El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha impuesto una fianza de 750.000 euros al diputado madrileño Alfonso Bosch Tejedor y de 650.000 euros a la empresaria Felisa Isabel Jordán, ex administradora de tres empresas implicadas en la trama de corrupción liderada por Correa. 

Ambos están imputados por delitos de cohecho, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. De no abonar estas cantidades el juez ha ordenado que se decrete el embargo de sus bienes hasta que se complete la cifra fijada. 

El juez ha impuesto la fianza a Isabel Jordán y a Alfonso Bosch para asegurar las responsabilidades económicas derivadas de su presunta participación en el procedimiento. 

Pedreira también ha citado a declarar el próximo jueves, 26 de noviembre, a partir de las 11 horas y en calidad de imputados a los ex alcaldes de Arganda del Rey Ginés López Rodríguez, y de Boadilla del Monte, Arturo González Panero.

También en calidad de imputados y a partir de las 11 horas del viernes 4 de diciembre ha citado a declarar al ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega Alonso y al ex viceconsejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente Aguado.

La sombra del embargo no sólo pesa sobre Bosch y Jordán. Los dos diputados madrileños, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco, también imputados por el caso Gürtel, recibieron la advertencia de Pedreira de que si no pagaban sus respectivas fianzas sus bienes serían embargados.

Pedreira impuso una fianza de 750.000 euros a López Viejo y de 950.000 a Martín Vasco, imputados por los mismos delitos que Jordán y Bosch. 

Alfonso Bosch fue gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte (Madrid) y según los autos publicados era 'una persona próxima a Correa', quien le habría pagado por mediar para que la constructora Hispánica obtuviera la adjudicación del proyecto para la construcción de una ciudad deportiva en ese municipio.

Otra de las 'operaciones' de mediación para la trama de Correa que la justicia atribuye a Bosch, que pudo obtener un total de 250.572 euros por su labor, fue la adjudicación de unos locales a Rústicas MBS, propiedad del también imputado José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol YPF.

Isabel Jordán fue administradora en Easy Concept y Good and Better. Según los autos judiciales, Jordán fue la encargada de preparar el proyecto técnico y de diseño de Orange Market, la empresa filial que operaba en Valencia. Su nombre aparece en los apuntes contables de la Caja B de la trama corrupta.