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Rita Barberá, alcaldesa de Valencia y presidenta de la Federación de Municipios entre 1995 y 2003, con Francisco Camps. - EFE

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, ha ordenado rastrear todas las facturas emitidas por empresas adscritas a la trama Gürtel durante el mandato de la dirigente del PP Rita Barberá (1995-2003). Así lo confirmó ayer Castro después de que Público desvelase cómo la empresa Pasadena Viajes SL, una de las firmas con que operaba el grupo de Francisco Correa, facturó a la FEMP 283.000 euros entre junio de 2000 y diciembre de 2003. Este periódico intentó ayer sin éxito que Barberá, alcaldesa de Valencia, ofreciese una explicación sobre el peso creciente alcanzado durante su mandato por Pasadeja Viajes, que llegó a copar el 30% del presupuesto de la FEMP para desplazamientos.

"Hemos encontrado más documentación y la estamos revisando", explicó a este diario el máximo responsable de la organización municipalista. Y, según sus palabras, el hallazgo, aún incompleto, ha resultado penoso: "Dejaron [el equipo de Barberá] los cajones de la FEMP más limpios que la patena de un cura. Todo el material que está apareciendo estaba en el trastero, en el sótano, dentro de los archivos como perdido, yo creo que no se lo llevaron porque no lo vieron".

Ningún convenio

Pasadena, que cargó a la FEMP más de 200 facturas en dos años y medio, no fue la única empresa de la red tejida por Correa que prestó servicios a la asociación de municipios bajo mandato de Barberá. Special Events organizó tanto la asamblea general de la Federación celebrada en 1999 como la de 2003. Por la adjudicación a dedo- de esos dos actos cobró 800.000 euros. Según el diario El País, la contabilidad secreta del grupo de Correa consigna un pago de 30.000 euros al entonces secretario general de la FEMP y ex jefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos, el ex diputado del Parlamento andaluz por el PP Álvaro de la Cruz.

Ahora, el sucesor de Barberá al frente de la FEMP ha venido a confirmar que los trabajos de gestión de viajes y alojamiento de los miembros de la FEMP se le encomendaron a dedo a Pasadena Viajes. "No hay ningún convenio", asegura Castro. Ni ningún papel indicativo de que la federación seleccionó a Pasadena tras pedir ofertas a distintas empresas. Si existiera, aduce el también alcalde de Getafe (Madrid), quedaría constancia en los archivos.

Convertido en bestia negra del PP desde que en diciembre definió a los votantes de derecha como "tontos de cojones", Castro subrayó ayer que la llegada del socialista Francisco Vázquez a la cúpula de la FEMP en noviembre de 2003 significó el cerrojazo para Special Events y Pasadena Viajes.

El motivo, enfatiza, fue estrictamente económico: "Entonces no sabíamos lo que iba a ocurrir cuatro años después, pero simplemente se vio que el servicio que ofrecían era el peor y el más caro". Es decir, no sólo las tarifas ofertadas eran las más altas sino que, por ejemplo, en el caso de gestión de billetes y de contratación de hoteles "daban menos prestaciones, menos complementos que las demás empresas".

Ferviente defensora del presidente de Valencia, Francisco Camps, imputado en el caso Gürtel, Barberá sostuvo el jueves que, con el PSOE, "se pudre el Estado de Derecho". Ayer, Alborch le dio la réplica: "La alcaldesa, que parece tan preocupada por el Estado de Derecho, debería tener en cuenta que obliga a cumplir las leyes y a no dar tratos de favor. O a lo mejor le gustaría que sólo se aplicara el Estado de Derecho para sus intereses particulares o partidistas".

Recientemente expulsada del pleno parlamentario por vestir una camiseta con el lema "se busca" junto a la foto de Camps, Oltra cree que Barberá "se está cubriendo las espaldas", aunque su estilo "autoritario" y "sin transparencia" hace presumir a la diputada izquierdista que podría no ser "ajena a los tentáculos del caso Gürtel".

En Madrid, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, evitó pronunciarse sobre la facturación de Pasadena a la FEMP alegando que desconocía por completo el asunto y que el caso Gürtel ya está en los tribunales. Desde el Gobierno, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega eludió opinar al respecto.