El conseller Juan Cotino, desde su puesto al frente de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana, ha reabierto el debate sobre el estatus jurídico del embrión con la aprobación, el pasado 28 de septiembre, de una resolución para beneficiar, a efectos de planes de vivienda, a las mujeres gestantes.

Se trata de la primera aplicación práctica de la Ley de Protección de la Maternidad que impulsó el propio Cotino, numerario del Opus Dei, y que otorga al no nacido el carácter de miembro computable dentro de la unidad familiar, lo que empieza a encontrarse con las primeras trabas jurídicas.

El meollo de la cuestión radica en que, según el plan del Ejecutivo regional, el embrión tiene los mismos derechos que un recién nacido para obtener ayudas en los planes de vivienda estatal y autonómica, lo que le otorga una categoría que choca con algunos artículos del Código Civil a juicio de los juristas.ç

Los juristas consideran que la medida es 'inaplicable' y que vulnera artículos del Código Civil

Así, la abogada María Durán cree que 'esta norma no tiene ninguna naturaleza jurídica'. 'Además es algo inaplicable ya que se trata de una declaración de intereses a la que se le da orden de Ley tergiversando la naturaleza de las leyes', remacha.

La propuesta de Cotino traspasa la cuestión ideológico y entra de lleno en el mundo legal. Según fuentes jurídicas consultadas por Público, esta situación 'podría vulnerar' el artículo 30 del Código Civil, que indica que 'para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere 24 horas enteramente desprendido del seno materno'.

La Generalitat alega que 'la beneficiaria de las ayudas es la madre y no el niño' y elude entrar en el debate jurídico. El proyecto del Gobierno autonómico ha topado con la oposición del resto de grupos parlamentarios. Para la diputada socialista en las Cortes Valencianas Consuelo Català, se trata de 'un proyecto de ley ideológico que traslada a la lectura legal la ideología ultraconservadora'.

Català recuerda que el propio Consell Jurídic Consultiu apunta que 'hay dos o tres artículos que rozan la inconstitucionalidad'. Català hace hincapié en que la ley 'ya desde su título no habla de apoyo a la maternidad, sino de protección. Es una norma creada únicamente para evitar abortos'.

Por su parte, el grupo Compromís ha enviado un escrito al Defensor del Pueblo en el que alerta de la 'posible inconstitucionalidad' de la resolución: 'Cotino antepone, una vez más, sus creencias religiosas al interés general, llegando a saltarse incluso la legislación vigente'.