La criminalización de las descargas en la Red se está imponiendo entre los gobernantes de los distintos países y, en todos ellos, el intento de ponerle coto a Internet los está enfrentando con los usuarios de la misma. Países como España, Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos están encabezando esta tendencia y tienen, o están en vías de hacerlo, una legislación específica para tratar de acabar con ellas.

En Francia, los primeros avisos administrativos de corte de suministro de internet a quienes se descarguen 'ilegalmente'  contenidos protegidos por derechos de autor comenzarán a enviarse a principios de 2010.

Se aplicarán así las disposiciones de la conocida como Ley Hadopi (acrónimo francés que corresponde a la nueva Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos en Internet). La ley otorga a los magistrados la potestad de autorizar la suspensión del acceso a internet a las personas titulares de una línea desde la que se efectúen descargas ilegales repetidamente y después de haber sido advertidos de ello.

El Consejo Constitucional, sin embargo, rechazó que sean los jueces quienes establezcan la cuantía de los daños y perjuicios para los titulares de los derechos de propiedad intelectual porque consideró que eso le corresponde precisarlo al poder legislativo. El mismo organismo había rechazado anteriormente que fuera una una autoridad administrativa la que cortase el acceso a internet, sino que debía ser un juez el que determinase esa sanción.

 Los usuarios británicos de internet que reincidan en las descargas ilegales serán desconectados de la red, según anunció el ministro de Empresa, Peter Mandelson el pasado 28 de octubre.

Mandelson aseguró que se está estudiando introducir una medida similar a la aprobada en Francia. El ministro dijo que se tratará de una medida que se aplicará como última alternativa y que sólo entrará en vigor una vez que los 'piratas' hayan recibido previamente dos cartas de advertencia.  'No espero que se produzcan suspensiones masivas del servicio.

La gente recibirá dos notificaciones y si se llega al punto de desconectarles de la red tendrán la oportunidad de recurrir', dijo.

Frente a esta medida coercitiva, Mandelson aseguró que el plan del Gobierno para frenar la piratería incluye también introducir una legislación menos estricta en materia de copyright, sobre todo si el material descargado se utiliza únicamente en el ámbito privado.

Mandelson recordó que las industrias relacionadas con los derechos de autor dan empleo en el Reino Unido a 2 millones de personas y que generan anualmente unos 16.000 millones de libras (17.670 millones de euros o 26.125 millones de dólares).

Sólo una de cada 20 canciones que se descargan en el Reino Unido se bajan de manera legal.

En Alemania se encuentra pendiente de aprobación una ley para obligar a los proveedores de internet a bloquear las páginas web de contenidos pornográficos infantiles y pederastas. Es la única ley en proceso de aprobación en Alemania que contempla el cierre de páginas web.

Tras su aprobación parlamentaria, el presidente federal, Horst Köhler, rechazó firmar la ley debido a que su contenido redaccional puede atentar contra la Constitución y podría ser denunciada ante la máxima instancia judicial alemana.

La ley prevé que la creación de una oficina de vigilancia y control policial que controlaría Internet y entregaría a los proveedores  listas con las web que deben ser bloqueadas.

Estados Unidos cuenta desde hace unos años con una unidad especializada en delitos cibernéticos dentro del FBI (Oficina Federal de Investigaciones), que se ha convertido en uno de los más activos del mundo en esta materia.

Esta unidad tiene capacidad para cerrar una website si detecta que está cometiendo algún delito, aunque siempre en colaboración con la Fiscalía (Departamento de Justicia) o mediante una orden judicial.

Los principales delitos que se detectan son la difusión maliciosa de virus informáticos, la pornografía infantil o pederastia, los delitos contra la propiedad intelectual, los ataques contra la seguridad nacional, la actividad de entidades de crimen organizado y el fraude por internet.

En el 2008, el último del que se poseen datos, las autoridades recibieron 275.284 denuncias por actividades online, un 33 por ciento más que el año anterior. La mayor parte de las denuncias implicaban una pérdida económica para el denunciante. En total se calcula que los casos de fraude supusieron unas pérdidas de 264,6 millones de dólares, lo que supone una media de 931 dólares por denunciante.