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Los jueces protagonizaron una histórica jornada de huelga el pasado 18 de febrero. - MIGUEL CASTRO

La huelga de togas convocada por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en el sector, inquieta a los consumidores. Todas las asociaciones consultadas por Público coincidieron ayer en destacar que los paros del próximo jueves día 8 afectarán a los usuarios de un sistema de Justicia que arrastra ya un "retraso considerable".

Discrepan, sin embargo, sobre el nivel de incidencia. Eugenio Ribón, responsable de los servicios jurídicos de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa y Usuarios (Ceaccu), sostiene que no será muy elevada. El seguimiento limitado y el "escaso índice de productividad" de los juzgados harán que sean pocas las vistas que queden suspendidas.

"Lo importante continúa es que se notifique a los afectados para evitar desplazamiento o ausencias laborales innecesarias". Durante los paros de febrero, Ceaccu registró un buen número de quejas sobre esta cuestión. "Y que se esfuercen en recuperarlo lo más rápido posible. No son admisibles dilaciones de dos o tres meses", señala.

Como en otros sectores

Menos convencido de la baja incidencia está Gustavo Samayoa, secretario general de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (Fuci). En su opinión, no cabe duda de que los paros "crearán problemas" a los usuarios. Luego matiza: "Lamentamos las incomodidades que vayan a sufrir los usuarios, pero igual que con otros sectores. La huelga no nos parece mal".

El comentario de Samayoa entra de lleno en la polémica sobre si los jueces, como uno de los poderes del Estado, tienen derecho a la huelga. La mayoría de las asociaciones pasan de puntillas sobre la legitimidad de la huelga. "No somos constitucionalistas", aclaran. Facua, una de las más importantes, rechaza incluso atender a Público: "Preferimos no pronunciarnos".

Sólo la Unión de Consumidores de España (UCE) entra en la valoración política. "Si la reinvindicación es la mejora del sistema, no parece el momento para los paros cuando el presupuesto de Justicia es uno de los pocos que crece", reflexiona su presidente, José Ángel Oliván. De hecho, la APM es la única de las cuatro asociaciones de jueces que apoya la medida. En febrero, sin embargo, se negó a respaldar el primer y hasta ahora único paro para reclamar mejoras en el sistema de Justicia.

Esa actitud resulta sospechosa para Oliván. Según él, "parece que puede existir un interés parcial de la asociación, de destacarse para reforzar su posición en las próximas negociaciones". Critica, además, que los ciudadanos desconozcan aún las razones de la APM. En todo caso, les traslada una nueva reclamación: "Es necesario abrir la justicia al ciudadano. Que crezca la participación social".