El denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), que agrupa a la mayoría de los reclusos de ETA, irrumpió ayer en el debate que mantiene la izquierda abertzale radical en torno al uso de la violencia apostando por la línea dura y anunciando acciones de protesta como huelgas de hambre en las prisiones.

La organización expulsó además de sus filas a cuatro miembros de la banda que cumplen sus penas en distintas cárceles españolas y a otro condenado por kale borroka. El colectivo indica que, 'tras actuar fuera de la disciplina y protección' del EPPK, Iñaki Rekarte, Balentin Lasarte, Esteban Murillo, Jorge Urruñuela y Andoni Muñoz 'actuarán y hablarán a partir de ahora en su propio nombre'.

Los presos de ETA que se integran en el colectivo deben acatar las directrices de la organización y participar en los actos de protesta que se organizan en el interior de las cárceles. Entre estas iniciativas se englobarían los encierros en las celdas, las renuncias puntuales a las comidas y las concentraciones en los patios. El EPPK no les permite incorporarse a las actividades orientadas a la reinserción porque supone admitir la autoridad de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

En el caso concreto de Lasarte, condenado por asesinar al ex concejal del PP de San Sebastián Gregorio Ordóñez, la desvinvulación se habría producido porque el recluso aceptó un empleo en el economato de la cárcel de Villabona (Asturias) donde cumple condena.

Los cinco etarras expulsados corrieron la misma suerte que otros miembros de la organización como José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, Francisco Mujika Garmendia, Pakito, o Iñaki Arakama Mendia, Makario, apartados del colectivo de presos etarras por razones similares.

En este nuevo comunicado, la organización radicaliza su discurso. En el texto que publicó ayer el diario Gara el colectivo advierte de la puesta en marcha, este mismo mes, de una 'nueva dinámica de lucha'. El colectivo de presos de ETA contempla llevar a cabo desde ayer, 'acciones de diferente tipo, encierros y huelgas de hambre' para exigir el fin de la 'opresión general contra Euskal Herria', y para subrayar la 'inutilidad de la represión, la política penitenciaria y la cadena perpetua'.

Los presos de la banda terro-rista muestran la necesidad de poner en marcha 'un proceso democrático que cambie la situación política general' de Euskadi, y a la vez, exigen la amnistía y el fin de la política de dispersión para 'acabar con la violación sistemática de los derechos de los presos políticos vascos'.

Y para la consecución de todos sus objetivos exigen al Gobierno y a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias varias medidas concretas. Los reclusos solicitan la puesta en libertad de los presos que hayan cumplido la integridad de las penas impuestas en su momento, de los que se encuentran 'en los plazos de la libertad condicional', y de los penados enfermos. Asimismo, piden que los miembros de la organización terrorista que estén cumpliendo su pena en prisiones en las que no haya otros integrantes del colectivo sean trasladados a otros centros penitenciarios para que 'puedan juntarse con otros miembros'.

Los sindicatos policiales achacaron el anuncio de los presos de ETA sobre el inicio de una fase de protestas como un síntoma de que la banda busca recuperar el control de su frente de presos tras numerosas disensiones internas.

El comunicado llega en mitad del debate que lleva a cabo la izquierda abertzale radical desde hace varios meses sobre el uso de la violencia. En un documento hecho público el domingo por simpatizantes independentistas, estos reiteraron su compromiso con el documento de Alsasua, que propone iniciar 'un proceso democrático que tenga como base la palabra y la decisión de la ciudadanía vasca' y que se desarrolle 'sin ninguna violencia ni injerencia externa'.

Pero de momento son pocos los que confían en que estas tesis puedan ser respaldadas por la dirección de ETA. Ayer mismo, el ex presidente del PNV, Xabier Arzalluz, explicaba en una entrevista en Gara que considera 'muy difícil' que el sector favorable al fin de la actividad terrorista de la banda se imponga en el debate abierto en el seno de la izquierda abertzale.

Con el mismo pesimismo se manifestó el portavoz del PSE en el Parlamento vasco, José Antonio Pastor. 'No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que oímos discursos parecidos por parte de ese mundo y todos han acabado, al final, en manos del señor de la pistola, que es quien tenía la última decisión', afirmó el dirigente socialista.

Desde el PP vasco, su portavoz Lepoldo Barreda, afirmó que, 'quien quiera abandonar el paraguas de ETA, salir de la dirección de ETA en el mundo de Batasuna, lo que tiene que hacer es simplemente tomar la decisión y anunciarlo'. Barreda también abogó por tomar con precaución 'los anuncios de carácter especulativo, lo que son anuncios hechos por una parte o por otra'.

La manifestación que el pasado sábado secundaron miles de vascos en Bilbao exigiendo el fin de la dispersión de los presos sigue estando en el centro del debate entre nacionalistas y no nacionalistas en Euskadi.

Tras las críticas de PP y PSOE a la marcha, convocada por EA, Alternatiba, los principales sindicatos vascos y Aralar, el secretario general de esta última organización, Patxi Zabaleta, quiso desvincular la movilización del conflicto político. 'Nosotros estamos por las personas, porque todas tienen unos derechos, sean presos o no y estén o no involucrados en una organización', indicó.