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La Audiencia provincial de A Coruña vuelve a imputar al ex alto cargo de Aznar que ordenó el alejamiento del Prestige

Revoca así la revoca así la decisión de la titular del juzgado número uno de Corcubión, quien retiró en marzo de forma 'provisional' la imputación contra José Luis López Sors

SERVIMEDIA

La Audiencia Provincial de A Coruña vuelve a imputar al ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, en el caso Prestige. El auto hecho público este martes revoca así la decisión de la titular del juzgado número uno de Corcubión, quien retiró en marzo de forma 'provisional' la imputación contra el alto cargo del Gobierno de José María Aznar que ordenó que alejasen el petrolero del litoral gallego que se hundió el 19 de noviembre de 2002, dando lugar a una catástrofe mediambiental.

Siete meses después de que la magistrada Carmen Veiras decidiese dar por terminada la fase de instrucción del caso, que ya acumula 265.871 folios, el tribunal coruñés se pronunció hoy sobre los recursos de apelación presentados contra el auto de Corcubión, imputando a cuatro personas en el caso de mayor envergadura al que hace frente la justicia gallega.

Al concluir este trámite judicial, ahora se abrirá la fase de juicio oral, cuando están a punto de cumplirse siete años desde el trágico accidente marítimo que se saldó con un vertido de más de 50.000 toneladas de fuel que afectaron a casi 3.000 kilómetros de litoral, extendiéndose desde las costas gallegas hasta el Canal de la Mancha.

La nómina de imputados asciende a cuatro personas, de las que tres ya fueron inculpados en su día. Además de López-Sors, tendrán que comparecer ante la Audiencia el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Argyropoulos Nikolaos (ambos de nacionalidad griega), y el primer oficial, el filipino Irineo Maloto.

Contra el auto de Corcubión presentaron recurso de apelación los tres imputados por la jueza Veiras, así como la plataforma Nunca Máis, Izquierda Unida, dos cofradías de pescadores, el Concejo de O Grove, el Estado Francés y ocho municipios galos afectados, entre otros.

En total, hay más de 2.300 perjudicados que reclaman indemnizaciones, además de más de 2.000 personados que no reclamaron hasta el momento.

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