El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota ha pedido al juez Baltasar Garzón que procese al dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi y al secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, como dirigentes de la organización terrorista ETA. Para los otros siete arrestados en la operación que se desarrolló contra la izquierda abertzale el pasado mes de octubre, la Fiscalía solicita la misma medida, pero en la condición de meros integrantes.

Garzón acusó a todos ellos entonces de crear un 'referente político', un frente soberanista, supeditado a las órdenes de ETA, que pretendía engañar con 'treguas encubiertas' a los agentes sociales y políticos del País Vasco.

El fiscal sostiene que existen suficientes indicios de criminalidad para dictar ya el auto de procesamiento de Otegi y Usabiaga, pero también el de Rufino Etxeberria, Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta (hija del coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta), Sonia Jacinto, Amaia Esnal, José Luis Moreno y José Manuel Serra. La única detenida en octubre para la que no solicita esta medida es Amaia Oiz, que fue arrestada cuando trataba de llevarse documentos de casa de Miren Zabaleta.

A juicio del Ministerio Público, los nueve para los que solicita el procesamiento constituyen 'un grupo, Bateragune, que actúa en el entramado del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) con funciones de dirección política del entramado'. Esa estructura era la encargada de desarrollar una estrategia de 'combinación criminal de votos y bombas', para la que se utilizaban 'parones en la lucha armada', con el objetivo de facilitar 'los contactos y aproximaciones con formaciones o agentes políticos y sociales soberanistas o independentistas que se muestran contrarios a la violencia'.

Las pruebas que utiliza el fiscal para relacionar a los todavía imputados con Bateragune son la rueda de prensa que ofrecieron el pasado 16 de marzo para presentar la nueva comisión de coordinación de la izquierda abertzale, así como las reuniones mantenidas en la sede del sindicato LAB que utilizaban como base de operaciones, los desplazamientos a Francia para contactar con responsables de ETA y los documentos y cartas intervenidas. Precisamente estas misivas son las 'que permiten señalar según el Ministerio Público a Rafael Díez Usabiaga y Arnaldo Otegi como dirigentes de dicho grupo'.

En el auto en el que Garzón envió a prisión a cinco de los diez detenidos en octubre se afirmaba que el objetivo del ente al frente de la izquierda abertzale es 'promover un proceso de convergencia soberanista'. El problema es que, según el juez, ' a pesar de su carácter político, responde a una decisión previa de ETA y se enmarca en un proyecto de carácter político-militar, que contempla campañas de violencia terrorista a ejecutar por ETA'. Por si quedaba alguna duda, el auto añadía: 'Es decir, no existe autonomía alguna de las iniciativas de Bateragune respecto de ETA por la simple razón de que se incluye en esta'.

Con sus contactos con otras formaciones, como Eusko Alkartasuna, Bateragune pretende superar al PNV para ser el referente de cara a una negociación con el Estado español. Para ello contaban con que el mero hecho de volver a concurrir a las elecciones 'generará una tremenda ilusión' en sus bases en detrimento de otras fuerzas.

La resolución hacía hincapié en la preocupación con la que ETA vivió que, en las elecciones al Parlamento Europeo del pasado mes de junio, Bateragune concurriera con Iniciativa Internacionalista y no con Eusko Alkartasuna, que era el objetivo de la banda.

Otegi tiene todavía pendientes varias causas en la Audiencia Nacional, y el próximo día 27 será juzgado por un delito de enaltecimiento del terrorismo por el homenaje dispensado a José María Sagarduy, el preso de ETA que más tiempo lleva en prisión. La Fiscalía pide 18 meses de prisión.