

Fuentes responde cauto a la pregunta de cómo se vive llevando el fardo de esas once querellas. “No es grato estar sometido a la presencia constante en los tribunales”, dice. En IU existe la certeza de que El Pocero se ha propuesto “colapsar” los juzgados y el Ayuntamiento de Seseña. No es el único riesgo: con un presupuesto anual que no pasa de 11 millones –el de 2009 aún no se ha aprobado–, el Consistorio se enfrenta a una demanda astronómica: Hernando exige 45 millones por reclamación patrimonial. Y, según el Consistorio, se niega a pagar los dos millones correspondientes a obras de canalización para llevar agua a El Quiñón. Nuevamente, El Pocero difiere: “El Ayuntamiento –alega Urdaci– cambió el sistema de adjudicación de las obras del agua. Utilizó un proyecto encargado y pagado por el Grupo Hernando para adjudicar esa obra a Hispánica de Construcciones, que presentó una oferta más cara y con más plazo de realización”. Sin sentencia, “no existe posibilidad alguna de deuda”, remata.

El agua seguirá llegando a través de una tubería provisional a los 2.800 vecinos censados ahora en El Quiñón. De los 13.500 pisos proyectados se han hecho 5.095, según el Ayuntamiento; 5.600, según El Pocero, “y faltan muchos por construir”, añade su portavoz, cuyo correo electrónico rezuma satisfacción: “Hoy, quienes están acusados son Cayo Lara y el alcalde Manuel Fuentes”. El Pocero, mientras, hace urbanismo en Malabo.