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Antonio García (APM), a la izquierda, saludo al anterior ministro de Justicia. - EFE

El pasado 18 de febrero la Justicia española se paralizó. La huelga convocada por las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) para reclamar al Gobierno la delimitación de sus funciones y la modernización de la Justicia, tuvo un seguimiento del 35,4%, según lo cifró el Consejo del Poder Judicial. Pero la principal organización del sector, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), no la secundó. Ocho meses después, la asociación va a quedarse sola en el nuevo paro que ha convocado para el 8 de octubre.

Los titulares de la prensa tras la huelga los acapararon las dos asociaciones minoritarias que promovieron la movilización y "eso molestó a la mayoritaria", como aseguraron dichas organizaciones. Las mismas fuentes explicaron que, desde entonces, el número de afiliados "ha bajado notablemente" en la APM y se ha incrementado en las demás.

¿Qué ha movido a la APM? Los representantes de la AJFV, los del FJI y los de la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) señalan varias razones. La primera, una cuestión de honor: "La APM está herida y quiere recomponer su privilegio" en el mundo judicial, "afianzar" su supremacía, describe Marcelino Sexmero, portavoz de la Francisco de Vitoria. Desde JpD, completan la tesis: "Se acercan las elecciones a las salas de gobierno de los juzgados y los jueces de la APM quieren conseguir los votos de los descontentos con la situación en la que se encuentran". Los comicios, agrega, se celebran según criterios mayoritarios, no proporcionales, que siempre "han favorecido" a la asociación conservadora.

Desde marzo, las cosas han cambiado. Mariano Fernández Bermejo cedió la cartera de Justicia a Francisco Caamaño, la indignación por la sanción al juez Rafael Tirado, encargado del caso Mari Luz, se mitigó, las conversaciones del Ministerio con las asociaciones se retomaron. El primer resultado tangible que aplaudieron, con cautelas, las tres asociaciones minoritarias no así la APM fue el Plan de Modernización de la Justicia, que el Gobierno aprobó el 18 de septiembre y que supone una inyección de 600 millones de euros en tres años y un aumento del 17% del número de jueces. Por lo pronto, los Presupuestos de 2010 han consignado una partida de 1.805 millones, 218 más que este año. La asignación ha crecido en un 13,8%.

Las asociaciones minoritarias no entienden, por tanto, por qué la APM ha "debilitado" aún más la unidad judicial, dañada desde el 18 de febrero. Además, acusan a la mayoritaria de alentar dos riesgos: Que la sociedad se convenza de la "politización de la Justicia", y que no comprenda que se vaya a la huelga en un momento de crisis.

Operación de sesgo político

El portavoz de la APM, Antonio García, explicó que "lejos de las elucubraciones", la razón que les ha llevado a mantener la huelga es que no quieren convertirse "en cómplices de lo que parece una grandiosa operación cosmética de sesgo político y que va a representar un nuevo fracaso. La Justicia ha sido maltratada desde 1978 y no podemos esperar ya más".

García censuró que "Caamaño ni siquiera haya contado con el apoyo del PP y del resto de grupos parlamentarios, lo que sí garantizaría la sostenibilidad del programa". El representante de la APM rechazó las acusaciones de corporativismo y aseguró que "quien alimenta la politización es la clase política".