Más control, más penas y más transparencia
Los expertos coinciden en la necesidad de negociar un gran pacto de Estado para hacer frente a la corrupción y evitar el deterioro de las instituciones
Miembros de una plataforma contra la corrupción, frente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana.EFE
La corrupción es "un crimen de cálculo". La definición es de Robert Klitgaard, un reconocido experto en la materia, y en ella se apoya Fernando Jiménez, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, para asegurar que se trata de un fenómeno "muy sensible" a los cambios que se introduzcan "en los incentivos" que lo alimentan. Dicho de otro modo: en contra de la creencia popular, existen procedimientos eficaces a la hora de combatir la corrupción política.
Manuel Villoria, profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del comité de dirección de Transparencia Internacional (TI), sostiene que la corrupción puede y debe ser reducida "a unos niveles donde sea excepcional". Para conseguir ese objetivo, tanto TI como la práctica totalidad de los expertos consultados por Público proponen un variado conjunto de medidas, todas ellas al alcance de las instituciones.
Hay que mejorar los mecanismos de denuncia de la corrupción
En primer lugar, "preocuparse mucho más por los mecanismos preventivos" poniendo en marcha "análisis de riesgos en todas las administraciones para detectar peligros, promover la rotación de los funcionarios que ocupan puestos en áreas de riesgo" o "aplicar rigurosamente las normas sobre conflictos de intereses". TI promueve también el reforzamiento de los mecanismos de mérito e igualdad en el acceso a la Administración para favorecer "a los mejores, no los más fieles al partido", la evaluación de los empleados públicos por su desempeño y la adopción de medidas que faciliten la transparencia de todas las entidades públicas ("es urgente una Ley de Transparencia, como tienen casi todos los países europeos", subraya Villoria).
La sociedad civil, añade Felipe Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, debe tener "acceso real a toda la documentación sobre una materia". Alcaraz también propone "normas más rígidas de incompatibilidades de los cargos públicos y funcionarios", y "un seguimiento activo de Fiscalía" que imposibilite su incumplimiento.
Alcaraz y Villoria apuestan por adaptar la ley para introducir nuevos tipos penales como el enriquecimiento ilícito o la responsabilidad penal de las personas jurídicas (este último fue asumido el viernes por el Gobierno), y ampliar las penas y los periodos de prescripción (Enrique García Viñuela, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, cita expresamente los delitos de cohecho y falsedad documental). "Hay que mejorar los mecanismos de denuncia de la corrupción y proteger a los denunciantes", reclaman los consultados. "Quien denuncia con fundamento la corrupción no es un chivato, es una persona que actúa con lealtad institucional y social; es más bien un héroe que merece nuestro agradecimiento y no un villano".
Son necesarias normas para impedir fraccionar los contratos
También hay unanimidad en la necesidad de reformar la ley de financiación de los partidos políticos, si bien el acuerdo no es total acerca de si reciben dinero suficiente. Sólo Rafael Bustos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, apuesta por aumentar la asignación pública para que atienda suficientemente sus necesidades, aunque sometiendo la entrega de dinero a un estricto sistema de control. "Hay que reforzar funcionalmente los tribunales de cuentas, darles muchos más medios materiales y personales, y dotarlos de instrumentos coactivos sobre los partidos", argumenta.
Eficiencia
Otros, como Jorge F. Malem, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, creen justo lo contrario. "Es más eficiente poner coto a los gastos que aumentar la financiación, que de otro modo pareciera no tener fin. Esto implicaría a su vez una nueva forma de hacer política", asegura.
Los tribunales de cuentas deben tener más medios y competencias
Otras medidas adicionales propuestas tienen que ver con alejar las contrataciones de los políticos y con el urbanismo. En el primer apartado, Malem considera "indudable que debería haber mecanismos legales que impidieran el fraccionamiento de los montos de los contratos administrativos para evitar su control, aunque sea de difícil implementación". En el segundo, Villoria propone "cambiar todo el sistema para reducir seriamente la corrupción: por ejemplo, que haya planes regionales y de zona muy rígidos, que los propietarios no sean los que tienen que ejecutar la promoción y que se prohíban los convenios".
Rafael Vázquez, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Granada, añade una propuesta en el ámbito formativo: usar la asignatura de Educación para la Ciudadanía para fomentar los valores de transparencia y juego limpio. Vázquez subraya especialmente la conveniencia de crear "ciudadanos críticos" para combatir la corrupción entre todos y no sólo desde los tribunales.
Jiménez cree que son los políticos también los localese_SEnD los que "tienen que tomar decisiones". En contra de otras opiniones, no cree que la solución sea "limitar su papel. Lo que sí que hay que mejorar es la transparencia del proceso de toma de decisiones para asegurar que todos los intereses afectados se tienen en cuenta" y que haya "rendición de cuentas una vez tomada la decisión". El problema del gobierno local en España, asegura, no se debe a la responsabilidad exclusiva de los políticos locales. "Muchas veces los funcionarios locales también tienen gran parte de culpa (y deberían estar más profesionalizados)". Sin olvidar la "responsabilidad de otros poderes, especialmente de las Comunidades Autónomas".
