La coordinadora 25-S no comunicará oficialmente a la Delegación del Gobierno de Madrid las protestas convocadas para la próxima semana en los alrededores del Congreso de los Diputados al considerar que el haberlas difundido públicamente es suficiente para que el departamento dirigido por Cristina Cifuentes tenga conocimiento de sus intenciones.

Los indignados llaman de nuevo a rodear el Parlamento los días 23 y 25 de octubre –cuando los diputados debatirán en el Pleno el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013– y a una manifestación estatal en Madrid para el sábado 27 que también concluirá en las inmediaciones de la Cámara. 

Tal y como han manifestado en varias ocasiones, los organizadores de las protestas que llaman a concentrarse en las afueras del Congreso entienden que la Constitución ampara el derecho de reunión de la ciudadanía 'sin la necesidad de hacer más peticiones'.

'No se va a pedir autorización. Entendemos que ya está comunicado y que la Delegación del Gobierno conoce nuestros pasos. Es una acción de desobediencia civil pacífica', explicaba en declaraciones a Europa Press una de las portavoces de la coordinadora. En esta misma línea, otro de los portavoces afirmaba el viernes en declaraciones a los medios a las afueras del Congreso, tras registrar un documento de rechazo a los Presupuestos Generales del Estado, que dicha comparecencia ya bastaba para comunicar 'públicamente' las próximas convocatorias.

'A la Delegación no se le pide permiso, se le comunica que se van a hacer determinadas actuaciones. Están aquí los medios, estamos comunicando públicamente esto, supongo que se dan por enterados. El derecho de manifestación está amparado por la Constitución, y no tenemos obligación de pedir permiso a nadie', señalaban.

Aunque el artículo 21 de la Constitución reconoce que el ejercicio del derecho de reunión 'no necesitará autorización previa', la Ley Orgánica 9/1983 que regula este derecho establece que 'la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquellas'.

Los organizadores también argumentan que comunicar oficialmente a la Delegación del Gobierno sus planes 'poco tiene que ver con la propuesta de desobediencia civil' que defienden. Así lo manifestaron cuando un particular, R. O. G. R., comunicó por iniciativa propia las primeras protestas convocadas por la Coordinadora el pasado 25 de septiembre, particular que esta semana ha sido sancionado con 6.000 euros por la Delegación.

Según la coordinadora, el hecho de que esta persona haya sido multada les da 'más razones que nunca' para no comunicar sus acciones por los cauces oficiales. 'Da lo mismo pedirlo que no pedirlo. A la persona que legalizó las acciones del día 25 se le ha multado igual. Por ello no vemos la necesidad de comunicar', señalaba a Europa Press una de las portavoces.

La Delegación del Gobierno ha alegado como motivos para sancionar al particular que durante las protestas que tuvieron lugar el día 25 en las inmediaciones de la fuente de Neptuno no se garantizó 'la seguridad de la protesta', que se saldó con 35 detenidos y 64 heridos a raíz de los enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios.

El departamento que dirige Cristina Cifuentes fundamenta el escrito, firmado el 15 de octubre, en el artículo 4.2 de la Ley que regula del Derecho de Reunión, que especifica que la responsabilidad de los actos derivados de una manifestación es de sus organizadores y que éstos deben garantizar el buen orden y la seguridad de las protestas para conseguir el buen curso de las mimas.

'En ningún momento se pudo apreciar por parte de la Policía la existencia de medidas de seguridad adoptadas por los organizadores de los actos ni de la actuación de un servicio de orden que velase por los mismos', apunta el escrito sancionador, que también recuerda a partir de las 19.00 horas, 'se produjo un lanzamiento de objetos contundentes contra la Policía, intentos de traspasar el área de seguridad y agresiones a policías'.