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Esperanza Aguirre y Alberto López Viejo. - EFE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, está más que satisfecha con la forma en la que está gestionando las acreditadas relaciones entre algunas de sus consejerías y la trama Gürtel. Tanto, que ayer consideró que "las responsabilidades políticas en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente asumidas" con los ceses de los diputados y alcaldes imputados. En esta línea de defensa, Aguirre olvida lo que con unanimidad consideran los expertos jurídicos en la materia: que en política las responsabilidades penales son imputables a sus autores y se dirimen en los tribunales. Y que los altos cargos son responsables políticamente de lo que hacen sus subordinados.

Cuestionada Aguirre ayer en rueda de prensa sobre si compartía la opinión de oposición y sindicatos , que apuntan a ella como "última responsable política" de este escándalo, desvió el tiro. A la dirigente madrileña le basta con que sus siete cargos imputados tres diputados de la Asamblea y cuatro ex alcaldes, no mantengan ya ninguna relación con el partido conservador.

Sin precisar

Pero de cómo piensa responder ella personalmente del escándalo, al ser la máxima autoridad en la Comunidad de Madrid en la época en la que se firmaron los contratos, no pronunció ni una sola palabra. Únicamente, se refirió a la tan extendida tesis de que no pueden pagar justos por pecadores. "Ninguna organización, ningún partido político, ninguna empresa privada, ninguna está libre de que en su seno haya personas que traicionen la confianza de quienes les han nombrado, que sean corruptos y que, incluso, delincan. Nadie está libre de eso. Lo importante es cómo se reacciona ante esas situaciones", añadió.

Con esta postura, la presidenta madrileña esquivaba las últimas informaciones publicadas por este diario, que apuntan a que la mayor parte de los 342 contratos adjudicados entre 2004 y 2008 por el Gobierno regional a la rama madrileña del caso Gürtel iban destinados a actos protagonizados por la presidenta. Y obviaba, además, que oposición y sindicatos coinciden en que Alberto López Viejo, ex consejero, ex diputado regional de Aguirre y supuesto cerebro de todas esas adjudicaciones, "no pudo urdir toda esa red sin que la presidenta estuviese informada".

Marcar distancias

Pese a esta exigencia de responsabilidad, la presidenta madrileña lleva un tiempo esforzándose en marcar distancias con la gestión del que fue uno de sus cargos de máxima confianza. De hecho, se convirtió el pasado febrero en la primera persona de la que prescindió cuando estalló el escándalo Gürtel.

Hace poco más de una semana, también en rueda de prensa, Aguirre se confesó "dolida" con López Viejo. "En 2005, le di instrucciones clarísimas al señor López Viejo, ante la aparición en alguna revista de unas denuncias relativas a una empresa concreta, creo que era Easy Concept, de no contratar ninguno de mis actos con esta empresa y me dijo que no tenía que tener preocupación porque no la contratábamos; pero, claro, contratábamos a otras que eran de los mismos dueños", precisó la presidenta.

En un intento más de vender la Comunidad de Madrid como el feudo del PP en el que existe tolerancia cero con la corrupción, Esperanza Aguirre recordó ayer que su intención inicial respecto a sus tres diputados imputados fue solicitarles que renunciasen al escaño, algo a lo que se negaron. Y que si de ella sigue dependiendo, en 2011, salvo que hayan sido exculpados, no piensa incluirlos en las listas para las elecciones autonómicas, algo que supondrá que pierdan el aforamiento.

Pese a que no son pocos en el PP los que alaban la actitud de Aguirre de haber cortado las cabezas de quienes se relacionaron directamente con la trama Gürtel, ella prefiere no hurgar en la herida. Así, a la hora de augurar un futuro a su homólogo en la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se limitó a señalar que "tendrá el futuro que decida él y que decidan los valencianos, que será, seguro, muy brillante".

Sobre su jefe de filas, Mariano Rajoy, se mostró convencida de que tomará las medidas oportunas respecto al senador Luis Bárcenas y al diputado Jesús Merino, los parlamentarios nacionales del PP que están imputados en el caso, cuando se levante la totalidad del secreto de sumario.