La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, admitió ayer que el fraccionamiento de contratos es 'una práctica irregular'. No obstante, justificó este procedimiento empleado por las empresas de la trama Gürtel entre 2004 y 2008 para facturar un importante número de actos institucionales al Gobierno regional. 'El fraccionamiento no es algo que se vaya a prohibir ahora, ya está prohibido, lo que ocurre es que uno puede decidir si un acto entero se lo adjudica a una empresa o si se contrata con una empresa distinta el sonido o la luz', mantuvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad.

Uno de los 50 puntos de las Bases para el pacto por la transparencia y contra la corrupción, presentado el pasado fin de semana por Mariano Rajoy, líder del PP, es precisamente el de 'la adopción de medidas para evitar el fraccionamiento de los contratos mediante el abuso de los contratos menores'.

Hasta 2007, el importe máximo permitido para los contratos menores, los que no requieren concurso, era de 12.000 euros. Evitando superar esta cifra, la trama troceó las facturas. Entre los años 2004 y 2008, las Comunidad otorgó a las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la Gürtel, 342 contratos por valor superior a los tres millones.Todos ellos, menos dos, fueron adjudicados a dedo.

Preguntada en dos ocasiones, Aguirre no entró a valorar si se sentía desacreditada por el partido después de las medidas contra los contratos menores contempladas en el pacto.

Por otra parte, Aguirre vistió de normalidad que su vicepresidente, Ignacio González, adjudicase subvenciones superiores a los 500.000 euros a Fundescam, la fundación del PP madrileño, mientras era vocal de su patronato, tal y como ha informado Público.

'Las subvenciones que se conceden a las fundaciones de los partidos políticos las tiene que conceder una consejería (no precisó cuál), por eso está el señor González', señaló. Así, insistió en que el vicepresidente, como responsable de una consejería, tenía la obligación de conceder fondos a fundaciones de los partidos con representación parlamentaria.

Además intentó distanciar el episodio con el del socialista Diego López Garrido en la Fundación Alternativas, a quien el PP ha solicitado la dimisión. Aguirre, que defendió la presunción de inocencia del secretario de Estado, expuso que la principal diferencia es que este último está 'imputado por un juez'.