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El diputado Arturo García Tizón y la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría. - EFE

El Partido Popular presentó ayer en el Congreso de los Diputados su propuesta para rebajar la edad mínima penal de los 14 años a los 12, vetar el acceso hasta los 14 a las redes sociales de Internet (como Facebook o Tuenti) y ampliar las penas para mayores de edad cómplices de delitos protagonizados por menores.

Estas propuestas forman parte de las más de 50 medidas del Plan Integral contra la Violencia entre los Menores, que presentaron ayer Alfonso Alonso, Arturo García Tizón y Santiago Cervera, diputados del PP en el Congreso.

Alonso propuso excluir a los menores de 14 años de las redes sociales, para protegerlos de los "contenidos violentos" de Internet. Para los mayores (hasta los 18 años), sí que sería posible, pero siempre que cuente "con el consentimiento paterno". De la vigilancia de los mensajes y correos sospechosos se encargarían, según su propuesta, varios centros de protección de menores on-line. Estas iniciativas de control tecnológico fueron las que causaron más recelos entre el resto de fuerzas políticas.

Vigilancia paterna

La portavoz del PSOE de Nuevas Tecnologías en el Congreso, Lourdes Muñoz, se opuso a la exclusión de los menores de 14 años de las redes sociales y a la imposición del consentimiento paterno porque, a su juicio, "va en contra de los derechos del menor de acceder a la información y socializarse con sus amistades".

A última hora de la tarde, el PP reculó y simplemente recomendó a los padres de chicos de entre 14 y 18 años que tuvieran "conocimiento de las actividades de sus hijos".

"A la derecha, ante cualquier reto, sólo se le ocurre prohibir, cuando lo que se debería hacer es educar a los más jóvenes para que eviten los peligros de Internet", señaló la diputada del PSOE.

Los principales portavoces parlamentarios declinaron ayer opinar sobre la reducción de la edad penal. Sin embargo, cuando el PP avanzó esta propuesta el pasado julio, tras la violación de dos chicas por sendos grupos de menores, sí que se produjo una oleada de reacciones. Algunos de los violadores tenían 13 años y los conservadores exigieron entonces la reducción de la edad penal. La reivindicación fue criticada por hacerse "en caliente". El PP lo justificó alegando que formaba parte de su programa electoral.

El PSOE está "abierto a debatir" la posible reforma, aseguró entonces la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, al tiempo que defendió la necesidad de legislar sin dejarse "llevar por casos concretos". El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, añadió que la Ley del Menor sí que permite medidas de tipo socio-educativo y de seguimiento para los menores de 14 años.

Arduo trámite parlamentario

Además del debate sobre las sanciones penales, la propuesta que realizó ayer el PP supondría un arduo trámite parlamentario. Las reformas afectarían al Código Penal, la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Autonomía del Paciente. Algunos sectores consideran desproporcionada las reformas jurídicas alegando que, aunque estos delitos son muy mediáticos y causan una gran alarma social, suelen ser casos aislados.

El grupo de trabajo del PP que preparó el proyecto, presidido por la portavoz del partido en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, estudia también otras reformas del Código Penal. Entre ellas, constituir como circunstancia agravante la participación de mayores de edad en delitos cometidos por menores e, incluso, que pase a considerarse al adulto como autor del delito, en lugar de simple cómplice.

Por último, el PP ha incluido en el proyecto la reforma de la Ley de Autonomía del Paciente. La normativa actual recoge el ingreso de menores en centros de día o de internamiento, "pero no concreta si se pueden realizar terapias acreditadas", aseguró ayer el portavoz adjunto del PP en la Cámara Baja, Santiago Cervera.

En el caso de los adultos, hay determinadas terapias que el paciente puede rechazar, pero la modificación de la ley, según la iniciativa de los conservadores, permitiría prescribir terapias "incluso en contra de la voluntad del menor", puntualizó Cervera.