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La juez del incendio de Guadalajara mantiene la imputación a cargos políticos

En un auto de ratificación que desestima la petición del fiscal, mantiene también la petición de delito

La juez instructora del caso del incendio de Guadalajara en el que murieron once personas ha dictado un nuevo auto, de réplica a los recursos de reforma de las partes a otro auto suyo del 20 de mayo, en el que ratifica sus decisiones: que veinte personas sean imputadas y que se abra un procedimiento abreviado.

El abogado defensor de varios trabajadores de la Junta de Castilla-La Mancha, Esteban Mestre, ha indicado este martes que este nuevo auto le fue notificado este lunes, y ha explicado que no tiene relación con la reciente petición del fiscal.

El nuevo auto de la juez desestima todos los recursos de reforma interpuestos, hechos por todas las partes excepto dos: el abogado del excursionista Marcelino H., quien prendió la barbacoa, y, precisamente, por el fiscal.

El auto desestima tanto recursos de la defensa -que pretendían que no se impute a sus defendidos- como recursos de la acusación -que, por ejemplo, proponían añadir delitos de daños imprudentes-.

Mestre ha lamentado que el auto sea escueto y no entre en el fondo ni en la forma de los razonamientos de cada uno de los recursos, y se limite a desestimar todos, sin entrar en detalles.

Entre los imputados, a los que se adscriben varios presuntos delitos, se mantienen el ex delegado de la Junta en Guadalajara, Sergio David González, y el director general de Política Forestal, José Ignacio Nicolás, ambos por presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave. 

También se encuentran entre los imputados la ex consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, que dimitió poco después del incendio; y el alcalde de Riba de Saelices, término en el que se produjo el fuego, José Luis Samper. 

Este auto, que cierra las diligencias preparatorias, propone que se abra la fase intermedia del proceso continuando con un procedimiento abreviado, sin que se transforme en uno ordinario.

La petición del fiscal insta a que el procedimiento sólo pueda ser ordinario (dado que el rango agravado del delito supera los nueve años de prisión), lo que llevaría a cerrar la posibilidad de que el juicio se sustancie en el juzgado de lo penal de Sigüenza y sea preceptivo que sea en la Audiencia Provincial.

Pero a ese escrito del fiscal no ha de contestar la juez de la instrucción y de la fase intermedia, María del Mar Lorenzo, sino que va dirigido al juicio oral.

Para el auto que desestima los recursos de las partes existe un plazo de apelación de cinco días, apelaciones que dirimirá la Audiencia Provincial.

Con el auto, asimismo, se abre un plazo de diez días para los escritos de calificaciones provisionales de las acusaciones.

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