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Rajoy charla con Pérez Rubalcaba, en una imagen de archivo. - ÁNGEL NAVARRETE

El Gobierno del PP pagó casi 10 millones de euros por Sitel, el sistema de interceptación de comunicaciones que utiliza el Ministerio del Interior, que ahora considera "ilegal". La compra se realizó en 2001, cuando el ministro del Interior era Mariano Rajoy. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoció ayer que fue el Ejecutivo de Aznar el que contrató Sitel, pero aseguró que no llegó a ponerlo en marcha "porque no dio tiempo a que se aprobara una ley que permitiera su uso". En otras palabras: el Gobierno de Aznar gastó primero 10 millones en un sistema de escuchas que carecía de cobertura legal y luego fue incapaz durante los tres años siguientes de aprobar la legislación necesaria, pese a que tenía mayoría absoluta en las Cortes.

No tienen pruebas

El PP presentó el miércoles una proposición no de ley para que Sitel sea controlado "exclusivamente por la autoridad judicial". Los conservadores lo consideran "inconstitucional". Pero desde la sede nacional, a preguntas de este diario, reconocían ayer que no tenían "ninguna prueba" de que se estuviera utilizando de manera ilegal por el Ministerio del Interior. No podían demostrarlo, pero insistían en que tenían "la constancia" de que su empleo "no tiene cobertura legal", informa María Jesús Güemes.

Ante la pregunta de por qué compraron primero el sistema y luego no lo pusieron en marcha, siempre según su versión, en el PP respondían que "no era tan sencillo como ir al Corte Inglés, comprarse una radio y llevársela a casa. Tenía todo un software y es algo que se desarrolló durante años".

En un argumentario distribuido por el partido, los conservadores llegan a acusar al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de "obligar a la Policía a hacer acciones ilegales" con este sistema "espía", informa Europa Press.

Otra versión tienen en el Ministerio del Interior, donde aseguran que las denuncias del PP responden a un nuevo intento de los conservadores de poner "bajo sospecha" las escuchas realizadas en el caso Gürtel, que ha puesto contra las cuerdas al partido en Valencia y en la Comunidad Valenciana.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, pidió ayer que "si alguien tiene pruebas" de que alguna persona está realizando escuchas ilegales, caiga "todo el peso de la ley sobre él"; pero reclamó la misma dureza para quienes acusan sin pruebas y extienden "sospechas sobre el Estado de derecho" con intereses "puramente políticos y partidistas".

Jueces, policías y fiscales

Las asociaciones de jueces y fiscales y los sindicatos policiales coincidieron ayer en que la intervención de las comunicaciones siempre se hace previa autorización judicial, e instaron al PP a presentar una denuncia si tiene algún tipo de sospecha.

Antonio García, portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, consideró que para este tipo de casos "concretísimos" los jueces aplican "un grandioso sentido de la proporción y mesura". Y recordó que "un Estado de derecho no es un estado policial" y que sólo se acuerdan intervenciones ante la posible comisión de un delito. Marcelino Sexmero, de la Francisco de Vitoria, retó a quien "tenga pruebas de que el Gobierno está realizando escuchas ilegales, que las muestre".

Desde la Unión Progresista de Fiscales, Emilio Sánchez Ulled tachó las acusaciones del PP de "frivolidad que ya parece malsana", mientras que la conservadora Asociación de Fiscales defendió la utilización de Sitel para investigar y prevenir la delincuencia.

Tanto el Sindicato Unificado de Policía como las Confederación Española de Policía también defendieron la "legalidad" de Sitel.