La decisión del Tribunal Constitucional de enmendar al Tribunal Supremo y permitir que Iniciativa Internacionalista (II), una lista que el Ejecutivo y las Fuerzas de Seguridad del Estado habían considerado instrumento de ETA, se presente el 7-J fue ayer acatada por la gran mayoría de los partidos y el Gobierno. Sólo el PP criticó con dureza el fallo y a los seis magistrados, a los que situó 'al margen de la realidad' por sus argumentos.

Con esta contundencia se expresó la secretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal. La número dos de Rajoy definió de 'franquicia de ETA' la candidatura del dramaturgo Alfonso Sastre y aseguró que, pese a 'respetar' la sentencia, 'no la comparte en absoluto'. El juicio severo de Cospedal no fue aislado. La secundaron el candidato europeo, Jaime Mayor Oreja, y la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría. El primero avisó de que la decisión no es 'ni correcta ni adecuada', y la segunda lo definió como 'un error'. El eurodiputado Carlos Iturgaiz afirmó que el fallo es 'un retroceso' en la lucha contra ETA.

Los conservadores y el PSOE muestran incomodidad por el criterio del tribunal

El PSOE, que en el 2002 promovió la Ley de Partidos con el PP, se mostró menos radical pero no escondía su decepción después de que el Gobierno consiguiese en primera instancia la ilegalización en una dividida sala especial del Supremo. Su candidato el 7-J, Juan Fernando López Aguilar, que redactó la ley con el entonces ministro de Justicia Ángel Acebes, se apoyó ayer en la nueva negativa de II a condenar a ETA para constatar los 'indicios' para insistir de nuevo en la ilegalización. Aguilar 'respeta' la decisión del TC pero se reservó su opinión sobre el contenido de la sentencia.

El Gobierno no fue más entusiasta que el PSOE y el PP, informa Ana Pardo de Vera. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega aseguró 'acatar y respetar' el fallo pero no obvió que el Ejecutivo instó a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado a iniciar 'actuaciones' contra la candidatura para garantizar el 'escrupuloso cumplimiento de la Ley de Partidos'. Es por eso que ahora permanecerá 'vigilante' para que nadie se la salte.

A su vez el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendió la actuación de la Guardia Civil y la Policia Nacional, en cuyos informes fomentó el Supremo la ilegalización. El Constitucional, en cambio, soslayó las valoraciones de los cuerpos de seguridad y se fijó sólo en los tenues indicios de conexión entre II y ETA-Batasuna. El ministro afirmó que el TC había hecho su trabajo 'al igual que las Fuerzas de Seguridad del Estado'.

Los nacionalistas insisten en que es necesario derogar la ley de partidos

Democracia en riesgo

Las minorías sí se mostraron satisfechas por el fallo. IU, que hasta ahora había evitado apoyar a II, vio, por boca de su diputado Gaspar Llamazares, una 'impugnación a la ley de partidos' en la sentencia del TC. El coordinador general, Cayo Lara, avisó contra el riesgo de 'ilegalizar ideas' sin base. Aralar, ERC y EA pidieron la derogación de una ley 'que pone la democracia en riesgo'. Joan Puigcercós, líder de Esquerra, fue más allá y afirmó que si el TC hubiera aplicado antes un criterio similar 'Patxi López no sería lehendakari'.