'El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no puede estar sometido a una guerra interna'. Esta afirmación, hecha a Público por un alto cargo gubernamental, apunta a que Alberto Saiz tiene contados los días al frente de los servicios de inteligencia, salvo que logre en un tiempo récord lo que, a juicio del mismo interlocutor, parece misión imposible: 'Recuperar el control y pacificar la vida interna del Centro'.

Este planteamiento de fondo es, según fuentes gubernamentales, el que explica el anuncio hecho por la ministra de Defensa, Carme Chacón, ante el Pleno del Congreso. 'No sólo la Cámara está teniendo toda la información. Yo misma he solicitado una información completa de forma reservada alrededor de esas acusaciones', dijo la ministra a propósito de las denuncias que contra la gestión de Saiz ha recogido El Mundo y que el PP ha hecho suyas. El inusual anuncio se produce sólo veinticuatro horas después de que el director del CNI acudiera por segunda vez a la Cámara (esta vez a puerta cerrada) para defenderse de las acusaciones y de que el propio presidente apuntara que tiene la confianza del Gobierno 'mientras esté en el cargo'.

La ministra espera recibir ese informe en el plazo de 15 días y será con él sobre la mesa cuando Zapatero decida si lo mantiene en el cargo. Las fuentes consultadas rechazaron que ese sea el plazo del que dispone Saiz para recuperar las riendas del CNI, pero reconocieron que si para entonces persiste la situación de crisis interna, la destitución será inevitable.

La inquietud del Gobierno obedece no tanto a las acusaciones de nepotismo y presunto uso de fondos públicos para actividades privadas como al deterioro, interno y externo, que está provocando en el CNI. Si, como Saiz alegó, todo responde a 'una venganza' de algunos agentes, en el Ejecutivo se cree que el goteo de filtraciones será imparable mientras que no sea destituido. Y, según fuentes socialistas, 'si de verdad tuviera la plena confianza del presidente, le habría dado ya toda la autoridad para que esos agentes estuvieran fuera del Centro'.

Mientras, el PP mantuvo este miércoles toda la presión sobre al director del CNI. Durante la sesión de control, los conservadores volvieron a acosar a Chacón exigiendo la comparecencia de Saiz en la comisión de Defensa (pública) o si se niega, su dimisión. Como respuesta, ella se centró en las acusaciones de corrupción dejando de lado el lío interno del Centro.

Chacón aludió a la extensa documentación que Saiz mostró en su primera comparecencia y depositó en el Congreso en la segunda. 'El PP reprochó y  no gastó ni un segundo' en mirar las facturas. Lo hizo más tarde, cuando, una vez registradas, su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, obtuvo permiso para consultarlas.

Chacón guardaba un último cartucho. La ministra instó al PP a acudir a los tribunales en caso de tener conocimiento de algún delito. La conservadora Rodríguez Salmones cayó en la trampa y replicó: 'Usted no me manda a los tribunales; soy una diputada controlando a una ministra'. Fue entonces cuando Chacón sacó la munición del caso Gürtel. Viendo la actuación del PP en los casos que afectan al partido, zanjó, 'entiendo que no buscan la transparencia, la asunción de responsabilidades, ni mucho menos la Justicia'.

1-Uso de fondos públicos

Según el diario 'El Mundo', Alberto Saiz utilizó en al menos seis ocasiones, dos veces en México y el resto en África, dinero público para satisfacer sus aficiones de caza y pesca. Los viajes se produjeron supuestamente entre los veranos de 2006 y 2008.

2-Uso de medio públicos

El diario no limita las acusaciones al dinero público. 'El Mundo' publicó, además, que Saiz utilizaba recursos y personal del Centro para beneficio propio. Así, le acusa de haber encargado a dos agentes la limpieza de su piscina, de obligar al centro a comprar todos los años la cosecha de patatas de un familiar y de ordenar pinchazos telefónicos para espiar a la asistenta de un amigo.

3-Contrataciones polémicas

La polémica también alcanza a la contratación de personal. Las mismas informaciones mantienen que Saiz se saltó los cauces apropiados para contratar personal. Según el periódico, tres sobrinos del director y la hija de uno de los dos magistrados del Supremo que se encargan del control judicial de las actuaciones que pueden afectar a los derechos fundamentales, fueron beneficiados. Además el diario denunció que al menos diez agentes han sido sometidos al polígrafo para localizar el origen de las filtraciones.