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Garzón imputa al gestor del suelo público en Catalunya

La lista de encausados asciende a 20, incluidas las esposas de los ex dirigentes de CiU Alavedra y Prenafeta

ÁNGELES VÁZQUEZ

La operación Pretoria sigue sumando imputados. Y ya son 20. El juez Baltasar Garzón tomará declaración entre hoy y mañana a diez nuevos, entre ellos, el hasta ayer gerente del Institut Català del Sòl (Instituto Catalán del Suelo), Emili Mas Margerit, las esposas de los ex dirigentes de CiU en prisión, la madre del ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet y el ex director del Plan Metropolitano de Barcelona entre 1995 y 2004, Genís Carbó.

El auto de imputación notificado ayer va más lejos de la petición fiscal con ocho nuevos imputados, a los que hay que sumar otros tres que ya tenían esta condición pero se ignoraba. Dos de estos últimos son la esposa de Macià Alavedra, Doris Malfeito, y Philip Mc Mahan Bolich, para cuyo interrogatorio el juez ha cursado una comisión rogatoria a Andorra. Ambos fueron imputados el 30 de octubre, cuando fueron a prisión el propio Alavedra, Lluís Prenafeta, el entonces alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, el concejal de Urbanismo de esa localidad, Manuel Dobarco, y el ex diputado del PSC y principal imputado, Luis García, Luigi.

Ayer también se supo que Garzón ha fijado una fianza de 200.000 euros para que Dobarco pueda salir de prisión. Con él son ya cinco los imputados para los que se ha fijado esta garantía con distintas cuantías.

El otro de los tres antiguos imputados que también se sumó a la lista ayer es Manuel Valera, administrador solidario de Niesma Corporació, la empresa de Luigi, a través de la que se realizó la llamada operación Niesma. Valera prestó declaración como imputado en el Juzgado Central de Instrucción número 5 el 24 de mayo de 2006, 'por los mismos hechos objeto de investigación en la presente causa', señala el auto de imputación al que tuvo acceso Público.

Emili Mas facilitó las relaciones de García, Alavedra y Prenafeta en dos operaciones

Entre los ocho nuevos imputados destaca Emili Mas Margerit. El ya ex gerente del Institut Català do Sòl mantuvo 'en el periodo objeto de investigación una fluida relación con Luis García' por 'cuestiones urbanísticas e inmobiliarias, muchas de ellas referentes a Santa Coloma'.

Cuando se conoció su relación con la trama de corrupción, la Generalitat salió en su defensa, pero el último auto le acusa de actividades prohibidas a funcionario público. Afirma que como vicepresidente de Marina Badalona desempeñó 'un papel relevante para facilitar las relaciones e influencias de García, Alavedra y Prenafeta en dos operaciones, una en Cerdanyola del Vallès y otra en El Prat de Llobregat'.

Consta, además, su intervención con García y Muñoz en la operación Ciba 3 en Santa Coloma. Pese a ser funcionario de Incasol, emitió un informe, como asesor externo del Ayuntamiento, que informaba en contra de una adjudicación, que se encargó a Gramepark. El consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz i Sabido, que también es consejero de la empresa BBW y al que se considera una persona muy próxima a Luigi, también ha sido imputado.

En cuanto a Genís Carbó, ex director del Plan Metropolitano de Barcelona, Garzón afirma que recibió 244.000 euros de Niesma Corporació por dar 'cobertura legal a las posibles influencias favorables' a dicha operación, en la que se compraron unos terrenos en San Andreu de Llavaneres que se vendieron 22 meses después, una vez modificado el plan de urbanismo para aumentar la edificabilidad.

El alcalde de Sant Andreu de Llavaneres en la legislatura 2003-2007, Víctor Ros, del PP, y el concejal de Urbanismo entonces, Antonio Jiménez, también están imputados por su participación en la operación Niesma, con la que se favoreció a imputados en perjuicio del Ayuntamiento.

El juez ha dejado en libertad a Manuel Dobarco con fianza de 200.000 euros

Dos de los nuevos imputados están relacionados con Santa Coloma: Lluis Falcón, arquitecto municipal y uno de los que intervino en la operación Pallaresa, por la que las arcas municipales dejaron de ingresar 13 millones de euros; y la madre del ex alcalde Muñoz, Josefina Calvet. Intervino con Manuel Valera en nombre de sus hijos como representante legal de Zellingen Gestión Inmobiliaria, adquirida por Luis García.

Según el auto, Calvet y Muñoz o 'personas por su orden' fueron beneficiados en un millón de euros. Coincidió en el tiempo con el pago de comisiones por la operación Badalona por parte de Espais de la que es presidente el imputado Luis Catatmijana, y otras empresas.

De Lluisa Mas, Garzón dice que ayudó a Prenafeta a 'purificar los beneficios' ilícitos y fue administradora de Poliafers, la empresa que canalizaba las comisiones cobradas por su marido.

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