Los avales del PP contra el Estatut están en un local desde hace tres años
En un almacén de Madrid alquilado por el Congreso de los Diputados a una empresa dedicada a la custodia de documentos están apiladas, desde hace más de tres años y medio, 876 cajas. En su interior duermen olvidadas las firmas de 4.028.396 españoles. Eso si se da crédito a la contabilidad del Partido Popular, porque hay quien se ha tomado la molestia de echar cuentas y no le salen.
Con un mínimo de diez firmas por folio, bastarían 400.000 folios, y con una media de 500 por cada paquete, serían suficientes 800 paquetes, que como mucho ocuparían un volumen de 2,74 metros cúbicos. Una furgoneta de tipo medio tiene una capacidad de 7,3 metros cúbicos, pero el PP trasladó las firmas al Congreso en diez furgonetas, de las que salieron 22 palés con 876 cajas, cada una de las cuales tiene capacidad para albergar cinco paquetes de 500 folios.
Nadie se ha tomado la molestia de comprobar qué hay dentro de las cajas. El 25 de abril de 2006, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se fotografió rodeado de ellas a las puertas del Congreso, antes de hacer entrega de las mismas en el Registro de la Cámara. La entrega quedó registrada como "anexo" a una proposición no de ley, firmada por el entonces portavoz parlamentario del Grupo Popular, Eduardo Zaplana, que pretendía que el referéndum de aprobación del nuevo Estatut de Catalunya se celebrara en toda España y no sólo en el territorio de la comunidad autónoma.
Sánchez-Camacho, la nueva líder del PP de Catalunya, se desentiende
La Mesa del Congreso calificó la proposición no de ley para su trámite y, como se hace con toda la documentación que entra en el Registro de la Cámara, ordenó su archivo. "A los pocos días", según fuentes oficiales del Congreso consultadas por Público, las cajas fueron trasladadas a un local alquilado, donde se guardan también otros documentos por falta de espacio propio.
La entrega de las firmas en el Congreso fue el broche a una campaña de oposición a la reforma del Estatut que se había iniciado en Cádiz tres meses antes, el 31 de enero de 2006, bajo el lema "Todos tenemos derecho a opinar". El PP desplegó mesas petitorias por toda España recabando adhesiones a la pregunta "¿Considera conveniente que España siga siendo una única Nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?".
Se trataba, según dijo Rajoy, de "la iniciativa política más respaldada de la historia de la democracia desde 1978". En coherencia con este juicio, de forma inusual el líder de la oposición asumió personalmente la defensa de la iniciativa ante el pleno del Congreso. Lo hizo el 16 de mayo y sólo recibió los votos de los diputados del Grupo Parlamentario Popular. El asunto quedó zanjado en menos de una hora.
El debate político no se replanteó y nadie ha vuelto a acordarse de las firmas. Aunque según el Reglamento del Congreso basta con el respaldo de 500.000 firmas para promover el debate de una iniciativa legislativa popular, las presentadas por el PP carecen de toda validez al no haber sido fiscalizadas por la Junta Electoral Central.
Sin embargo, portavoces oficiales del Congreso indicaron que "no hay ningúna previsión" de proceder a su destrucción, aunque su almacenamiento representa un coste para el erario público. El Congreso carece de una normativa que determine qué documentación ha de guardarse y durante cuánto tiempo. Esta normativa está en proceso de elaboración y en los borradores de trabajo se prevé la creación de una Junta de Calificación que decida en cada supuesto.
Las firmas no tienen validez legal al no haber sido fiscalizadas
En el acto de entrega de las firmas en el Congreso, Rajoy estuvo acompañado por el entonces presidente del PP de Catalunya, Josep Piqué, aunque los próximos al ex ministro aseguran que lo hizo forzado y recuerdan que la organización catalana fue de las que menos firmas aportó a la campaña.
Lo llamativo es que ahora el PP de Catalunya no quiere saber nada del asunto. Un portavoz de su nueva presidenta, elegida en 2008, Alicia Sánchez-Camacho, afirmó a este diario: "Es un tema anterior a su presidencia. Sería mejor que hable alguien de la dirección nacional, que fue la que lo impulsó".
Me apuesto un traje de Camps a que las firmas contra el estatut las amañó el Bigotes, los folios y las cajas de cartón los intermedió Correa y las fragonetas las consiguió a precio de saldo de algún concesionario amiguete algún otro de los 37 imputados en la "operación Gurtel". ¿Por qué no miran dentro de las cajas a ver si alguien ha metido un bolso, un reloj o un coche para sustraerlo a la acción de la justicia?
