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El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, tachó hoy de mentiroso al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por sus declaraciones sobre el sistema de grabación de comunicaciones SITEL y le recordó que aunque fue el Gobierno del PP el que encargó dicho sistema no se usó porque era ilegal y no estaba amparado por una ley orgánica de desarrollo del derecho al secreto de las comunicaciones y del derecho a la intimidad.

"Nosotros hemos comprado el coche pero ellos son los que lo han usado para atropellar a gente", ha dicho en los informativos de Telecinco. Con este símil admitía Pons que el PP fue el que "compró el sistema para luchar contra el narcotráfico", dice, pero que el Gobierno es el que lo ha puesto en funcionamiento para "llevarlo en secreto. Nadie sabe como funciona", sentencia.

Pons ha advertido de que "el poder puede acabar vigilándonos a todos". Aunque ha asegurado no tener esperanza de que se invaliden pruebas del caso Gürtel, ha pedido que no se juzgue lo que dice "sino las pruebas".  El conservador también ha reconocido que el sistema "se aplica en otros países" pero si se usa "está regulado".

Ayer en Valladolid Pons afirmaba que España no se merece un ministro del Interior mentiroso". "Yo no he negado que el sistema de escuchas SITEL se adquirió en la época de Gobierno del Partido Popular", concluyó el vicesecreario de Comunicación del PP, que explicó que el Gobierno de José María Anzar encargó ese sistema tras el atentado de las Torres Gemelas "como hicieron muchos otros estados europeos".

Dicho esto, insistió en que a ese encargo siguió la petición de informes al CGPJ, al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Justicia que en los tres casos coincidieron al desaconsejar su puesta en funcionamiento "porque era ilegal" y porque era necesario realizar antes una ley orgánica que amparase ese sistema.

"Estamos hablando del año 2004 y desde el año 2004 el Gobierno del PSOE ha utilizado SITEL", aseveró González Pons, que acusó a los socialistas de llevar un periodo de entre 6 y 7 años grabando conversaciones y haciendo perfiles psicológicos y biográficos de personas a través de ese sistema, además de haber hecho seguimientos de personas investigadas, mediante "un sistema ilegal de grabación de conversaciones que no tiene la cobertura de ley orgánica que la Constitución exige".

Por todo ello, pidió al ministro del Interior una explicación a la sociedad española por el uso de "un sistema ilegal".