El niño obeso cuya tutela fue concedida el pasado 29 de octubre a la Xunta de Galicia ingresó ayer por la tarde en un centro de menores de la Administración autonómica. La familia ocultó el paradero del chico durante más de un mes, pero trabajadores de la Xunta de Galicia lo habían localizado ya en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Entonces, se avisó a los padres, que optaron por su ingreso voluntario en el centro de protección de menores.

El niño llegó al centro de A Carballeira, en Ourense, sobre las 16.00 horas, acompañado de varios de sus familiares. Está previsto que el menor, que acaba de cumplir 10 años y pesa unos 70 kilos, sea sometido a un examen médico y otro psicológico. La Conselleria de Traballo e Benestar de la Xunta, de la que depende el Departamento de Menores, insistió ayer en que actuará 'como en cualquier otra tutela asumida' por la Administración.

La Xunta deberá determinar ahora si el chico ingresa en un centro de menores o bien le busca una familia de acogida. Una de las fórmulas que se barajan es que el niño esté internado durante el día y pase las noches con sus padres.

Los servicios sociales de la Xunta siguen la evolución del menor desde 2005. Cuando tenía cinco años, pesaba 83 kilos. Por ello, los médicos del Complexo Hospitalario de Ourense trasladaron varias alertas a sus progenitores. La última de ellas se produjo el pasado agosto. Entonces el niño fue atendido en un centro sanitario por un cuadro de insuficiencia respiratoria grave, como consecuencia de su obesidad mórbida. Entonces pesaba 81,5 kilos.

La Xunta solicitó la tutela del niño después de que las advertencias a la familia sobre los riesgos que corría por su sobrepeso no surtiesen efecto. El pasado 29 de octubre un juzgado de Familia de Ourense concedió la tutela provisional a la Administración autonómica. Hasta ayer, los padres del menor se negaron a entregarlo a los servicios sociales.

Los padres han negado desde el principio que la obesidad que sufre su hijo sea fruto del desamparo. Por ello, solicitan conservar la tutela del menor y que un médico evalúe su estado cada 15 días.

A los padres se les podría imputar un delito de abandono por no cumplir con la obligación de escolarizar al niño. En el primer trimestre del curso pasado, el menor faltó 46 días a clase. Los padres declararon por este asunto el jueves pasado ante un juez y justificaron las faltas al asegurar que el niño tuvo un accidente y que la familia se desplazó a Santiago de Compostela porque su abuela tuvo que operarse.