Con la de dinero que se gastan en el Congreso de Diputados en mil chorradas y estupideces y no son capaces de tener un sistema de digitalización de esos documentos. Hay recursos jurídicos como extender un acta de constancia de los firmantes que ocuparía unos folios. Pero no tienen la más mínima capacidad de gestión, como lo evidencia la enorme burocracia absurda de los procedimientos parlamentarios, el que se sigan tomando a taquigrafía las sesiones, con un cuerpo de funcionarios sólo para eso, con una variopinta pluralidad de boletines absurdos, etc etc. Son un cáncer para el progreso social.
Mucho más sencillo, que se lleven las cajas a calle Génova y así no habrá que destruirlas. Si han sido presentadas se deben contabilizar y si no lo han sido que las guarde el PP. Eso si, no quitemos mérito a los ciudadanos que ponen su firma en esa u otra demanda social. Ridiculizar las firmas significa ridiculizar las herramientas sociales como la huelga y la manifestación, las únicas defensas de los ciudaanos contra la tiranía que reconoce la ley. Aunque esté al 100% en contra de lo que pedían respeto al 100% que lo hiciesen de ese modo. Da igual si son diez millones o 100.000. Muchos hemos firmado manifiestos menos populares por algo que considerábamos justo y tampoco hemos sido escuchados. En este juego salimos todos perdiendo
Quien diga que los agricultores en Andalucía o Extremadura tienen privilegios, sólo puede ser un ignorante o un mentiroso. En cualquiera de los casos, es lamentable. Si se refiere a la miseria del PER, le diré que procede de que los agricultores han tenido que cerrar sus explotaciones y renunciar a su medio de vida porque se importan todos los productos de países terceros, para que los catalanes puedan comprar esos productos más baratos. Si lo que se importa del extranjero se produjera en Cataluña, ya veríamos quienes son los privilegiados. Y por último, quien más privilegios ha recibido en España es precisamente su región, que se aprovechó de leyes franquistas primando su industria, en detrimento de otras zonas. Y sólo con lo que los demás españoles hubimos de poner para tapar las vergüenzas de Banca Catalana (ya en democracia) se pagan todos los PER de Andalucía y Extremadura desde el comienzo de su existencia. No hablemos de la SEAT o de los miles de prejubilaciones (más que jornaleros) que pagamos también los andaluces. Así que infórmate y no mientas.
Me imagino que desconoces los privilegios de los agricultores de Andalucía y Extremadura, pero bueno, eso es lo normal, se denota de tu comentario.
En otro orden de cosas, ya me gustaría que se me explicase algún día con datos adjetivos en qué consiste la discriminación de los castellano hablantes en Cataluña y que se comparase con la discriminación que en una parte de este país se hace con los bilingües, por ejemplo, quien esto suscribe, ya que no me puedo expresar en mi idioma materno (el gallego) aún siendo este idioma cooficial del reino y ni mucho menos pedir que mis hijos lo aprendan en las escuelas de por ejemplo Murcia.
Renunciar al saber conlleva a comentarios como el tuyo.
X: la iniciativa no atacaba al 16%, defendía al menos al 84%. Los estatutos que citas tienen solo algunas cosas iguales al catalan pero lo que mejor define todo lo ocurrido es la clausula CAMPs que en lenguaje vulgar dice: "y si cataluña u otro se arroga un derecho o privilegio ,nosostros, también". Tienes en una cosa razon los españoles no somos iguales en casi nada pero la discriminación juridica a que nos vemos sometidos en todos los ambitos (sexista por ejemplo) empezó con los privilegios vascos y la discriminación de los castellano-hablantes en cataluña.
Es tristisimo que alguien inteligente opine que algo que por ejemplo instaura la bilateralidad preferencial o el cupo de inversiones con cataluña no afecta a un gaditano.
que tengan que recojer firmas para opinar de algo que no les pertoca, el estatut es de Catalunya, no de Cádiz. Y por cierto, sabéis cual es la ILP con más firmas de la historia en Catalunya? La que estaba en favor de las selecciones catalanas concretamente unas 550.000 firmas, estas sí, fueron validadas como tales en el año 1998. En fin, que aprendan un poquito los del PP y menos discursos al populacho!
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