La justicia desmanteló ayer el entramado empresarial  paralelo al ayuntamiento que había montado Juan Enciso, alcalde de El Ejido (80.000 habitantes, Almería), para enriquecerse personalmente y lograr financiación para su partido, el PAL (Partido de Almería), que creó tras ser expulsado del PP en 2005. Así se desprende de fuentes policiales y testimonios incorporados a las denuncias de IU, que dieron pie a las investigaciones en el año 2007. Además de Enciso, fueron arrestados su mujer, Francisca Aguilera; el interventor municipal, José Alemán, y 17 personas más. La trama corrupta malversó unos 150 millones en los últimos seis años. Los detenidos están acusados de cinco delitos: blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.

Enciso y Alemán vaciaron de contenido las concejalías, y canalizaron las adjudicaciones y obras municipales a través de Elsur, una empresa mixta participada al 70% por Agua y Gestión, compañía en cuyo capital están Abengoa y Cajasol y Cajasur. El gerente de Elsur, Mario Pulido, que dependía de Agua y Gestión, también fue detenido.

La empresa mixta encargaba obras públicas pagando un sobreprecio, en ocasiones hasta del triple del valor del cometido, a una serie de empresas, cuya única actividad conocida era la contratación con Elsur. Estas tenían el mismo domicilio social y eran del empresario José Amate Rueda, que había sido director de Elsur, y sus familiares, quienes también fueron detenidos.  

Las empresas eran de usar y tirar. Cambiaban de nombre constantemente. Media docena de pintores, que dependían de una de estas sociedades, lo explicaron ayer así: “Llevamos 15 años trabajando para los mismos jefes pero la empresa ha cambiado de nombre unas ocho veces”.

La Inspección de Trabajo, que investigó el entramado tras una denuncia de los sindicatos, y decidió sancionar con 30.000 euros a Elsur y otras dos empresas por cesión ilegal de trabajadores, lo dejó claro en su informe: “Las empresas con el capital mínimo legal de poco más de 3.000 euros, sin necesidad de inversión alguna, consiguen alcanzar un beneficio absolutamente desproporcionado. Esta situación sólo es explicable como fruto de las singulares relaciones de José Amate y el grupo de empresas de su familia con Elsur”.

Financiación de las sedes

Amate pagaba bien la contraprestación por las adjudicaciones favorables. “Enseña y presume de llevar billetes de 500 euros en la cartera y a cambio financia las sedes del PAL”, según un escrito enviado por un trabajador de Elsur a la Inspección de Hacienda. “El señor Amate –agrega el denunciante– se chulea en público de haberle dado algo así como 50 millones de pesetas al alcalde para financiar el PAL y que le tiene que estar agradecido”. Y remata: “Estas empresas hacen muchos trabajos para políticos, como las oficinas del PAL, que están arriba de Elsur, y en casas particulares, que de una forma u otra se han facturado a Elsur”.

Las compañías de Amate también se facturaban entre ellas y modificaban los recibos para “engañar” a Hacienda y a los responsables de Agua y Gestión, según la denuncia que llegó a la Agencia Tributaria. “[Cuando venían de Sevilla] el señor Amate volvía loco al personal de Elsur y al de las empresas que esta contrataba, cambiando los documentos sin cambiar el coste total” como señuelo para los fiscalizadores, escribe el denunciante.

El denunciante remata su queja, exponiendo a dónde fueron a parar los millones saqueados al ayuntamiento: “Las propiedades patrimoniales [de la familia Amate] se encuentran a nombre de la sociedad Merfaros Almarire, salvando así el patrimonio y teniendo una casa en Sevilla [la sede] que ha construido a expensas de Elsur y que vale más de dos millones de euros”.

La esposa de Enciso

Aguilera, la esposa de Enciso, es la administradora de Enciso y Aguilera SL y representante de Gestora Ejidense, con la que el consistorio, con la participación activa de Enciso, firmó convenios urbanísticos, según la denuncia de IU. La Policía intervino las sociedades en las que Aguilera participaba. El ayuntamiento ya había sido condenado por el Tribunal Superior Andaluz por una venta ilegal de suelos por 13,6 millones de euros en 2003. Enciso tenía intervenido el teléfono desde hace meses.

El interventor Alemán, olvidándose de sus funciones como fiscalizador de las cuentas municipales, negociaba contratos que no le correspondían y ya sospechaba que le estaban siguiendo los pasos hace un año. Además, figura en el registro mercantil como administrador o consejero de diez empresas, algunas con intereses inmobiliarios.

Los registros de la Policía en El Ejido, donde estuvieron en el ayuntamiento, las empresas investigadas y la sede del PAL, comenzaron poco antes de las diez de la mañana. Después de su espectacular entrada, los agentes pusieron en fila a los funcionarios y les pidieron que se identificaran y les dieran sus códigos de accesos para entrar en sus ordenadores. Los cerca de 500 funcionarios que estaban trabajando en ese momento no daban crédito. “Fue como estar en una película”, explicó una de ellas.

El terremoto causado por las detenciones provocó réplicas en el terreno político. El PSOE, que gobernaba la Diputación de Almería con el PAL, rompió el pacto. Su presidente, Juan Carlos Usero, repartió las competencias sobre Hacienda y Obras Públicas, de los dos miembros del partido de Enciso, José Añez y Ángel Díaz, a quienes apartó de la toma de decisiones.