Los familiares de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 han afirmado este martes que la sentencia de la Audiencia Nacional 'no cierra las heridas y ni resarce del dolor' sufrido en los últimos 6 años, y 'sólo falta determinar los responsables políticos' del asunto, en alusión a Federico Trillo.

Minutos después de que el juez diera a conocer la sentencia, el presidente de la Asociación de familiares de víctimas del YAK, Miguel Angel Sencianes, ha declarado que 'no queda mucho para llegar a la verdad y no es remoto constatar que Trillo ordenó tapar este asunto, lo que le convierte en encubridor'.

En su opinión, la sentencia es 'seguir caminado' y ha considerado una 'ruina' que tras seis años la Audiencia Nacional ha llegado hasta el general Navarro y nadie más'.

Ha agregado que la decisión del juez Javier Gómez Bemúdez 'da credibilidad' a las familias que siempre mantuvieron que se produjo una inmoralidad con los familiares.

Por su parte, Francisco Cardona, padre de uno de los militares fallecidos, ha afirmado que la sentencia no resarce del dolor porque 'me han quitado a mi hijo'.

'No es normal que con todas las pruebas sobre la mesa se pongan penas que ni siquiera cumplirán', ha asegurado Cardona, quien ha afirmado que 'esto no ha terminado. Esto es una batalla, no la guerra'.

Para Abilio, padre del sargento fallecido Sergio López, ha calificado la sentencia de 'suave' y ha señalado que se tenían que haber sentado en el banquillo Federico Trillo y José María Aznar.

Este juicio ha demostrado que durante seis años se ha sufrido un proceso de 'mentira, ocultación y prepotencia' por parte de los implicados contra las familias de los militares

fallecidos.

Ha instado a los culpables a pedir perdón a las 60 familias destrozadas de los militares que muertos.

Los cerca de medio centenar de familiares que se han concentrado en las puertas de la Audiencia han coincidido en destacar que la Audiencia ha admitido la condena por delito y han señalado que ahora toca reflexionar y 'llorar en silencio'.

La Audiencia ha condenado a tres años de prisión al general Vicente Navarro y a un año y medio de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres de los militares fallecidos.