Todos los expertos consultados por Público coinciden en la necesidad de que los partidos políticos afronten el problema en toda su dimensión a través de un gran pacto de Estado y no mediante soluciones parciales si se quiere de verdad evitar el riesgo de un gravísimo deterioro institucional y los efectos perniciosos del descrédito del sistema. Con la corrupción monopolizando el espacio público, la pelota está ahora en manos de los políticos.
11 Comentarios
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No creo que ellos se vayan a controlar a sí mismos: Hay demasiada ansia de poder y de dinero; ellos mismos se subvencionan a sí mismos. ¿Desde cuando la gente roba, delinque y se autocondenan?
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¿La Ley de Partidos no permite ilegalizar a todos los componentes y a todos los partidos corruptos?¡Pues vaya Ley! Y los corruptores ¿Por que no son, también ilegalizados? ¡Cosa, Cosa Nostra!
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Y devolver la pasta no sería malo. ¿No?.
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Si todo está legislado y al ciudadano no le llega el cumplimiento de la Ley persistiendo la corrupción política. Es obvio que el gobierno actual no emplea los medios necesarios, para limpiar el poder judicial, limpiar la política fiscal, limpiar las aduanas, limpiar el control del gasto público, et. etc. esto lo entienden los chicos de colegio.
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A este análisis, nada que objetar, péeero...UNA UTOPÍA, y me explico. Cargos públicos que por su situación de tener acceso a documentación privilegiada, hay muchos y eso es terreno abonado para cometer delitos, tanto de robo como de obstrucción a la acción legal de la oposición de fiscalizar al gobierno te turno. Esto, hoy en día ya resulta escandaloso. Luego está el delincuente o delincuentes que actuan entre bastidores que no cometen delitos directamente, pero encubren y protegen con todas las malas artes al que delinque directamente. También está la figura del que, con dinero público, "privatiza" el funcionamiento de entidades públicas (TV y Prensa) y lo convierte en poder ideológico de su partido. Y no quiero terminar olvidándome de la justicia tan cuestionada últimamente. Mucha tarea veo, creo que demasiada.
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la forma de acabar con la corrupcion es k cualquier ciudadano tenga acceso a las cuentas de los politicos para verlas
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Nunca habrá pacto, porque los que lo tienen que firmar, empiezan a ser corruptos desde muy jóvenes, justo cuando empiezan a medrar en política. ¿Lo entendeis?
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ESPAÑA Y SOBRETODO LA COMUNIDAD VALENCIANA TERMINA CON LA CORRUPCION O ESTA TERMINARA CON ELLA, EL GOBIERNO DEBE INTERVENIR EN CASOS GRAVES COMO CAMPS EN VALENCIA, FABRA EN CASTELLON, MATEO EN TORREVIEJA PERO QUE SON ESTOS REALMENTE SE VIVE EN EPOCAS FEUDALES CON SEÑORES CORRUPTOS QUE A SU VEZ CORROMPEN A SUS POBLADORES PARA TENER SU VOTO, ESTAMOS YA CON LA COMPRA DEL VOTO CAUTIVO QUE ES ESTO NADIE INTERVIENE NADIE HACE NADA, LOS JUECES MIRAN PARA OTRO LADO, LOS FISCALES ARCHIVAN O GUARDAN LAS CAUSAS, HAY VEREDICTOS QUE SON IRRISORIOS Y QUE HACEMOS VOLVEMOS A LA EXCLAVITUD, LOS HONESTOS NOS HACEMOS DESONESTOS O SALIMOS A LA CALLE -ESTIMO QUE ES HORA QUE EL GOBIERNO DEBE INTERVENIR SANEANDO CUENTAS, PURIFICANDO AMBIENTES MUY TENSOS, Y EXPULSANDO MAFIAS ENQUISTADAS EN LAS ALCALDIAS ETC SI REALMENTE QUEREMOS UNA ESPAÑA EUROPEA Y DIGNA DE ESPAÑOLES
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técnicos cualificados elegidos por méritos y no personal que continuamente depende de elecciones y favores
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Será difícil cambiar de mentalidad acaparadora, a políticos que no son capaces ni de crear un sistema estable de referendums a lo largo de las legislaturas para que la población se haga responsable de sus propias decisiones. Empiezas por acostumbrarte a manipular las voluntades de la población para que voten lo que tú quieres y, lo siguiente, es creerte que el dinero público también te pertenece.
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Que se modifique la LOREG y se reconozca la computabilidad del voto en blanco en igualdad de condiciones con cualquier otra opcion. Despues ya decidiran los ciudadanos cuantos y quienes se quedan fuera en cada comicio. Eso es democracia, lo demas es demagogia ¿quien controla al que controla?
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Y devolver la pasta no sería malo. ¿No?.
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