El Estatut de Catalunya ha vuelto a encallar en la lengua, según fuentes conocedoras de las deliberaciones del Tribunal Constitucional consultadas por Público.

El contenido del proyecto de ley de Educación Catalana, que se someterá a aprobación definitiva en el Pleno del Parlament que comienza mañana, ha introducido un nuevo factor de controversia en el Alto Tribunal.

La ley catalana, cuyo apartado lingüístico lleva la impronta de ERC, blinda el actual modelo lingüístico de inmersión en catalán al tiempo que esquiva el decreto estatal que fija un mínimo de tres horas semanales de lengua y literatura castellana en los centros escolares, a los que se otorga autonomía para decidir.

En cuando al derecho a la escolarización en castellano, el proyecto de ley establece que los padres podrán reclamar, al hacer la matrícula, 'que sus hijos reciban atención lingüística individualizada en castellano, cuando ésta sea su lengua habitual', pero sólo para el primer año.

A esta regulación únicamente se han opuesto el PP y Ciutadans. Además, el apartado lingüístico de la norma ha pasado el filtro del Consell Consultiu. 'El Tribunal Constitucional ha desvinculado el derecho a la educación de cuál sea la lengua docente de la enseñanza, de manera que ha dicho que no se deriva (...) de la Constitución un derecho a ser instruido en la lengua de preferencia de los padres, tutores o alumnos', según el dictamen.

Fuentes del Gobierno tripartito defienden la legalidad con el argumento de que deriva del Estatut, que tiene rango de ley orgánica y, por tanto, prevalece sobre un decreto estatal.

Sin embargo, el artículo 6.3 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) señala que es potestad del Ministerio de Educación establecer el 55% de los contenidos y horarios mínimos para las Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales.

El Govern encabezado por José Montilla ya recurrió ante el Tribunal Constitucional el decreto que regula la tercera hora de castellano, por entender que invade las competencias de la Generalitat, pero el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya instó a la Generalitat a cumplir el decreto ministerial. El conflicto de competencias es, pues, un hecho.

En el marco de la precaria e inestable mayoría de seis magistrados a favor de salvar la globalidad del Estatut frente a cuatro del sector conservador partidarios de una interpretación restrictiva, el escollo de la lengua adquiere especial relevancia por cuanto la inquietud por la ley catalana alcanza a los magistrados progresistas.

El de la lengua ha sido, desde el principio, uno de los asuntos más espinosos, junto a la Justicia, la bilateralidad, la financiación, las competencias y la declaración de que Catalunya es una nación. Esta es la que menos preocupa al estar recogida en el preámbulo como el reflejo de una declaración del Parlament.