'Si lo cuentas por ahí, nadie se lo cree, porque es como una película surrealista'. Javier Hidalgo, de 54 años, ginecólogo y obstetra, dirige junto a su compañero de profesión Salim Z. Chami, de 58, la clínica madrileña Isadora. Ambos recibieron ayer a Público en una de las consultas del centro. Están contentos, pero aún se sienten molestos y a veces se muestran indignados.

Durante más de un año y medio han estado imputados, por supuestos abortos ilegales, en la causa contra la clínica que el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, abrió en febrero de 2007. Hace sólo seis días que el juez instructor del Juzgado de Instrucción número 6, Ramiro García de Dios, dictó un auto de sobreseimiento por no aparecer en lo investigado 'el más mínimo indicio de delito'.

El 60% de los abortos llega de la sanidad de Madrid, Navarra y Galicia

'Nosotros estábamos tranquilos porque sabíamos que no habíamos hecho nada ilegal, pero estaba claro que la investigación estaba encaminada a ver si encontraban algo, no a investigar unos indicios que en realidad no existían', explica Chami.

Así lo denunciaron los abogados de los médicos durante todo este tiempo y así queda reflejado en el auto de archivo de la causa. En el documento se acusa a los agentes de la Guardia Civil que iniciaron la investigación, y al propio instructor del juzgado 47, de seguir una investigación de 'estructura inquisitorial'.

'El juez nunca nos concretó qué delitos nos imputaba [no sólo a ellos, también a la tercera imputada, la psiquiatra del centro, quien prefirió no participar en la entrevista], sólo nos decía que eran abortos ilegales en general; y cómo íbamos a defendernos sin saber de qué nos acusaban', indica Chami. Hidalgo lo aclara con un ejemplo: 'Es como si te imputan por robo y no te dicen qué has robado ni a quién'.

'El juez nunca nos concretó los delitos por los que se nos imputaba'

A pesar de lo vivido, ambos consiguen ahora esbozar una sonrisa. 'Por lo menos habrá una nueva Ley del Aborto, aunque haya tenido que ser por nuestro caso', celebra Hidalgo; aunque están molestos porque el aborto, igual que ocurrió en 1985, cuando entró en vigor la actual norma, se haya convertido 'de nuevo en un problema social'.

'Todo lo que ocurre ahora demuestra la hipocresía de la situación, se nos acusa de que no cumplimos con la ley, pero lo que está claro es que la sanidad pública nos siguen derivando las interrupciones que ellos no quieren hacer', denuncia Hidalgo. Chami aporta los datos: entre el 60% y el 70% de los abortos realizados en el centro son conciertos derivados desde hospitales públicos de Madrid, Galicia y Navarra.

Las movilizaciones que ha provocado la tramitación de la nueva ley no les sorprenden, pero sí están hartos de que les llamen asesinos. 'Igual que haces un aborto realizas una cesárea o extirpas un cáncer de mama', responde molesto Hidalgo. Chami asiente ante las palabras de su colega: 'Es una prestación como otra cualquiera y nosotros somos especialistas en ella, igual que lo somos en otras'.

'Es una cuestión de derechos y ante eso, no hay vuelta de hoja'

Toda su actividad es perfectamente legal. En el sumario consta, y de ello también da cuenta el auto, que todas las pruebas que se iban realizando descartaban que los fetos hallados en los bidones de la clínica tuvieran más de 22 semanas. Pero el juez no cerró el caso. Al contrario, pidió más informes y ordenó investigar a la psiquiatra e intervenir su teléfono por 'existir sospechas fundadas' de que se estaban realizando 'diagnósticos médicos falsos'.

Para los dos ginecólogos, lo más preocupante del caso fue que 'se violara la intimidad de las pacientes' de la clínica. 'Un día me empiezan a llamar pacientes diciéndome que la Guardia Civil les está llamando, preguntándoles si han abortado en el centro, y lo más curioso es que algunas de ellas estaban en esos momentos embarazadas de más siete meses', indica Hidalgo.

Los agentes habían encontrado en uno de los bidones requisados una hoja del libro de citas del doctor, con nombres de 25 pacientes. En aquellos momentos muchas pacientes de la clínica mostraron su temor ante la posibilidad de que sus datos personales salieran a la luz, recuerdan los médicos.

Ambos creen que tarde o temprano la prestación acabará por normalizarse, como ocurre ya en otros países de Europa. 'Es una cuestión de derechos y ante eso, no hay vuelta de hoja', zanja Hidalgo.

Febrero de 2007
La Guardia Civil acude a la clínica Isadora a realizar una inspección sobre la gestión de residuos biosanitarios. Tras intervenir unos bidones acude a los juzgados para pedir su apertura por si los residuos “pudieran tratarse de supuestos aborto ilegales”, según el escrito entregado al titular del Juzgado número 6. Este deniega la petición por falta de indicios. Tras realizar gestiones en la Consejería de Sanidad, los restos se retiran de la clínica y se trasladan al Tanatorio de Alcobendas. Los agentes solicitan en los juzgados de la localidad abrir de nuevo los bidones, pero les remiten a los de Plaza de Castilla. El juzgado de guardia, el 31, les da el permiso. Después el caso recae en el 47, que decide seguir con las investigaciones.

Enero de 2008
La Guardia Civil acude a los domicilios de 25 mujeres, pacientes de la clínica, para que declaren como testigos en la causa contra Isadora. Tres médicos son además imputados por supuestos “abortos ilegales”.

Junio de 2008
El juez permite que el partido de ultraderecha Alternativa Española se persone en la causa como acusación particular.

Julio de 2009
La Audiencia Nacional ordena que la causa sea devuelta al juzgado número 6 y que Alternativa Española sea expulsada del proceso. Cuatro meses después la causa se archiva definitivamente.