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En lo que va de año los piratas somalíes han llevado a cabo más de 300 ataques contra barcos de todo el mundo. Y, precisamente ahora, el Alakrana es uno más de prácticamente una docena de barcos de diferentes naciones que se encuentra bajo situación de secuestro con un número de víctimas bajo control de los piratas de varios centenares de marineros. Y, mira por dónde, el único país que ha decidido traerse a dos piratas capturados, durante el proceso mismo del secuestro y la negociación, para ser juzgados en su país, es España.

Ya con ocasión del secuestro del pesquero Playa de Baquio se planteó esa posibilidad, pero los piratas capturados en aquella oportunidad, en virtud de las normas y convenios de la operación de la Unión Europea llamada Atalanta, fueron entregados a Kenia para su enjuiciamiento en ese país.

El procedimiento judicial sobre el secuestro del Alakrana podía haber arrancado, formalmente, desde el momento del secuestro del atunero español. Es decir, el viernes 2 de octubre. El juez de guardia, Baltasar Garzón, podía haber abierto, como suele pasar, diligencias previas de oficio. Pero no lo hizo. Porque existía, precisamente, el antecedente del pesquero Playa de Bakio y los problemas jurisdiccionales que condujeron a la entrega de aquellos piratas a Kenia.

Las sugerencias políticas, por así decir, para que el juez Garzón abriera diligencias no fructificaron. Pero si el juez hubiera contado con una denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional estaba obligado a abrir esas diligencias. El problema es que tampoco la Fiscalía, a la luz de la experiencia del Playa de Bakio, presentó denuncia y decidió esperar a una clarificación de los hechos antes de presentarla. La reciente experiencia le indicaba a la Fiscalía que judicializar el secuestro era una decisión que podía tener un coste y, además, de una difícil marcha atrás.

La noche del sábado 3, la fragata Canarias detuvo a dos piratas que abandonaron el Alkrana, después de obtener la autorización del Gobierno. Defensa difunde las fotos de la operación. Todavía no había procedimiento judicial. Tanto la actitud cautelosa de la Fiscalía como del propio juez llevó finalmente al Ministerio de Defensa a actuar. Y a través del abogado del Estado presentó la denuncia del secuestro el domingo 4 de noviembre. Pero he aquí que el abogado del Estado y el Ministerio de Defensa a través de él, nada dicen en su denuncia de las detenciones practicadas el día anterior.

Ese domingo, el Gobierno, después de varias consultas, cree que es necesario transmitir un mensaje de contundencia a las familias de los 16 españoles a bordo del Alakrana y una actitud de dureza ante los piratas. La vicepresidenta segunda, María Teresa Fernández de la Vega, mantiene contactos entre otros con el presidente del gobierno vasco, Patxi López. La situación del Alakrana, barco de una empresa vasca, le preocupa. López insta a la vicepresidenta a dar un mensaje de autoridad.

El juez Garzón abre ese domingo 4, ante la denuncia de Defensa, diligencias previas. Y después de abiertas esas diligencias, según fuentes consultadas, la fragata Canarias envía un fax al juzgado de la Audiencia Nacional en el que da cuenta de las detenciones producidas. A continuación, el juez solicita el preceptivo informe a la fiscalía de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, todavía escaldada por la experiencia del Playa de Bakio, estudia a fondo la situación. Hay bases para ejercer la jurisdicción, porque a diferencia del caso anterior, el Alakrana está fuera de la zona de seguridad. Además, el barco es propiedad de una empresa española y hay víctimas españolas.

La Fiscalía hace llegar al Ministerio de Justicia, antes de presentar su informe al juez, las dificultades que se abren a partir de la judicialización del caso. Se puede ejercer la jurisdicción, sí. Pero no es una obligación. Es una opción. Y al elegir esta opción hay que saber que ello puede atar las manos de cara a la negociación con los piratas.

Pero el Gobierno, según se lo transmite la vicepresidenta segunda al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha optado por el golpe de autoridad. Los detenidos deben ser juzgados en España. Aquello que no fue posible en el caso del Playa de Bakio lo será en el caso del Alakrana.

En su informe, la Fiscalía de la Audiencia Nacional señala, precisamente, que el secuestro del barco y la detención de los dos piratas se ha producido fuera de la zona de seguridad de la misión Atalanta, la operación de la Unión Europea, por lo que no es de aplicación el acuerdo firmado con Kenia, que en mayo pasado había llevado a la entrega a dicho país de siete piratas somalíes detenidos por militares españoles. El juez Garzón ordena, pues, traer a los piratas.

Los militares españoles practican la detención, el Gobierno opta por el enjuiciamiento en España -esta vez sí- de los dos piratas detenidos en España como un golpe de autoridad. El cambio de negociador de parte de los piratas -la desautorización del primer representante de los piratas- coloca el envío de los piratas a Somalia en una reivindicación al mismo nivel que el rescate económico. El Gobierno se da cuenta de que ha cometido un error estratégico con el golpe de autoridad.

Pero ni la judicatura ni la fiscalía pueden ayudar a consumar una chapuza. Los piratas tendrán que ser juzgados en España y casi como si se tratase de un asunto penitenciario podrán ser enviados a cumplir condena a Somalia, previo apaño de un convenio con dicho país.