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Cuatro consejeros de Aguirre avalaron 51 contratos a la trama

Figar, Lasquetty, Fisas y López Viejo dieron vía libre a adjudicaciones a las empresas de Correa por 719.000 euros. El ex viceconsejero de Presidencia, imputado en la Gürtel, fue el que más se reservó: sólo rubri

ALICIA GUTIÉRREZ

No sólo Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre y su candidato a presidir Caja Madrid, firmó pagos a empresas de la trama Gürtel. Otros cuatro consejeros hicieron lo mismo: los dos últimos titulares de Inmigración, Lucía Figar y Javier Fernández-Lasquetty; el que fue consejero de Cultura hasta las elecciones europeas de junio, Santiago Fisas; y Alberto López Viejo, ahora imputado por el caso Gürtel y quien desde su posición de viceconsejero de Presidencia a las órdenes de Ignacio González fue ascendido a máximo responsable de Deportes tras las elecciones de 2007.

En total, de acuerdo con el listado de facturas incluido en el sumario del caso Gürtel, los cuatro signaron 51 pagos y contratos por 719.143 euros, lo que equivale a casi el 25% de los más de tres millones que las cuatro empresas de la red corrupta obtuvieron gracias a los 342 contratos que les otorgó la Comunidad de Madrid a partir de 2004. La propia Figar, ahora responsable de Educación, reconoció el jueves que 'algunas' de las facturas de las empresas de la red corrupta que aprobó el Ejecutivo madrileño en la pasada legislatura 'no cumplían con el principio de austeridad'.

La interventora reprochó a Lasquetty que fraccionara pagos

López Viejo, a quien Aguirre señala como único responsable de que el conglomerado empresarial de Francisco Correa introdujera sus tentáculos en la Comunidad, fue el que más se reservó en su puesto de consejero: como titular de Deportes, sólo firmó dos abonos que suman 12.153 euros. El hombre que, según el equipo de Aguirre, organizaba todos los actos de la presidenta dentro y fuera del partido, autorizó un pago de 5.708 euros por la inauguración de un polideportivo y otro de 6.445 por la de una piscina.

El mayor volumen de pagos avalados por consejeros se da en Inmigración. Lucía Figar, responsable de ese departamento desde su nacimiento, en septiembre de 2005, hasta que, tras las elecciones de 2007, se hizo cargo de Educación, otorgó 17 contratos a empresas de la trama, todos ellos a dedo por un importe total de 97.979 euros. Su sucesor en Inmigración, Javier Fernández-Lasquetty, siguió la estela, corregida y aumentada. En contra de lo dicho por su predecesora, los pagos no terminaron con la legislatura que expiró en junio de 2007.

En 2008, la Comunidad siguió contratando a las empresas de la red

En un año y medio, el transcurrido entre ese mes y diciembre de 2008, Lasquetty estampó su rúbrica en documentos de abono para 17 facturas que suman 117.776 euros. Todos estos encargos se adjudicaron como contratos menores. Hay otro más, cifrado en 69.020 euros, que lo obtuvo Diseño Asimétrico, mediante procedimiento negociado sin publicidad. O sea, también a dedo. El contrato tenía por objeto el montaje del stand de la Consejería en la Feria Integra, que se celebró entre los días 5 y 8 del pasado mes de diciembre. La adjudicación provisional se hizo pública el día 2 de ese mes, tres días antes de que comenzara el certamen.

Muy probablemente, Diseño Asimétrico sabía de antemano que el contrato acabaría en su poder. En realidad y con independencia de que resulta difícil dilucidar si el precio se ajustaba o no al mercado, el grupo de Correa sí sabía de antemano que se vería beneficiado con esa adjudicación: la Consejería cursó las tres invitaciones preceptivas en el procedimiento negociado. Pero las tres fueron a parar a empresas de la trama.

Tanto Figar como Lasquetty tuvieron como subordinado a Carlos Clemente, viceconsejero de Inmigración hasta octubre de 2008 e imputado en el caso Gürtel por el presunto cobro de sobornos. Clemente cesó a petición propia y, cobijado por el ex ministro José María Michavila, logró un alto cargo en una prestigiosa fundación a la que ya no pertenece.

Al igual que Ignacio González, también Lasquetty firmó pagos que incumplían el precepto de la Ley de Contratos Públicos que prohíbe el fraccionamiento para minorar cuantías y evitar la convocatoria de concurso. El 13 de mayo de 2008, el consejero de Inmigración rubricó el ADOK (documento que contiene la autorización y reconocimiento de gasto) de una factura de Servimadrid fechada el 15 de octubre del año anterior. El objeto del contrato, el personal encargado del 'montaje y desarrollo' de la carroza del Día de la Hispanidad en la Cabalgata Viva América. Servimadrid cobró por ese trabajo 11.997,85 euros.

Las cuatro empresas de la trama operaban con el Gobierno de Aguirre

Y la intervención avisó, por escrito, de que otras empresas, entre ellas Good and Better, habían prestado servicios para el mismo evento. 'Se ha podido incurrir en un fraccionamiento', expuso la interventora. Que se sepa, no hubo consecuencias. Desde luego, Figar acertó al reconocer la falta de austeridad o despilfarro de algunas adjudicaciones. Ella misma firmó una factura de 5.825 euros que emitió Servimadrid por organizar una visita a un centro de formación del grupo Sigla. Las fotos del evento muestran el ya clásico cartelón de la 'trasera' y la no menos clásica moqueta 'rojo institucional'. En el centro de la imagen, Aguirre.

