El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha calificado de 'verdaderamente incomprensible' la convocatoria 'en solitario' de una jornada de huelga para mañana por parte de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que, según ha indicado, 'no ha estado a la altura' del resto de asociaciones.

En declaraciones a la prensa antes de participar en la jornada sobre 'Los diálogos de la justicia en democracia', organizada por el Club Diálogos para la Democracia, el titular de Justicia ha recordado que esta huelga ha sido calificada de 'alegal' por el Consejo General del Poder Judicial ('que no la tiene por anunciada', ha recordado) ya que esta misma semana señaló que el ejercicio del derecho de huelga por parte de los magistrados 'carece, en el momento actual, de soporte normativo'.

Caamaño ha considerado que la APM, de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, debe explicar por qué sus asociados no trabajarán mañana y ha acusado a esta asociación de no haber estado a la altura de otras asociaciones', en referencia a la Francisco de Vitoria (FV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI), que se han desmarcado de la huelga y han apostado por continuar con la vía de negociación abierta por el Ministerio. 'Sólo una de estas asociaciones ha convocado la huelga', incidió.

En la misma línea, ha incidido en que los portavoces de Justicia de PP y de PSOE han criticado esta huelga. Ha recordó así que la portavoz adjunta de Justicia del PP en la Cámara Baja, Dolors Montserrat, la ha calificado de 'inoportuna', mientras que el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso y responsable de Libertades Públicas del PSOE, Alvaro Cuesta, dijo que era 'retroactiva' por estar convocada el 12 de junio 'porque no les gustaba (a la APM) el plan de modernización y los presupuestos', que, según dijo, 'se aprobaron tres meses después'.

La APM impulsa el paro al considerar que el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia impulsado por el ministro, Francisco Caamaño, es 'un fogonazo' que no asegura 'la culminación de la reforma' de los tribunales españoles. Por ello, reclama 'un verdadero Pacto de Estado que alivie 'la desesperación ciudadana y judicial' que, a su modo ver, provocó el actual proceso reivindicativo.