El PP andaluz, dirigido por Javier Arenas, se resiste a dar su apoyo a la primera ley que regulará la muerte sin dolor en España . 'No nos oponemos a que haya una norma porque así lo marca el Estatuto [aprobado por PSOE, PP e IU], pero antes de apoyarla tenemos que leer el texto y comprobar que no violenta a nadie ni atenta contra las creencias de los pacientes, familiares o la seguridad de los médicos. Claro que nos interesa la muerte digna, pero también la vida digna y hay un millón de parados en Andalucía', dijo este miércoles preguntado por Público, sin terminar de aclarar qué hará su partido. Declaraciones que van en la misma línea ya manifestada por el presidente del PP, Mariano Rajoy.

La Ley de Muerte Digna, cuyo proyecto fue aprobado el pasado martes en el Consejo de Gobierno, genera un fuerte debate interno en el PP entre el sector más moderno y el ala más conservadora, en línea con las tesis de la Iglesia, que este miércoles volvió a cuestionar la conveniencia de la norma.

Tal y como está redactada, la futura norma, que ha sido enviada al Parlamento donde el PSOE tiene mayoría absoluta tras un año de elaboración en el que se ha tratado de buscar el máximo consenso con médicos y pacientes, no tendría por qué violentar a nadie, según sostienen los socialistas y algunos dirigentes conservadores de ala moderada. ¿Las razones? Garantiza los derechos de los pacientes ya recogidos en otras leyes estatales, regula buenas prácticas médicas que impedirían, por ejemplo, otro caso Leganés y excluye la parte más polémica: la eutanasia y el suicidio asistido, delitos según el Código Penal.

Lo que preocupa a los conservadores es un aspecto que no aborda la ley: la objeción de conciencia. Según el texto, la voluntad del paciente es sagrada, y debe ser el hospital, público o privado, el que garantice que se cumple su decisión, que es, además, su derecho. 'No hay motivo para regularla porque raramente un médico se opondrá a una buena práctica', explicó la consejera de Salud, María Jesús Montero (PSOE). Si hubiese que hacerlo añadió, correspondería al Gobierno central. Fuentes socialistas dijeron hoy que la norma tiene poco margen para ser modificada, al ser un texto muy trabajado y consensuado, aunque están dispuestos a hablar.

Tampoco IU, que impulsó la mención del derecho a una muerte digna en la redacción del nuevo Estatuto, está por la labor de que se produzcan rebajas durante la tramitación parlamentaria: 'El interés del paciente tiene que estar por encima del interés del profesional, no cabe la objeción de conciencia. Seguiremos al lado del Gobierno si mantiene los aspectos más avanzados de la ley y, en la medida de nuestras posibilidades, no consentiremos que grupos no democráticos, con la Iglesia a la cabeza, vacíen de contenido una norma que la sociedad demanda', dijo José Manuel Mariscal, portavoz de Salud de IU en Andalucía. Su partido confía, además, en que abra 'por fin' un debate sobre los límites de la legislación estatal.

Desde que comenzó a fraguarse, la ley andaluza ha sido recibida con aplausos por muchos sectores, pero también ha servido de diana para la Iglesia. El pasado julio, el cardenal de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, calificó la ley, sin ni siquiera estar escrita, como un 'entretenimiento absurdo de la Consejería de Salud'. Y este miércoles, en declaraciones a Religión Digital, prefirió 'esperar a conocer bien el texto definitivo', aunque mostró su malestar por el hecho de que, en la normativa, 'da la sensación de que se parte de casos excesivamente particulares para tratar una legislación con carácter general, lo que provoca ciertamente inconvenientes. No se puede tratar la norma general desde la óptica de la excepcionalidad', informa Jesús Bastante.

La ley nace inspirada en los casos de Leganés y de Inmaculada Echevarría, que tuvo que ser trasladada de un centro religioso a uno público para poder ser desconectada del respirador que la mantenía con vida, como reclamaba. Con esta ley, cualquier paciente en situación terminal tendrá garantizado ese derecho y cualquier médico podrá aplicar buenas prácticas sin sufrir el calvario del doctor Montes.

Por otro lado, Asturias, comunidad gobernada también por el PSOE, dijo que no se plantea elaborar una norma similar a la andaluza.