El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón calcula que a lo largo de su carrera profesional se han presentado contra él 48 querellas. Ayer, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió admitir a trámite la primera de ellas por el delito más grave que puede imputarse a un juez: prevaricación, que castiga el dictar una resolución a sabiendas de que es injusta. La querella admitida, interpuesta por el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias, se refiere a la investigación realizada por el magistrado de los crímenes del franquismo.

El auto del Alto Tribunal, del que ha sido ponente el ex vocal del Consejo General del Poder Judicial Adolfo Prego, apenas dedica una página a explicar qué resoluciones de Garzón han dado pie a nombrar un magistrado instructor para determinar si cometió un delito de prevaricación. El resto del auto recuerda de forma cronológica las visicitudes que siguió la causa con la que Garzón abrió una vía para investigar los crímenes franquistas.

El PP fue el único partido que se congratuló del auto del Supremo

En esa página, la número 16 de un auto de 17, la Sala de lo Penal destaca que el 18 de noviembre del año pasado el juez 'declaró extinguida la responsabilidad por fallecimiento respecto de los delitos contra altos organismos de la nación y la forma de Gobierno de una serie de personajes históricos y que ahora ya son 45; es decir, diez más de aquéllos cuyas certificaciones de defunción se solicitaron en anterior resolución'. Ese día Garzón remitió la instrucción de la causa a 45 juzgados.

Carece de competencia

El auto del Supremo añade que 'la investigación sumarial se centró en delitos para los que el juzgado reconoce carecer de competencia material, salvo por razón de su conexión con otro delito (el cometido contra altos cargos de la nación) del que se proclama competente, pero que ni está vigente ni investiga, y por el que se incoa el procedimiento, y en cuyo ámbito declara extinguidas unas responsabilidades penales por razón de fallecimientos, sucedidos notoriamente decenios antes de la incoación'. La resolución dice que esas decisiones no pueden considerarse 'algo ajeno al tipo penal de prevaricación', por lo que debe admitir a trámite la querella.

El instructor será Luciano Varela, que ya investigó los gastos del juez

Sin embargo, fuentes jurídicas destacaron que este argumento es 'perverso', porque para admitir una querella por prevaricación contra un juez debe hacerse un 'enjuiciamiento indiciario cautelar' y hallar argumentos que acrediten la decisión injusta. Además, insisten en que es imposible calificar de prevaricadoras resoluciones que fueron revisadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia y que compartieron en mayor o menor medida cuatro de sus magistrados.

Recurso de súplica

Garzón, que dijo sentirse 'tranquilo', porque 'la ley es igual para todos', ha designado como abogado al penalista Gonzalo Martínez-Fresneda. El magistrado recurrirá en súplica el auto de admisión de la querella, en el que se nombra instructor a Luciano Varela, que ayer archivó definitivamente una querella anterior contra el juez de la Audiencia Nacional por sus gastos en Nueva York, que el CGPJ investiga ahora.

Mientras el PSOE mostró su respeto por la decisión del Supremo, el PP la calificó de 'valiente y ejemplificadora'. Su portavoz, Soraya Sáez de Santamaría, añadió que 'nadie puede utilizar a su antojo la ley'. Los abogados de la Memoria creen, en cambio, que persigue el olvido de los crímenes franquistas y sólo busca desprestigiar al juez a través de una querella que 'carece de todo fundamento'.