El final de curso en Galicia está siendo más complicado de lo previsto. La decisión del nuevo Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP) de distribuir entre los padres un cuestionario en el que les pregunta acerca de la presencia que, a su juicio, deben tener castellano, gallego e inglés en la educación de sus hijos ha desatado un vendaval de protestas que amenazan con recrudecerse a lo largo de esta semana. El reparto de los cuestionarios terminó el lunes y su recogida deberá concluir este viernes.

Durante la campaña electoral, el PP y la derecha mediática airearon la existencia de un supuesto conflicto lingüístico que en Galicia sólo sostenía una asociación minoritaria, Galicia Bilingüe.

En ese contexto, los conservadores gallegos se comprometieron en su programa a 'garantizar que se respete el derecho de los padres y de los niños a elegir cuál es la lengua materna de sus hijos' y a garantizar, igualmente, 'el equilibrio y la proporcionalidad en las materias que se imparten en gallego y castellano en el sistema educativo'.

Previamente, prometía también el programa del PP, 'la Administración escuchará la opinión de los padres en relación con las materias que se impartirán en cada idioma'.

Pasaron las elecciones, el PP ganó y pronto descartó, por inviable económicamente, la hipótesis de la segregación (aulas en gallego y aulas en castellano). Ahora acaba de concretar ese compromiso de respetar la decisión de los progenitores: ha impulsado una macroconsulta a los padres de los 330.000 alumnos gallegos de educación infantil, primaria, secundaria y formación profesional.

La Consellería de Educación ha distribuido a los 1.490 centros cuestionarios de respuesta voluntaria y supuestamente anónima con los que pretende averiguar las preferencias de los padres. Si quieren, por ejemplo, que sus hijos aprendan a leer y escribir en uno u otro idioma o si están de acuerdo con que se impartan contenidos en inglés.

La encuesta ha alarmado a las organizaciones preocupadas por la normalización de un idioma que busca aún su espacio al mismo nivel que el castellano. El primero en dar un paso fue el sindicato nacionalista CIG mayoritario en el sector, que el pasado lunes recurrió por vía administrativa la consulta de la Xunta por incumplir las garantías mínimas de secreto y transparencia, pero no prosperó. El sondeo es 'engañoso, una chapuza, una propuesta perversa, una involución', señaló a Público el responsable de CIG-Enseñanza, Anxo Louzao.

Su sindicato también se dirigió anteayer al Tribunal Superior de Galicia (pide la suspensión cautelar del cuestionario) y la Agencia de Protección de Datos por 'el uso fraudulento de los ficheros académicos' y la 'vulneración' de dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y la sindical.

Y es que la Xunta ha remitido a los directores de los colegios una circular donde les prohíbe informar u opinar sobre la consulta. 'Están amedrentando a la gente, amenazándola con sanciones', protesta Alba Nogueira, presidenta de una Asociación de Padres de Alumnos en la capital gallega y especialista en Derecho Lingüístico en la Universidad de Santiago.

En contra de la consulta se sitúan A Mesa pola Normalización Lingüística el grupo más activo de defensa del gallego, multitud de asociaciones ligadas a la enseñanza (incluida la confederación de asociaciones de padres de centros públicos), los sindicatos CIG, CCOO, CSI-CSIF y UGT, y la oposición, PSdeG y BNG.

Todos comparten las críticas. 'La encuesta carece de rigor científico. ¿Cómo sabrá la Xunta quién la rellena?', reprocha Carlos Callón, presidente de la Mesa. Tras su reunión con el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, Callón constató que la consulta es 'un teatrillo' que muestra la actitud 'chulesca' de la Xunta, pues aprobará su decreto 'regresivo' del gallego en la enseñanza sin contar con la comunidad educativa. 'La escuchará, pero no hará nada', añade.

Para el diputado socialista Guillermo Meijón, la iniciativa es 'falaz y frívola, frente al modelo integrador y de concordia que promovió el bipartito de PSOE y BNG'.

Los opositores al pseudoreferéndum denuncian que el currículum escolar no puede ser establecido exclusivamente por los padres porque afecta a toda la sociedad, como tampoco puede quedar al arbitrio de los progenitores la proporción de horas que se dedican a las matemáticas o los contenidos de historia.

En un manifiesto, las organizaciones contrarias a la consulta han recordado que el objetivo del Plan de Normalización aprobado por unanimidad de todos los partidos en 2004, en tiempos de Manuel Fraga, era lograr que al final de la enseñanza obligatoria los alumnos fueran plenamente competentes en gallego y castellano, lo que 'no puede conseguirse con menos del 50% de las materias impartidas en gallego'.

La Consellería de Educación, explica un portavoz, 'tendrá en cuenta' las respuestas que reciba (y que ha prometido tratar de forma confidencial) para derogar el decreto de normalización del gallego aprobado por el bipartito en 2007. Decreto que contaba inicialmente con el aval del PP, aunque luego este acabó descolgándose.

En todo caso, la norma que Feijóo quiere eliminar y que garantizaba la enseñanza en gallego de, al menos, el 50% de las materias, se aplicará en el curso 2009-2010. No hay tiempo para tramitar el nuevo decreto, que Vázquez quiere tener esbozado para agosto y aprobado 'antes de Navidad', dijo ayer.

La Xunta insiste en que 'no hay nada predefinido'. La oposición desconfía. Cree que todo está 'cocinado'. Y que se verá el 'retroceso'.

1. Normalización con Fraga // La historia se remonta a 1983, cuando Xerardo Fernández Albor, de Alianza Popular, aprobó la Ley de Normalización Lingüística por unanimidad. En septiembre de 2004, con Fraga en la Xunta, PP, PSdeG y BNG aprobaron el plan general de normalización, que recoge más de 400 medidas concretas  para extender el uso social del gallego. Colaboraron más de un centenar de especialistas.

2. El desarrollo, con Touriño // PSdeG y BNG llegaron a la Xunta en 2005. Les quedaba desplegar el plan de Fraga. Lo hicieron con el PP. Pero, en el último minuto, el 28 de junio de 2007, cuando el Gobierno de Emilio Pérez Touriño aprobó el decreto, el PP se desmarcó. Feijóo dijo que no se respetaba el “bilingüismo armónico” ni las recomendaciones del Consejo Consultivo. El bipartito vio la presión de Mariano Rajoy.

3. 'Un compromiso electoral' // La Xunta de Alberto Núñez Feijóo “respetará” lo que digan los padres, aunque no será vinculante. Y “buscará consensos” con todos los sectores. ¿Y si no es posible? “Derogar el decreto es un compromiso electoral del PP”, recordó ayer el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez.