Para una persona dependiente del País Valenciano o de Canarias es mucho más arduo recibir las ayudas que establece la Ley de Dependencia que si viviera, por ejemplo, en el País Vasco. Es la conclusión a la que ha llegado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que este fin de semana se ha reunido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) para evaluar la implantación de la norma y puntuar las actuaciones de las autonomías.

El País Valenciano y Canarias obtienen una puntuación de apenas un 0,5 sobre 10. Y otras cuatro comunidades también suspenden: Murcia obtiene un 1; Madrid, un 2; Baleares, un 3, y Extremadura, un 4. Además, Ceuta y Melilla donde el Imserso gestiona la aplicación de la Ley de Dependencia sólo obtienen un 4,5.

Es la cuarta ocasión en que el Observatorio de la Dependencia, formado por miembros de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, elabora un dictamen sobre la implantación de la Ley de Dependencia. Mañana se cumplirán tres años de su aprobación. La norma entró en vigor el 1 de enero de 2010.

Las autonomías que mejor aplican la norma son Andalucía, Castilla-La Mancha y el País Vasco, que tienen una puntuación de 8. La Rioja y Castilla y León reciben un 7,5; Aragón y Navarra, un 7; Cantabria, un 6,5; y Catalunya, Galicia y Asturias aprueban justo, con un 5.

Para puntuar la labor de las autonomías han tenido en cuenta parámetros como el número de solicitudes sobre el total de la población de cada territorio, las personas con derecho reconocido pero pendientes de recibir la prestación, el equilibrio entre prestaciones económicas y servicios, y la aportación económica de las autonomías.

El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, destaca que 'las comunidades que han integrado la dependencia en su red de Servicios Sociales [otro de los parámetros que se han evaluado] y que han contado con las entidades locales de su territorio tienen mejores resultados que las que optan por modelos de gestión centralizados'.

El estudio del Observatorio de la Dependencia también denuncia la diferencia abismal entre las cantidades que aportan las autonomías a financiar la ley. Ramírez incluso apunta que Canarias 'podría estar generando ingresos extraordinarios' ya que, explica, recibe dinero para aplicar la Ley y luego no lo destina a ello.

El Estado aporta a las autonomías una cantidad de dinero por cada dependiente que hayan evaluado. Otra cosa es que el dependiente esté recibiendo la ayuda que le pertenece. De las 717.044 personas con derecho a una ayuda, 253.71 aún no la reciben.

El informe también insiste en que dos de cada tres ayudas son económicas, para el cuidador familiar, cuando la Ley estableció que estas debían ser excepcionales. Pese a las críticas, Ramírez apunta que 'en la mayor parte de las autonomías se constata como el Sistema se va consolidando, una vez superadas las dificultades de su fase inicial'.