Las cuatro empresas de la trama (Easy Concept, Good and Better, Servimadrid y Diseño Asimétrico) operaban con el Gobierno de Aguirre como un fármaco de amplio espectro. Lo mismo montaban una trasera que asesoraban a la Consejería de Cultura y Deportes en cuestión de imagen.

El 12 de noviembre de 2004, el entonces consejero de Cultura y Deportes, Santiago Fisas, firmó un pago de 11.925 a Down Town Consulting (nombre anterior de Easy Concept) por la 'asesoría de imagen en el acto Getafe C.F.'. Ese acto consistió en una celebración en la sede de la Presidencia de Madrid por el ascenso del Getafe a Primera. No se sabe, porque la memoria explicativa no se molesta en explicarlo y la factura tampoco, en qué consistió tal asesoramiento. Down Town cobró otra factura por averiguar la 'repercusión mediática del ascenso' del Getafe. La investigación le costó al erario público madrileño 4.098,68 euros. Gracias a una tercera factura según la cual imprimir unas lonas costó 10.743 euros, Down Town se embolsó 26.766 euros tras el acto del Getafe. Y Esperanza Aguirre tuvo su baño de flashes.

Fisas, hoy eurodiputado, pidió incorporarse a la lista para las elecciones europeas

Fisas, hoy eurodiputado, pidió incorporarse a la lista para las elecciones europeas del pasado mes de junio con el objetivo de alejarse del Ejecutivo de Aguirre, según fuentes del PP. Antes de irse, firmó 12 pagos a la trama y dos contratos.

Esos dos contratos se corresponden con las adjudicaciones más sustanciosas cosechadas por el grupo de Correa en el fértil campo de la Comunidad de Madrid. Ambos tenían por objeto organizar, en las ediciones de 2005 y 2006, la gala de entrega de los Premios de la Cultura y de la Medalla Internacional de las Artes. Y ambos concursos los ganó Servimadrid. El primero, por 162.000 euros. El segundo, por 177.570 euros. Al primer concurso acudieron varias empresas. En el segundo, nadie quiso competir. Sólo Servimadrid. En total, Santiago Fisas avaló pagos por valor de 422.215 euros.

21/06/2004
Asesoramiento sin explicaciones: 11.925 euros
Santiago Fisas avaló el pago de 11.925 euros a Down Town (Easy Concept) por “consultoría y asesoramiento de imagen”. No se sabe en qué consistió.

07/02/2006
Entregar premios escolares: 11.763 euros
Como consejera de Inmigración, Lucía Figar validó con su firma un pago de 11.763 euros a Servimadrid por montar el acto de entrega de los premios escolares Paz y Cooperación. Aguirre protagonizó el evento, como casi todos los encargados a la trama.

26/07/2007 
Inaugurar una piscina local: 6.445 euros
López Viejo firmó dos pagos a Servimadrid, que cobró 6.445 euros por la inauguración de una piscina; y 5.708 por la apertura de un polideportivo.

12/10/2007
Diseñar una carroza: 11.200 euros
Javier Fernández-Lasquetty rubricó el pago de 11.200 euros a Diseño Asimétrico por “diseño y presentación en 3D de la carroza” para el Día de la Hispanidad. La carroza reportó a la trama 46.847 euros divididos en cuatro facturas. Lasquetty las firmó todas.

'No somos iguales'
El vicepresidente tercero del Gobierno y presidente del PSOE, Manuel Chaves, se encargó ayer de clausurar la I Convención Socialista de la Ciudad de Madrid. Y entró al trapo de la ‘Gürtel’, algo que evitó el líder regional del partido, Tomás Gómez. Es un caso “escandaloso”, dijo Chaves, “una hiedra que empieza en los pies y llega hasta la cúpula” del PP. El vicepresidente combatió un temor lógico: que el electorado entienda que, con tantos focos de corrupción, la política no vale. “No todos somos iguales. No. Ningún partido está exento de que en algún momento ocurra algún caso de corrupción, pero nosotros asumimos responsabilidades, decimos la verdad y tomamos decisiones”. La solución no es “amedrentar a jueces, fiscales y policías”, ni tampoco “escurrir el bulto o cambiar de sitio a tres diputados”. Chaves aludía así a la expulsión del Grupo Popular de los tres parlamentarios madri-leños imputados en la ‘Gürtel’. Hace falta sólo que se “coja el toro por los cuernos”, demandó.Chaves se mofó de la falta de autoridad de Rajoy. Dudó de que pueda gobernar España quien “no es capaz de mandar en su partido”, ni de “arreglar cuentas con el que está sentado en el despacho de al lado”, en clara alusión a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP.

Gal, Filesa y ahora Faisán
“No acepto ni media lección de aquellos condenados por Filesa, de aquellos que sabían lo que era el GAL”, dijo Javier Arenas, presidente del PP andaluz. Al igual que Francisco Camps, Arenas acarició la idea de que algún escándalo acabe costando el cargo a Zapatero. “El caso Faisán, en cualquier país de Europa le costaría la cabeza, no a un ministro, sino al presidente”. Frente a la corrupción, Javier Arenas defendió que su partido “nunca mira para otro lado” y señaló que en el ‘caso del chivatazo’ se llegó a “avisar a los etarras para que se escapasen de la Policía”. Los conservadores han encontrado un filón en el ‘caso Faisán’. Mariano Rajoy anunció el viernes que su formación se personará en la causa la próxima semana porque se “permitió a un etarra” darse a la fuga.

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