El PP pasó ayer al contraataque con el caso Mercasevilla. Para dejar atrás la trama Gürtel o el Palma Arena de Baleares, el vicesecretario general de Comunicación, Esteban González Pons, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, presentaron ayer una cinta, publicada por Abc hace meses, en la que se comprueba la estupefacción de unos directivos del Grupo La Raza cuando los responsables de Mercasevilla, una empresa pública municipal, les reclamaron una comisión de 450.000 euros. Ese dinero era la condición para acceder a una subvención de la Junta de Andalucía destinada a una escuela de hostelería en su recinto. El caso está ahora en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.

El PP se colgó ayer todas las medallas por destapar este asunto. 'No fue porque lo instara la Fiscalía o la Policía, no porque se querellara la Junta de Andalucía Sólo porque nuestro portavoz presentó una denuncia tras verlo publicado en un diario', dijo Pons. Zoido remarcó que el Gobierno autonómico no había tenido 'ninguna participación activa' en la judicialización de este tema y que 'sólo y a solicitud de la juez' estaba enviando los documentos que les requerían.

El PP asegura que, «según las cintas, el PSOE se financia ilegalmente»

Sin embargo, el caso viene de lejos. A principios de año, los empresarios le contaron a un alto cargo de la administración autonómica lo que sucedía. Este les aconsejó que lo grabaran y se lo entregaran, para tomar medidas. Así lo hicieron y la Junta recibió las cintas. A principios de febrero el Gobierno andaluz informó al Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por PSOE e IU, al que pertenece Mercasevilla, y días después la Junta entregó las cintas a la Fiscalía.

'Doble vara de medir'

Pons afirmó ayer que la Fiscalía estuvo 'más de dos meses sin hacer nada'. Y denunció que eso prueba, al igual que con la Policía, su 'doble vara de medir'. 'No hay detenidos, ni prisiones preventivas, ni filtraciones, ni portadas', arremetió. Su conclusión: cuando los políticos son del PSOE 'se deja que la inercia conduzca a la impunidad'.

La actuación de la Fiscalía permitió imputar a un alto cargo de la Junta

No es del todo cierto. La Fiscalía y la Policía tomaron declaración a los solicitantes de los 450.000 euros, los ex directores de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, y de esas pesquisas salió la imputación en el caso del delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas. Éste, que sigue en el cargo, se querelló contra Mellet por haberle implicado.

'Según estas cintas el PSOE estaría financiándose ilegalmente a través de subvenciones y adjudicaciones de la Junta e incluso estaría prestando las fundaciones de la Junta para blanquear dinero, con el que se financian las campañas socialistas', comentó Pons.

Las pesquisas se iniciaron por un delito de cohecho (soborno), pero después de que el PP llevase el caso a un juzgado el 24 de abril pasado, la jueza Mercedes Ayala amplió la investigación a todas las subvenciones recibidas de Empleo por una fundación de Mercasevilla. La auditoría desveló que el agujero en la empresa pública era de 1,1 millones de euros. Sin embargo, hasta ahora, no se han investigado las finanzas del PSOE.

Sistema de colaboración

En la grabación se escuchan frases de Mellet y Ponce en las que explican a los empresarios que una parte de las subvenciones Mercasevilla recibió 600.000 euros en tres años se destinan 'a donde la Junta nos dice' y que ésta 'tiene normalmente un sistema de colaboración muy simple: Yo colaboro con quien colabora'. La investigación sigue su curso y ayer Ayala citó a un nuevo imputado: Jorge Piñero, vicesecretario del consejo de administración.

Zoido lamentó que Manuel Chaves, entonces al frente de la Junta, estuviera informado de todos los detalles y no actuara. 'Demostraron que no tenían ningún interés en sacar a los corruptos'. Sin embargo, Mellet y Ponce fueron expulsados del PSOE en abril. Rivas, imputado, sí sigue en su puesto. D